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La misiva interna lleva la firma director general de administración de personal dependiente de la Secretaría General de Gobierno, Alejandro Paz y con fecha martes 23 de marzo fue dirigida a todos los organismos del Estado.

En teoría la medida comenzaría a regir a partir de este jueves y desde Casa de Gobierno sostienen que fue el mismísimo gobernador Mariano Arcioni quién decidió que los estatales regresen a sus labores diarias.

La Municipalidad de El Hoyo acordó con los gremios de trabajadores estatales ATE Comarca Andina y SOEME una batería de mejoras salariales que permitirá equilibrar los sueldos con ascenso de categoría para casi la mitad de la planta y mantener el poder adquisitivo de todos los y las empleadas municipales.

El acuerdo contempla un aumento del 20 por ciento en los sueldos, que será otorgado en tres tramos del 7 por ciento en mayo, un 3 por ciento en agosto y el 10 por ciento restante en octubre; más un bono remunerativo por presentismo de 3.500 pesos, según pactaron ayer el intendente Pol Huisman con representantes de ambos sindicatos en una reunión paritaria.

Además, el acuerdo incluye el ascenso de categoría para 27 trabajadores y trabajadoras y el reconocimiento de título para otros cuatro, lo que se traducirá en un incremento en los sueldos que en algunos casos alcanzará el 40 por ciento.

Del encuentro también participaron el secretario de Gobierno, Martín Costa, y los concejales Dora Mariguán, Fanny Ávalos y Ariel Szdruk, con quienes acordaron crear una mesa conjunta entre el Ejecutivo, los gremios y el Concejo Deliberante para autorizar pases a planta permanente.

El Municipio y los gremios concluyeron en continuar con estas reuniones en pos de mejorar los salarios básicos de trabajadores y trabajadoras y sus condiciones laborales.

Desde la seccional de ATE en Comodoro Rivadavia pidieron que se revea la situación de algunos funcionarios por una serie de irregulares. Además pidieron que se transparente la cantidad de personas que ya recibieron la vacuna y cuántas dosis recibió el Área Programática.

La seccional de Comodoro Rivadavia de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) se expidió, a través de una nota a la directora del Área Programática Sur, Myriám Monasterolo, por los «graves hechos» relacionados al robo de 30 dosis de la vacuna Sputnik V donde trabajadores del Hospital Regional fueron allanados. Solicitaron listados sobre el personal vacunado y, además, que se revea la situación de algunos funcionarios del área.

El texto de la nota elevada a Myriám Monasterolo por parte del gremio ATE se solicitó en el primer punto que se dé a conocer «un listado de cantidad de dosis SPUTNIK V recibidas por esta Área Programática Sur, distinguiendo en la misma 1° dosis y 2° dosis».

En segundo lugar reclamaron un listado completo del personal inoculado, tanto en la ciudad como en las ciudades dependientes del Área Programática. Así como también un listado con nombre y apellido, además de DNI y profesión, del personal vacunado en establecimientos públicos y privados.

A continuación, desde el gremio de trabajadores estatales solicitaron a la titular del Área que «se a parte de funciones al personal jerárquico involucrado en la cadena de custodia y responsable de la cámara de frio del plan de vacunación actual».

Y además plantearon que se revea la situación de algunos funcionarios a partir de que se observará incompatibilidad de cargos.

Finalmente, le pidieron al ministro de Educación del Chubut, Fabián Puratich, la «urgente intervención ante la gravedad de los hechos planteados».

En su último reporte Orocobre que explota el litio a través de Sales de Jujuy, informa que recibió ese dinero en subsidios al salario, cuando incluso logró una mejora notable de su rentabilidad. Analizamos el impacto del negocio extractivista al cual apuestan los gobiernos.

Sales de Jujuy, una sociedad que domina mayoritariamente la australiana Orocobre junto con Toyota, explota el litio en el salar de Olaroz. La misma según su último reporte, “tuvo un record en volumen de ventas en el cuarto trimestre del año 2020 cuando los costos de producción se redujeron a los menores niveles de todos los tiempos.”

