Este lunes comenzó el juicio oral y público contra Abel Reyna ex responsable del organismo.
En horas de la mañana del lunes comenzó el juicio oral y público contra Abel Reyna ex responsable del IPV local. Se escucharon los alegatos iniciales de las partes donde la fiscalía y la querella presentaron sus teorías del caso con una pretensión punitiva de 5 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, en caso de ser declarado Reyna penalmente responsable. Cinco son los hechos que se le imputan el primeo por “incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso ideal con falsedad ideológica; el segundo por Exacciones ilegales en concurso ideal con falsedad ideológica; el tercero por cohecho pasivo, por favores sexuales a cambio de una unidad habitacional; el cuarto por cohecho activo 4 hechos; y el quinto por incumplimiento de los deberes de funcionario público y tráfico de influencias.
Por su parte el defensor postuló que en la Administración provincial, como el IPV, quién manda es Rawson y quién adjudicaba las viviendas eran Ricardo Trovant y Martín Buzzi. Recusando a la jueza García porque el acuerdo abreviado anteriormente firmado se encontraba dentro de la carpeta Judicial; y la Oficina Judicial tenía la obligación de quitar de la carpeta todo vestigio del juicio abreviado. Argumentando que en ningún caso el tribunal podrá tomar conocimiento previo del hecho juzgado.
Seguidamente la fiscal calificó la recusación del defensor como de mala fe solicitando se investigue porqué el acuerdo abreviado quedó en la carpeta y quién era el responsable de ello. Solicitando se rechace la recusación y se dé inicio al debate. Igual postura adoptó la querella.
Finalmente se dio intervención a dos jueces, Mariano Nicosia y Miguel Caviglia, quienes resolvieron por escrito no haciendo lugar a la recusación ya que no se verificó conocimiento previo de la jueza sobre la causa. Además el caso tuvo alta difusión pública y repercusión en todos los medios locales y provinciales, argumentaron.
Luego comenzaron los testimonios, el primero fue el Ricardo Cerda, por entonces Jefe de la Brigada de Investigaciones local, quién relató las tareas que le fueran encomendadas por la fiscalía sobre instrucciones para realizar averiguaciones ante la presunción de ilícitos en el IPV.
Seguidamente declararon tres auxiliares de la justicia que intervinieron en la causa, como también Martín Buzzi y Ricardo Trovant, ex gobernador y responsable del IPV provincial en la gestión de Reyna. Para mañana se espera continuar con la recepción de la prueba testimonial del caso.
Presidió el acto Mónica García, jueza penal; por el Ministerio Público Fiscal actuó Camila Banfi, fiscal general; por la querella actuó María Laura Martensen, abogada patrocinante en representación del IPV; la defensa de Reyna, estuvo a cargo de Guillermo Iglesias, abogado particular del mismo.
Los hechos imputados
La investigación preparatoria permitió acreditar que Abel Reyna, en su rol de delegado del Instituto Provincial de la Vivienda, delegación Zona Sur de Comodoro Rivadavia, procedió a realizar maniobras ilegales en el plan 81 viviendas del Barrio Ciudadela, insertando en los legajos de dicho plan declaraciones juradas con datos falsos, a fin de asignar viviendas a personas que no cumplían los requisitos exigidos por la ley. Estas maniobras fueron realizadas entre el 30 de diciembre de 2011 hasta su renuncia, el 5 de septiembre de 2014, en la sede de IPV sita en calle Rivadavia n° 2098 esquina Asturias de esta ciudad.
