El hecho ocurrió en julio de 2018, el asesor legal de los condenados, afirmó que en esos días de julio del 2018, los internos estaban realizando una huelga de hambre, en protesta por la falta de respuestas a los petitorios enviados al juez de turno.
Edwin Nicolás Jaramillo (29), Mirko Alonso Gallardo (28), José Atilio Perán (30), Juan Carlos Barrientos (22), Diego Armando Jara (26), Ismael Antonio Payahuala (29), Fernando Adrián Artiles (24) y Miguel Rodríguez (30) integran el grupo de condenados sospechados de incendiar el pabellón común de condenados de la comisaría de Sarmiento. El hecho ocurrió el 20 de julio del año pasado.
La fiscalía presentó la pieza de apertura de formalización de investigación preparatoria de juicio. En la audiencia fijada para esta instancia, el abogado de la defensa pública, Gustavo Oyarzun planteó que los detenidos y sus familiares, pidieron que se recuse al juez Jorge Novarino en esta causa. Los fundamentos del pedido se basaron en el temor de parcialidad que podría tener el magistrado.
Asimismo, Novarino rechazó el planteo del defensor público. Indicó que presentará un informe por escrito, a los fines que un tribunal integrado por dos jueces de Comodoro Rivadavia, resuelva la situación.
En la sala de audiencias de la oficina judicial se programó una audiencia de apertura de la investigación. El acto judicial fue presidido por el juez Jorge Novarino. La parte acusadora estuvo representada por la fiscal Laura Castagno y la funcionaria Marisol Sandoval. Los denunciados recibieron el asesoramiento legal del defensor público Gustavo Oyarzun.
Jara, Rodríguez y Artiles, participaron mediante el sistema de video conferencia desde la oficina judicial de Comodoro Rivadavia. Del mismo modo lo realizó Erwin Jaramillo en Esquel. En tanto, Peran y Gallardo estuvieron junto a su abogado en Sarmiento.
Con respecto a Payahuala, se informó que no contaba con medios económicos para asistir al acto de apertura del proceso, en función de que se encuentra realizando trabajos temporarios en la localidad de Rio Mayo. En consecuencia, se fijó una nueva audiencia en la que participara mediante una teleconferencia.
En tanto, los operadores de la oficina judicial indicaron que Barrientos había sido debidamente notificado. Por lo tanto, también se convocará a una nueva audiencia a la que deberá comparecer con el auxilio de la fuerza pública.
Luego, Oyarzun señaló que el último viernes había mantenido una reunión con los familiares de Mirko Gallardo y Diego Jara. Como resultado del encuentro, confeccionaron un acta mediante la cual manifestaban la voluntad de pedir la recusación del juez Novarino, en esta causa judicial.
Según el defensor público, los internos y sus familias aseguran que el día de los hechos, el magistrado no constató la salud de los detenidos, luego de la intervención de la policía para neutralizar el incendio y los daños causados en el pabellón.
También agregaron que Novarino, no habría aceptado dialogar con los sospechosos del hecho que debe investigar la fiscalía. Estas circunstancias, les provocaron un temor serio de parcialidad en la nueva causa judicial en la que debe intervenir el juez.
En este contexto, el asesor legal de los condenados, afirmo que en esos días de julio del 2018, lo internos estaban realizando una huelga de hambre, en protesta por la falta de respuestas a los petitorios enviados al juez de turno.
Con respecto al sustento legal para sustentar el transmite de recusación, señaló que las causales de recusación operan cuando hay un temor fundado de parcialidad, por la actividad que tuvo el magistrado en la jornada del 20 de julio del año pasado. Esto haría temer que no habrá garantías de una resolución justa en el proceso que pretende iniciar.
Por otra parte, adelanto que el Ministerio Público Fiscal tramita otras tres investigaciones vinculadas a este hecho. En las mismas, el magistrado podría ser convocado como testigo y se generaría una incompatibilidad, relativa a las dos versiones que existen sobre lo sucedido ese día en la comisaría.
HABEAS CORPUS Y TORTURA
Los detenidos utilizaron su derecho a declarar y respaldaron el pedido de su representante legal. Asimismo, agregaron que en los días previos al hecho, habían presentado recursos de habeas corpus en reclamo por la falta de calefacción y la obligación de bañarse con agua fría. En este sentido, denunciaron que durante la intervención policial, fueron golpeados y sufrieron torturas.
A su turno, la fiscal Castagno manifestó su rechazo al pedido de recusación del juez. La investigadora, aseguro que no existen motivos serios ni razonables para pedir el apartamiento de Novarino en la causa.
Luego de un cuarto intermedio, el juez informo que rechazaba el planteo de recusación motivado por la defensa. A ello, agrego que no encuentra razones serias, ni motivos razonables respecto del temor de parcialidad.
En este marco, recordó que en esa oportunidad se presentó en la comisaria, junto al director de la oficina judicial Leandro Russsomando. En el lugar, ya se encontraban los defensores públicos Tomas Malerba y Marcelo Catalano. También los representantes de la fiscalía, Laura Castgano, Ezequiel Castro Albornoz y el intendente Ricardo Britapaja.
Asimismo, afirmo que emitió una directiva para que los internos revisan atención médica en la sala de visitas. En tanto, señalo que fueron los representantes de la defensa pública y el comisario Ibáñez, quienes sugirieron no mantener una reunión con los familiares de los detenidos, en función del estado de nerviosismo reinante por la situación vivida.
Con respecto a los recursos de habeas corpus, considero que el letrado adjunto de la defensa pública cometió un error garrafal, al no chequear la información brindada por sus asistidos. Esos pedidos fueron realizados al magistrado Daniel Pérez, quien estaba designado como juez de turno, los días previos al 20 de julio.
Por último, indicó que presentar un informe por escrito a los fines que un binomio judicial de la circunscripción de Comodoro Rivadavia resuelva la situación.
LOS HECHOS
El 20 de julio de 2018, a las 18:45 un grupo de personas que cumplen penas privativas de la libertad, provocaron incendios y daños en el pabellón comunitario de personas condenadas. El lugar quedo en condiciones inhabitables y luego de la intervención del personal policial fueron trasladadas a la alcaidía de Comodoro Rivadavia.
El Patagónico
