La detención de cinco personas en flagrancia fue resultado de una extensa investigación que lleva adelante la Fiscalía de la Comarca con la Comisaría de El Maitén y la Brigada de investigaciones. Los imputados fueron aprehendidos cuando trasladaban en un vehículo seis corderos vivos, con sus patas atadas. El hecho fue calificado como abigeato agravado. El fiscal Oscar Oro dio a conocer indicios de que los imputados conformaría una organización para la sustracción, faenamiento y comercialización de animales robados.
La investigación lleva algunos meses en los que se realizaron diferentes medidas. Esto permitió a los investigadores, enterarse de que los imputados se reunirían el lunes en El Bolsón, uno de ellos llegaría de Bariloche, y desde allí se dirigirían por la Ruta 40 hacia el sur para sustraer ganado. Prepararon un retén en la ruta a la altura de El Hoyo y de ese modo los capturaron a su regreso, pasada la medianoche, con los corderos aún vivos. Según el fiscal, planificaban sustraer entre 60 y 70 corderos, si conseguían una trafick.
Oro solicitó la apertura de la investigación por el delito descubierto en flagrancia, abigeato agravado. Al momento de fundamentar la necesidad de cautelar el proceso con el dictado de prisión preventiva para los cinco imputados, dio más detalles. Fue entonces cuando se refirió a que hay elementos para considerar que se trata de una organización creada para sustraer, faenar y comercializar ganado.
Luego de la detención fueron autorizados varios allanamientos. En ellos se secuestraron vehículos, Handy, teléfonos celulares, elementos para el faenamiento y corte, municiones, entre otros objetos.
En la audiencia intervino Bruno Deias por la Defensa Pública. Negó los hechos y rechazó la imposición de prisión preventiva. Sostuvo que quedan muchas dudas respecto de cómo ocurrieron los hechos y que no fueron claramente fundados los peligros procesales. Ofreció, en caso de considerar el juez que es necesario cautelar el proceso, que los imputados se presenten periódicamente en comisaría.
El juez Martín O’ Connor consideró que hay elementos de convicción suficientes para el hecho por el que están siendo imputados. También ponderó que no pude valorar en contra de los imputados, evidencias que el fiscal no consideró suficientes para formalizar la investigación por esos delitos, por caso el de asociación ilícita.
A criterio del magistrado no se acreditó debidamente el peligro de fuga, pero si es posible vislumbrar el peligro de entorpecimiento teniendo en cuenta los numerosos allanamientos realizados en las últimas horas, los que podrían dar pie a nuevos procedimientos. Los imputados en libertad podrían ocultar o modificar evidencias. “Estas medidas de prueba, más allá del hecho puntual por el que se formalizó la investigación, esos elementos podrían aportar a otros hechos con ramificaciones, también con otras calificaciones jurídicas”, observó el juez. “Si ordenara la libertad en el día de la fecha existiría un gran riesgo de entorpecimiento procesal”, añadió. El magistrado encontró evidente que todas estas medidas de investigación no pueden ser cauteladas con una medida menos gravosa. Sin embargo el plazo de 30 días requerido por Oro le pareció excesivo para cautelar el riesgo que se fundamentó, por lo que dispuso la medida por diez días, luego de los cuales el fiscal podría fundamentar la necesidad de extenderla o sustituirla por alguna otra medida.