Tuvieron la misma consideración el candidato presidencial del Frente Amplio, Daniel Martínez, y el ministro de Economía de ese país, Danilo Astori.
«Es una dictadura, sí. Y en la situación que está no hay otra cosa que dictadura. Pero dictadura hay en Arabia Saudita, con un rey absoluto. Dictadura hay en Malasia, matan 25 tipos por día. Y la República Popular China, ¿qué me dicen?».
Estos fueron los dichos del ex presidente de Uruguay José «Pepe» Mujica al ser consultado sobre la situación que atraviesa Venezuela. Es la primera vez que el ex mandatario se refiere al gobierno de Nicolás Maduro como una dictadura.
Estos dichos fueron acompañados por el candidato presidencial del Frente Amplio, Daniel Martínez, quien expresó a través de Twitter que «para la izquierda el tema de los derechos humanos debe ser siempre un imperativo ético».
Y añadió: «El informe Bachelet es lapidario respecto a Venezuela y se trata de una dictadura. Hay que seguir trabajando en una salida negociada y que el centro sean los venezolanos».
Este viernes, el que había usado el mismo calificativo para hablar de la situación de Venezuela había sido el ministro de Economía de Uruguay, Danilo Astori. El funcionario se despegó de la postura del gobierno de Tabaré Vázquez, que hasta ahora se niega a calificar a Venezuela como una dictadura.
«A mí no me cuesta nada: lo de Venezuela es una dictadura, y es una dictadura tremenda, con impactos humanitarios muy graves», enfatizó el ministro en declaraciones a la radio Del Sol FM, .
En este sentido, agregó: «Así como digo esto digo también que valoro enormemente los esfuerzos que ha hecho nuestro gobierno por evitar lo peor, porque hay cosas peores que esta, y las peores son el baño de sangre, en primer lugar».
Según un informe de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, especialmente desde 2016, el régimen de Maduro y sus instituciones han puesto en marcha una estrategia «orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al Gobierno».
Denuncia, también, una paulatina militarización de las instituciones del Estado durante la última década, y atribuye a fuerzas tanto civiles como militares la responsabilidad en detenciones arbitrarias, malos tratos y torturas a críticos del gobierno y a sus familiares.