El titular de la cartera sanitaria chubutense, Adrián Pizzi, acompañado por el director asociado del Área Programática Esquel, Jorge Elías, mantuvo en la jornada del jueves una reunión con los fiscales María Bottini y Ezequiel Forti, a quienes presentó formalmente una denuncia por el riesgo al interés colectivo a la salud pública.
Por su parte, los fiscales mencionados pidieron al Juez una medida de protección a la comunidad ordenando judicialmente a las personas que cumplan con el aislamiento respiratorio indicado por el Ministerio de Salud, en sus respectivos domicilios por espacio de 30 días.
En la jornada del viernes, María Bottini y Ezequiel Forti, convocaron a una conferencia de prensa para dar a conocer más detalles de dicho encuentro.
«Nos informaron sobre la situación del brote de Hantavirus y las medidas sanitarias para frenar la propagación. Además, formalizaron una denuncia en la cual ponían en conocimiento que, existe una medida de aislamiento selectivo respiratorio en personas que han tenido contacto estrecho con casos positivos. Existía gente que no estaba cumpliendo con este aislamiento, generando un riesgo para la salud pública»; detalla la Fiscal Bottini, quien además agrega que ante esta situación y luego de analizar la realidad junto a un equipo de trabajo en Fiscalía, «estamos habilitados para actuar; ya que esto está encuadrado en un delito penal (Art. 205 C.P.), con una pena de entre 6 meses y 2 años de prisión para la personas que violen las medidas sanitarias para evitar la propagación».
En este marco, se le solicitó al Juez Zacchino que se ordene judicialmente la medida de Aislamiento Selectivo Respiratorio con dos ejes fundamentales:
1) Las personas deberán permanecer en sus domicilios durante 30 días, cumpliendo con las medidas sanitarias que se dispongan desde el Ministerio de la Salud.
«Se busca evitar que el brote siga avanzando»
2) Indicar a los Ministerios de Salud, Gobierno y Familia que cubran las necesidades alimentarias sociales que se generen a través de este aislamiento.
Los Ministerios ya fueron notificados y también se cuenta con la colaboración del personal de la Jefatura de Policía, según agrega Bottini.
Por otro lado, el Fiscal Ezequiel Forti afirmó que «no solo está en riesgo la salud pública, sino también la vida de las personas; por lo tanto el Ministerio Público sale en defensa de esos intereses colectivos».
En este contexto, también agregó que «avalamos esta decisión para que se cumpla obligatoriamente» y posteriormente detalló las consecuencias por incumplimiento o desacato a esta medida: «esta persona no solo infringiría el Artículo 205 del Código Penal, sino además tendría el delito de desobediencia, con todo lo que eso implica. La pena no es de más de dos años; pero lo importante es apelar al grado de conciencia de la situación».
Red 43