La empresa J&S, radicada en San Pedro, destina el grueso de su producción para atender los pedidos de Cheeky, que bajaron por la caída del consumo. Hay 80 empleos en riesgo.
La empresa textil J&S, que es proveedora de la firma de indumentaria Cheeky, propiedad de la familia de Juliana Awada, está el borde del cierre. Sus 80 trabajadores operan en turnos de apenas tres horas diarias y avanza el plan de la firma para pagar indemnizaciones por debajo de lo que marca la ley con la amenaza del cierre definitivo.
Desde hace cuatro años, el sector textil entró en un escenario de caída libre, afectado por la reducción del consumo, incremento de importaciones, tarifazos de gas y luz y tasas de interés siderales. De todas formas, en el sector esperan una tenue recuperación de la producción local gracias al achicamiento de la oferta por menores importaciones ante la fuerte devaluación e incertidumbre cambiaria de los últimos meses.
En la ciudad de San Pedro, provincia de Buenos Aires, advierten que la textil J&S se suma a la lista de cierres que protagonizaron la autopartista Coplac y la plástica Bitoplast. Cada localidad tiene su historia para contar en materia de pérdida de puestos de trabajo, con impacto no sólo en los despedidos, que son damnificados directos, sino también en el resto de la comunidad, por la baja de la actividad comercial junto al impacto simbólico. La empresa Coplac, manejada por capitales brasileños, dejó a 80 personas sin trabajo, mientras que en Bitoplast ya apuntan a la conformación de una recuperada.
J&S emplea a unas 80 personas y su negocio es muy dependiente de los pedidos de Cheeky, la marca que dirige Daniel Awada, hermano de Juliana, esposa del presidente de la Nación, Mauricio Macri. La caída de la demanda en un escenario financiero de ahogo empujó a la empresa a la crisis. La firma redujo la jornada de trabajo a tres horas diarias y hay negociaciones para acordar la desvinculación masiva de trabajadores. Desde el gremio advierten que la oferta empresaria equivale al 50 por ciento del monto de la indemnización que correspondería por ley.
«La situación del sector textil e indumentaria es muy complicada porque la gente prioriza el consumo de alimentos, cuyos precios subieron por encima del índice general, y el pago de tarifas. Nuestro sector tuvo en diciembre pasado el peor registro de su historia, con el 32 por ciento de utilización de la capacidad instalada. Desde hace unos meses que viene cayendo la importación de una manera interesante, debido a que el importador adelantó que además de caro, el dólar estaría volátil este año y que la demanda seguiría en caída. Los importadores no recuperaron los dólares necesarios para volver a operar y con las actuales tasas, se han descapitalizado.
En consecuencia, hay una baja de importación del 30 por ciento que ofrece cierta posibilidad porque la demanda cae un 15 por ciento. Junto a la baja de importaciones, muchas empresas cerraron y eso también refuerza la caída de la oferta. La utilización de la capacidad instalada podría ubicarse ahora un poco por arriba del 40 por ciento», explicó a este diario Marco Meloni, vicepresidente de ProTejer.
Según los últimos datos del Indec, la producción del sector textil registró en abril una caída del 17,9 por ciento frente al mismo mes del año pasado. Esa merma se explica por una baja de producción de fibras de uso textil (-37,8 por ciento), hilados de algodón (-14,2) y tejido y acabados de productos textiles (-8,4). En el acumulado del primer cuatrimestre, el sector muestra una baja del 18,8 por ciento. Frente a abril de 2016 (después del primer cimbronazo por la megadevaluación de fines de 2015) el sector registra un achicamiento del 27 por ciento.
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