Los ex funcionarios, Albero Gilardino, Ignacio Hernandez y Miguel Arnaudo, firmaron un contrato con Conexia S. A., para la informatización del sistema de salud pública, con condiciones tan desventajosas que hace casi imposible romper con su dependencia.
Es que todos los productos de software, el POS junto al lector de banda magnética, con toda la información recolectada y procesada por personal de salud en relación a los pacientes, historias clínicas, diagnósticos, consumos médicos y farmacéuticos y otros datos por el estilo quedará en poder de la empresa.
También se dejarían el padrón de afiliados de todas las obras sociales, de los prestadores de la medicina privada, etc., con datos sus filiatorios. Se debe recordar que se firmó el 26 de mayo de 2017, por 60 meses, prorrogable con las mismas condiciones por periodos de 36 meses.
Es decir que se tendrá que seguir pagando $2.460.000 mensual, indexado y lo peor es que no se puede cuestionar el incumplimiento ni la calidad del servicio brindado porque esto no lo dejaron previsto en el contrato.
¿Qué pasará si no se le renueva el contrato con Conexia?
Sería una catástrofe, ya que el Ministerio de Salud debería buscar otro proveedor cuyo costo puede resultar muy oneroso, porque el reemplazante debería necesariamente desarrollar un nuevo software adaptado al que estuvo en funcionamiento. Además el tiempo que insume esa tarea, sería de varios meses o años, durante ese tiempo se afectará enormemente el funcionamiento de los hospitales públicos.
Dr. Fernando Urbano. Médico pediatra y sanitarista. Presidente de la Fundación FUSSO
