El Ejecutivo hizo presentaciones paralelas ante la Justicia y la Legislatura para que lo autoricen a utilizar fondos del BOCADE –Bono de Cancelación de Deuda- para pagar los haberes del tercer rango el viernes 29. Pero durante la mañana del miércoles no hubo avances en ese sentido en ambos poderes, incluso no se llegaba a la cantidad mínima de diputados para solicitar a una sesión especial.
Para a una sesión especial se requieren un mínimo de catorce firmas de diputados avalando el pedido, las mismas se habrían conseguido después del mediodía.
Hay incertidumbre con lo que pueda ocurrir posteriormente ya que, de autorizar al Ejecutivo a usar estos fondos para pagar sueldos, se viola la Constitución Provincial y son pasibles de una denuncia por cometer “una falta grave a quienes lo autoricen o consientan, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal que pueda corresponder”.
Algunos legisladores consultados marcaron que no está garantizado que mañana se sesiones. Y entre los argumentos, explicaban que algunos diputados no se encuentran en la provincia, otros no quieren exponerse a un revés judicial y otro grupo están con los teléfonos apagados. Como todo en la Cámara de Diputados, habrá que esperar hasta último momento para determinar si se sesiona.
Se espera que previo a la sesión el ministro de Economía, Oscar Antonena, y el propio jefe de gabinete, Federico Massoni, vayan a la Legislatura por la tarde para mantener distintas reuniones con los bloques de diputados con el objetivo de aclarar las dudas. Fundamentalmente luego del ruido que se generó con la presentación que hizo el Ejecutivo en la Justicia para tener el aval del destino de los fondos que precisa para terminar de cumplir con los sueldos del mes de julio, así lo informó El Patagonico.
LA POLEMICA DETRÁS DE LA AUTORIZACION
Desde que se conoció que el tema estaba en evaluación hubo cuestionamientos dado que autorizar para el pago de salarios al Bono implica ir en oposición a lo que dicta la Constitución Provincial donde, en su Art.135 establece que se faculta al Poder Ejecutivo “para contraer empréstitos o captar fondos públicos con bases y objetos determinados mediante la emisión de títulos, no pudiendo ser autorizados para equilibrar los gastos ordinarios de la administración. Los papeles de crédito público llevan transcriptas las disposiciones de la ley autorizante. La aplicación del crédito a un objeto distinto del solicitado hace incurrir en falta grave a quienes lo autoricen o consientan, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal que pueda corresponder”.
EL SUPERIOR REUNE CAMARISTAS
Debido a que en el Superior Tribunal de Justicia solo hay dos ministros en la zona, el Dr. Alejandro Panizzi y el Dr. Miguel Donnet y para dictar una resolución sobre el tema, se requiere la participación además de tres camaristas de Trelew. Pero durante la jornada del miércoles no se había avanzado en la convocatoria del pleno del Superior para, una vez reunidos, analizar el pedido del Ejecutivo, detalló Jornada.
