La Cámara Federal de Casación de Argentina quedó habilitada para resolver la situación de la expresidenta y senadora Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), procesada en la causa «de los cuadernos» que investiga si se pagaron coimas durante su Gobierno a cambio de contratos de obra pública.
«Casación deberá definirse sobre los recursos de las defensas», informaron fuentes judiciales consultadas por Sputnik.
El máximo tribunal penal del país también se pronunciará sobre el caso de otros procesados en el expediente, como el detenido exministro de Planificación Julio de Vido.
También decidirá la situación Gerardo Ferreyra, dueño de Eletroingeniería, único empresario detenido en prisión.
En segunda instancia, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal aceptó los planteos que presentaron las defensas de la exmandataria, del exministro De Vido, y de su colaborador Roberto Baratta, que se encuentran en prisión preventiva.
En una resolución del pasado 11 de enero pero dada a conocer ahora, la denominada Cámara Federal también aceptó el reclamo de otros cuatro exfuncionarios detenidos de manera preventiva.
En cambio, el tribunal no aceptó los recursos de casación presentados por las defensas de algunos empresarios procesados, como Ángelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri y extitular de la empresa de construcción; Enrique Pescarmona, del grupo Pescarmona y Luis Bentazza, de la constructora Techint.
Su situación procesal, no obstante, quedó en mejor situación después de que la Cámara Federal les quitara la figura de la asociación ilícita.
En paralelo, el tribunal sí aceptó los recursos de varios empresarios arrepentidos que admitieron haber pagado sobornos como representantes de Electroingeniería, Iecsa, Techint y Pescarmona, por lo que fueron procesados como partícipes de cohecho.
El pasado 20 de diciembre, la Cámara Federal confirmó el procesamiento con prisión preventiva para Fernández de Kirchner por ser la presunta responsable de una red de sobornos montada entre el Estado y las principales empresas del país, por lo que fue procesada como jefa de una asociación ilícita.
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El expediente judicial se originó en las declaraciones de la esposa de un chófer, Oscar Centeno, quien trabajaba para Roberto Baratta, estrecho colaborador del exministro de Planificación.
Centeno asentó en cuadernos escolares la bitácora de los viajes que hacía para Baratta, en la que incluyó detalles sobre el intercambio de valijas y bolsos con dinero entre altos empresarios argentinos y funcionarios de las administraciones de Néstor Kirchner (2003-2007) y de Fernández. De esos cuadernos solo se han encontrado fotocopias y el chófer asegura que quemó los originales.
Una veintena de empresarios declararon como arrepentidos y reconocieron que pagaban sobornos para conseguir contratos de obra pública durante las tres administraciones.
La investigación fue posible luego de la aprobación de la ley del arrepentido, que permite beneficios penales a los acusados que contribuyan con la justicia.
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La Cámara Federal también confirmó el procesamiento de Centeno, quien también declaró como arrepentido.
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