El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación declaró este lunes la “emergencia penitenciaria” a nivel nacional por tres años por la superpoblación carcelaria.
Además, según informaron fuentes de la cartera, se creó una “comisión” especial para elaborar políticas que puedan resolver el “déficit habitacional” en las prisiones federales, “mejorar las condiciones de privación de la libertad” e implementar “medidas alternativas” al encarcelamiento.
Marcelo Lucini y Magdalena Laiño, jueces de la Sala VI de la Cámara, remarcaron en el fallo la “paupérrima situación” del sistema penitenciario: “Lo más sincero sería hoy afirmar, tras relevar tanta falencia, que las cárceles no son aptas para la condición humana”. Desde 2015, la cantidad de presos subió un 30%.
El pasado 8 de marzo, desde la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional decretaron que a los internos se les fije un destino en un máximo de 48 horas, no pudiendo superar las 24 horas en la Unidad 28, en Tribunales, ubicada en la Lavalle al 1000.
También se estableció, de manera provisoria, que la alcaidía tenga un cupo máximo total de 40 detenidos para pernocte. Según la página web del SPF, la Unidad 28 es la principal alcaidía del organismo. Al ser de tránsito, nadie debería pernoctar, pero no se cumple.
Tras una inspección del 20 de febrero, en sectores con capacidad para 8 o 9 personas se contabilizaron entre 28 y 36 internos, y había dos baños para cien personas: “Su estado era sencillamente inconcebible”, aseguraron los jueces.
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