A partir de la solicitud del abogado del contador Federico Gatica, se puso en duda que el juicio por la primera de las grandes causas de corrupción que estallaron en Chubut el año pasado, comience el 12 de marzo. Además, la provincia no recuperaría algo de lo mucho que se habrían llevado a sus bolsillos Diego Correa y compañía.
El abogado penalista Javier Romero presentó el martes un escrito para que el delito de lavado de activos que le imputan a Federico Gatica quede en manos del fuero federal. Como hay un antecedente reciente en el que la Corte Suprema consideró que esta tipificación correspondía a ese fuero, hasta podría trabarse el comienzo del juicio oral y público previsto para el martes 12 de marzo.
El contador Gatica está imputado de lavado de dinero y fue de los últimos en ser detenido, ya que cuando el 7 de marzo estalló la causa se hallaba de vacaciones en Playa del Carmen, México. Hasta entonces, Gatica era un respetado profesional que hasta presidía el selecto club Patoruzú de Trelew, conocido en el resto de la provincia sobre todo por su equipo de rugby.
Según dio cuenta El Chubut, el 19 de diciembre de 2018 Romero analizaba sacar la causa “Embrujo” de la Justicia ordinaria para trasladarla a los tribunales federales. Esta decisión estuvo motivada en que el contador Gatica está sindicado de instrumentar mecanismos para lavar activos a través de la conformación de empresas, entre ellas Mezeta Consulting.
Anteayer, el abogado penalista presentó en el Juzgado Federal de Rawson un escrito para solicitar que el caso puntual de Gatica sea investigado y juzgado en los fueros federales.
Romero explicó que como a Gatica no le imputan ningún delito asociativo, “la Justicia bien podría separar este caso del resto de la causa”, aunque consideró que “hay millones de variables”. Las caras más visibles de esta causa que tiene a más de una decena de imputados son Diego Correa (extitular de la Unidad Gobernador); Diego Lüthers; Natalia McLeod; Daniela Souza; Sandro Figueroa y Juan Carlos “Tato” Ramón. “Embrujo” se podría sintetizar en las defraudaciones que supuestamente instrumentaba Correa, al desviar fondos públicos en su propio beneficio. Los mismos eran controlados por Lüthers, mientras el resto serían testaferros y pseudo empresarios que facturaban al Estado servicios que no se hacían, o bien se sobrevaluaban.
En este contexto, hay otros abogados defensores en la causa “Embrujo” que sostienen que el presunto lavado de activos que le enrostran a Gatica es consecuencia de la conformación de una asociación ilícita y del rol que cumplieron otros acusados, con lo cual especulan que la causa “debería ser girada a la Justicia Federal en su totalidad”.
Antecedentes
La Corte Suprema de Justicia de la Nación emitió un fallo en noviembre de 2018 con respecto a esta cuestión de fondo. El caso puntual tenía como protagonista a la Cooperativa Eléctrica de Trelew y el máximo órgano judicial determinó que el lavado de activos es un delito de competencia federal.
Este antecedente tendría una fuerte incidencia a la hora de la resolución porque el fallo tiene dos elementos fuertes: aporta una claridad meridiana sobre la competencia del delito de lavado de activos y, por otro lado, la actualidad que posee la resolución adoptada por la Corte.
“Si el Juzgado Federal admite la presentación que se realizó, lo primero que hay que hacer es una instrucción suplementaria para adaptar lo hecho al procedimiento federal”, confirmó Romero.
El juez federal de Rawson, Gustavo Lleral, deberá resolver si hace lugar al pedido de Romero. Dependiendo el resultado, se abren diversos escenarios.
Si Lleral considera que el lavado de activos es de competencia federal, el caso de Gatica será investigado por el fiscal federal Fernando Gélvez.
No obstante, Lleral deberá resolver si la causa entera es transferida a la Justicia Federal, o bien solamente el caso de Gatica.
Como trasfondo de esta disputa con respecto a si es competencia de la Justicia ordinaria provincial o federal, hay un tema sensible: si la causa desembarca en el fuero federal, Chubut resignaría la posibilidad latente de recuperar al menos 40 millones de pesos, de acuerdo a la tarea que los fiscales Omar Rodríguez y Alex Williams pudieron comprobar hasta el momento. Además, el juicio oral y público fijado para el 12 de marzo quedará desmembrado.
En caso de darse este escenario, Rodríguez y Williams apelarán ante la Corte Suprema.
El Patagónico