Las Madres venían denunciando desde la semana pasada que desde el gobierno se querían apropiar del archivo histórico de la Asociación «el más grande de Latinoamérica», como denunciaron en un comunicado la semana pasada.
Hoy, finalmente el gobierno, a través del juez en lo Comercial N° 13, Fernando Javier Perillo, ordenó que se allanara el local de las Madres en Hipólito Yrigoyen 1584, con presencial judicial.
En un comunicado difundido hoy las Madres de Plazo de Mayo denunciaron que «con las firmas de las magistradas Matilde Ballerini y María L. Gómez Alonso de Díaz Corderola Cámara Comercial entendió que las Madres no pueden ser evaluadas con los mismos parámetros que una empresa, por distintas razones: (su actividad) no implica ni implicó per se actividad comercial; fue realizada aún en circunstancias de gravedad institucional y se fundamenta y es reconocida por la Convención Americana de DD.HH. -Pacto de San José de Costa Rica- a la que adhiere la Nación Argentina».
Por lo tanto, afirma la Cámara, «esta Sala considera que su continuación (las actividades de las Madres) como tal (…) debe ser autorizada».
A raíz de esta denuncia Las Madres explicaron que debieron concurrir a la Cámara Nacional en lo Comercial «porque el juez de Primera Instancia les denegó expresamente la permanencia en su sede y el derecho de continuar ejerciendo sus actividades de Derechos Humanos, de reconocimiento mundial».
Las Madres denuncian detrás de este procedimiento del juez está «el Ministro de Justicia, Germán Garavano; el operador judicial, Daniel Angelici; y su amigo, el Juez Javier Bujan», quienes se querrían apropiarse del archivo, que da cuenta del genocidio llevado a cabo por los militares durante la última dictadura Cívico-militar.
La Izquierda Diario