A su vez, “los niveles de producción durante el cuarto trimestre fueron los terceros más altos desde que comenzaron las operaciones. Bajos costos y producción fuerte y estable, significa que el negocio está bien posicionado para participar en el mercado mundial del litio”.

Algunos números otorgados por Orocobre muestran la mejora notable de sus negocios. Por el lado de las ventas, estas fueron de 4.345 toneladas (un incremento del 57% respecto al tercer trimestre) y el precio promedio fue de 3.797 dólares /tn; mientras los costos fueron de $3.623 por tonelada.

De esta forma el margen bruto de ganancia asciende a 174 dólares por tonelada, así durante el cuatro trimestre la ganancia bruta fue de 756.030 dólares. Una mejora considerable respecto a los últimos resultados donde los márgenes se redujeron debido a la baja considerable del precio del litio. Orocobre muestra además un “logro” en la reducción de costos de producción que en parte compensa la baja del precio.

A este resultado, hay que agregarle los subsidios por 360.000 dólares que le otorgó el Gobierno nacional en apoyo al salario. Si bien la empresa no da el detalle, se estima que corresponden al programa ATP. Cabe preguntarse si una minera que exporta en dólares, que no detuvo su producción en 2020, salvo dos días en octubre debido al contagio de covid-19 de 35 obreros, redujo sus costos y aumentó sus ventas, ¿Debía recibir estos fondos millonarios del gobierno?

En un cálculo conservador los subsidios otorgados a Orocobre (con un dólar mayorista = 70 pesos) equivalen a 25 millones de pesos, un monto de dinero que podría financiar holgadamente el IFE de 10 mil pesos durante dos meses para los casi 9 millones de trabajadores que lo venían percibiendo el año pasado.

La base del negocio de Orocobre se encuentra radicado en Argentina donde además de Sales de Jujuy, posee plantas de extracción de boratos (Borax Argentina) en la puna de Jujuy y en Salta. Orocobre al igual que otras multinacionales mineras dedicadas a la explotación del litio esperan una mejora sustancial del precio del mineral para este año. Solo en enero el precio del litio aumentó un 40% debido al aumento de la demanda de China en su fabricación de baterías para autos eléctricos y en los requerimientos de la tecnología 5G, entre otros factores que explican el aumento de la demanda mundial del litio que impacta en el precio.

Lejos de la batería, cerca de la reprimarización

Con estos resultados a favor Orocobre anuncia que firmó un memorando de entendimiento en septiembre con Prime Planet Energy and Solutions (PPES), una empresa conjunta de fabricación de celdas de baterías entre Toyota (51%) y Panasonic (49%) localizada en Japón, a la cual prevé suministrar 30.000 toneladas por año de carbonato de litio.

A su vez, Orocobre continúa en marcha la ampliación de su planta de litio en el salar Olaroz y una planta en Japón, Naraha, la primera de su tipo que se construye en el país nipón, la cual está diseñada para convertir la materia prima de carbonato de litio de grado primario en hidróxido de litio de grado de batería purificado, un derivado del litio de mayor valor agregado que el carbonato que se produce en Jujuy.

Al respecto consultamos a Ariel Slipak, economista integrante del grupo de estudios de Geopolítica y Bienes Comunes, quienes nos dijo, “Orocobre estudió producir hidróxido de litio en Jujuy y desistió hacerlo. En este momento, la compañía está terminando la etapa 2 de construcción de su planta en Jujuy que de algún modo implica replicar su planta actual, hoy la producción de Sales de Jujuy es un mix de carbonato de litio grado batería y grado industrial, entonces la amplicación de la planta lo que no hace es agregar el proceso de purificación final. Entonces todo el carbonato obtenido es grado industrial y no grado batería, esto le permite que la salmuera obtenida durante la etapa 2 le sea más barata para llevarla a Japón y agregarle valor en la planta que Orocobre está construyendo allí. Lo cual es un descenso en la cadena de valor agregado. O sea, mientras Argentina tiene un montón de científicos y científicas que investigan sobre componentes activos de las baterías, material catódico, electrolítos, sobre la fabricación de celdas, etc. lo que se ve es que el régimen de propiedad privada obtura el ascenso en las cadenas de valor.”