Para ello, Reyna organizó un grupo de empleados del IPV integrado por: Darío Acosta, Raquel Antimilla y Vanesa Lorena Medina, quienes cada uno desde el rol específico que acompañaba el cargo para el que se lo había nombrado, consignaron falsamente datos personales de los postulantes y omitieron agregar la documentación respaldatoria en las carpetas de los seleccionados, posibilitando la obtención de la vivienda de quienes no cumplían con los requisitos de ley en desmedro de los postulantes que si los tenían. Del análisis individual de cada uno de los legajos del Plan 81 viviendas del Barrio Ciudadela, del listado de pre adjudicados y de adjudicatarios establecido en la Ley, se visualiza que no se respetó ningún criterio de selección social FONAVI establecido por la norma, como tampoco se respetó el sistema de puntajes establecido por resolución FONAVI. Por su parte, Darío Acosta, Raquel Antimilla y Vanesa Consoli Medina, quienes conformaban el sector Adjudicación, adulteraron las planillas de actualización de datos de los legajos de preadjudicación del Plan 81 viviendas de Ciudadela: agregando puntajes inexistentes; dando fe de visitas sociales que nunca realizaron, no requirieron en ningún caso la documentación respaldatoria de la situación social o habitacional declarada.
De la investigación surge también la existencia de casos donde se efectuó entrega de dinero o favores sexuales por viviendas. Concretamente, el 15 de agosto de 2014 Darío Acosta y Reyna contactaron a un particular, quien se encontraba inscripto en el IPV, y le requirió el pago de 80 mil pesos para acelerar el trámite de vivienda. Ante la necesidad de acceder a la vivienda, el particular solicitó un préstamo en Banco Chubut, pidió dinero prestado a su jefe y más los ahorros que tenía, logró reunir el monto requerido por Acosta, haciéndole entrega del mismo en sede del IPV de Rivadavia y Asturias. Luego del pago, Acosta incorporó al referido en el Plan 81 viviendas de Ciudadela, asignándole una unidad habitacional, todo ello con la anuencia de Abel Reyna y la participación para los actos administrativos de Raquel Antimilla, Anita Adelina Caro y Vanesa Consoli Medina, quienes completaron fraudulentamente las planillas de actualización de datos, modificando los puntajes. Calificando este hecho como exacciones ilegales, en concurso ideal con falsedad ideológica para Acosta y Reyna.
Asimismo, durante los primeros meses de 2014, Abel Reyna le requirió a una particular, inscripta en el IPV desde el año 2003, favores sexuales a cambio de hacerle entrega de una vivienda para ella y su hijo discapacitado. Debido a la urgencia de tener su vivienda, la mencionada acepta reunirse con Reyna, donde se pactó la entrega de la unidad. Posteriormente, el 24 de febrero de 2014, Reyna le hace entrega de una vivienda, ello con la participación administrativa de Darío Acosta. Calificándose jurídicamente para Abel Reyna, como autor de cohecho.
La investigación ha permitido acreditar que Abel Reyna, en su rol de delegado del instituto provincial de la vivienda delegación Zona Sur de Comodoro Rivadavia, procedió a entregar, sin los requisitos de ley, viviendas a sus colaboradores y a otras personas, que, a sabiendas, las recibían en pago por las tareas ilegales realizadas a su favor según consta en las carpetas del IPV.
Finalmente, con fecha 26 de septiembre de 2014, Fabián Alejandro Otero, ex cónyuge de Claudia Leonori, obtuvo de manera irregular una vivienda del IPVyDU en el Barrio Ciudadela. Dicha vivienda fue cedida por Claudia Leonori a Otero como propia en el marco del divorcio, habiéndola obtenido Leonori en forma fraudulenta, insertando datos falsos en su Legajo, ya que la ficha de inscripción no se encuentra sellada, lo que no permite conocer quien realizó la encuesta social que da fe de los datos incorporados. Asimismo, la cesión se realizó sin los requisitos de ley, ya que las viviendas FONAVI solo pueden ser transferidas a grupos familiares que se encuentren inscriptos en el Registro Permanente de este Instituto. En este caso, esto no ocurrió con esta formalidad dado que Leonori firmó una renuncia a su inscripción cediendo su número de legajo a su ex cónyuge Otero, sin la anuencia de ningún funcionario.
La investigación ha permitido acreditar que Abel Reyna, en su rol de delegado del instituto provincial de la vivienda delegación Zona Sur de Comodoro Rivadavia, procedió a confeccionar las listas de preadjudicatarios del Plan 81 viviendas del Barrio Ciudadela en forma arbitraria y sin seguir el orden de puntaje que manda la ley.