“El Decreto Nacional N° 702/18 es una norma regresiva, que colisiona de lleno con el principio de progresividad, en cuanto significa un retroceso en la adquisición y consolidación de derechos, especialmente por parte de los sectores más vulnerables, a la vez que compromete la responsabilidad internacional del Estado Argentino, ante el claro incumplimiento de los Pactos Internacionales. Por ello los Defensores y Defensoras del pueblo de la Patagonia, expresamos nuestro rechazo al Decreto N° 702/18 e instamos al Poder Ejecutivo Nacional a reconsiderar la medida adoptada, en virtud que la misma afecta a unos de los sectores más débiles de la sociedad -tal es el caso de los niños, niñas y adolescentes- y teniendo en cuenta las particularidades objetivas de los lugares que habitan”.
Así se manifestó en una Declaración emitida por Defensores y Defensoras del Pueblo de la Patagonia.
Este pronunciamiento está suscripto por los representantes de Defensorías del Pueblo de la Patagonia Argentina: Adriana Santagati, Defensora del Pueblo de Río Negro; Beatriz Oñate, Defensora del Pueblo de Bariloche (RN); María Belén Aragón, Defensora del Pueblo de Zapala (Neuquén); María Judith Michalczeski, Defensora del Pueblo de San Antonio Oeste (RN); Carlos Fernando Bravo, Defensor del Pueblo de San Martín de los Andes (N); Ricardo Riva, Defensor del Pueblo de la ciudad de Neuquén; Andrés Peralta, Defensor del Pueblo de Centenario (N) y Héctor Omar Simionati, Defensor del Pueblo de la Provincia del Chubut.
La Declaración Patagónica
“¿Los niños, niñas y adolescentes patagónicos tienen iguales oportunidades que los del resto del país?. ¿Por qué motivo, según datos del INDEC, la región sur del país tiene una densidad poblacional global de 10,2 hab./km2?. ¿A qué se debe que Río Negro tenga 3.1 hab./km2, Neuquén 5.9 hab./km2 y Chubut 2.3 hab./km2?. ¿Es casual que la población se concentre en zonas de climas más amigables y no en aquellas de clima hostil?.
Los Defensores y Defensoras del pueblo de la Patagonia venimos resaltando que estos no son datos casuales. Lo que sí existe es causalidad y coincidencias comunes en la región. La topografía, las condiciones ambientales y climatológicas y las posibilidades de desarrollo productivo determinan una distribución territorial desequilibrada, tanto en el emplazamiento de la población como en su crecimiento económico. La primera responsabilidad del Estado es intentar compensar esos desequilibrios.
El Decreto del Poder Ejecutivo N° 702/18 regula las asignaciones familiares del sector formal privado y el estatal nacional, quitando beneficios a las personas más vulnerables que habitan las zonas más inhóspitas de nuestro país, como ocurre con la Patagonia.
La norma dispone la elevación del piso mínimo de ingresos para ser beneficiario y disminuye su monto máximo con el mismo fin, pero además elimina las diferencias que existían por zonas desfavorables, exceptuando a las personas con discapacidad.
De esta forma, la Patagonia es equiparada con cualquier región del centro del país, argumentándose para ello sobre la necesidad de impulsar políticas públicas destinadas a lograr equidad y solidaridad social. Sus impulsores declaran que el objetivo es una cobertura “pareja para todos”, que la distinción por región no tiene un criterio de lugares con mayores niveles de
pobreza y que es lo mismo un chico de La Matanza, que uno de Tucumán o del Sur del país.
¿Desconoce acaso el Poder Ejecutivo Nacional lo que significa vivir en la Patagonia?. Vivir en el sur equivale a distancias. Significa recorrer cientos de kilómetros para acceder a centros de salud de alta complejidad; que los insumos, alimentos y medicamentos deban recorrer cientos y miles de kilómetros de transporte, aumentando los costos de todos ellos y haciendo
que la accesibilidad no sea igual que en los grandes centros urbanos.
Significa también vivir con rigurosos inviernos, temperaturas mínimas que alcanzan los -25°C e inviernos que se extienden de marzo a diciembre. Ser niño, niña o adolescente en el sur de nuestro país significa crecer en un contexto de objetivas dificultades que demanda a las familias un altísimo costo para morigerar sus efectos.
Intentar equiparar a los niños, niñas y adolescentes patagónicos con los del resto del país no sólo es negar la realidad en la que viven, sino violentar el derecho a la igualdad de oportunidades. Paradójicamente, donde el Estado debe asistir con políticas públicas que garanticen la real equidad a los habitantes de nuestro país en general y a los sectores vulnerables en particular, el Poder Ejecutivo Nacional profundiza las desigualdades de base con el dictado de un decreto.
En definitiva, reducir el gasto público y achicar el déficit fiscal a costa de agravar la situación de los sectores más vulnerables no es una opción que nuestra Constitución admita.
El Decreto Nacional N° 702/18 es una norma regresiva, que colisiona de lleno con el principio de progresividad, en cuanto significa un retroceso en la adquisición y consolidación de derechos, especialmente por parte de los sectores más vulnerables.