“Y lo que es fundamental es el impacto ambiental que la ampliación de etapas de construcción de la planta va a implicar un mayor bombeo de agua con un mayor estress hídirico sobre el cual no hay información pública. Recordemos que en la cuenca de Olaroz-Cauchari están simultáneamente ampliando Sales de Jujuy, se está poner en marcha Exar y Orocobre ya encargó estudios para su etapa 3 dado que tienen otras pertenencias de territorio sobre el salar a través de la compañía Advantage Lithium”, agregó Slipak.

Las penas son de nosotros, el litio es ajeno

En este esquema de producción y división internacional del trabajo de las multinacionales el rol de los gobiernos es cada vez más facilitar sus negocio. Y como se puede observar esto es a costa de profundizar el rol del país proveedor de materias primas con escaso valor agregado a multinacionales como Toyota y a costa de un alto impacto sobre el medioambiente.

Desde el punto de vista de las ventajas que les conceden los gobiernos recordemos que este año además de recibir el aval del decreto presidencial que reglamentó a la minería como actividad esencial, tuvo un recorte de las retenciones del 12 al 8 por ciento hasta el 31 de diciembre de 2021, subsidios millonarios para el pago de salarios, dentro de un esquema de negocios que rige con enormes facilidades fiscales desde las leyes mineras de los años 90’ que se mantuvieron intactas.

Además los gobiernos provinciales como el de Jujuy se ubican como socios menores. En el caso de Orocobre el Estado provincial a través de JEMSE posee el 8,5% de las acciones de Sales de Jujuy, aunque en la constitución del capital accionario, el Estado le debe a Orocobre debido a que recibió de la misma los fondos para constituirse como accionista. Este grado de sumisión ratifica todo tipo de favores para una actividad que profundiza el modelo extractivista en tiempos de “restricción externa” o escasez relativa de dólares. Bajo esta presión los gobiernos apuran las ventajas para el sector con la promesa –nada segura- de obtener los dólares que tanto necesitan para hacer frente al pago de la deuda con los acreedores privados y el FMI.

El costo social del extractivismo se mide en términos del impacto ambiental sobre los salares, las cuencas hídricas sobre las cuales desarrollan su vida las comunidades originarias, como también en la explotación y precarización laboral siendo que tienen, al menos, al 41% de los mineros como contratados (informe Impacto Económico de la Actividad Minera-Nov. 19, Gob. Nacional y de Jujuy), y también por los millones de pesos que los Estados giran a las mineras (en subsidios o concesiones impositivas) que podrían estar destinados a paliar el hambre y la falta de empleo.

Está claro que es necesario afectar sus intereses como parte de discutir cómo preparar un esquema de producción minera a favor de los trabajadores y las comunidades originarias en respeto además con el medioambiente.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) lleva adelante más de 10 días con medidas de fuerza en toda la provincia, en el marco del reclamo al gobierno provincial el pago de los salarios y aguinaldos adeudados.

Una de las referentes del gremio, Evangelina Arbe, recordó en diálogo con ADNSUR que la medida de fuerza se concreta dependiendo el sector de trabajo es decir, retención de servicios o paro. Al respecto, explicó que «hay compañeros de salud que no pueden hacer paro por ser un servicio esencial pero si retención de servicios» y que otros realizan paro como el personal del Ministerio de Familia, de Hidrocarburos y auxiliares de la educación.

En este marco, confirmó que la continuidad de las medidas de fuerza serán «hasta tanto el gobierno regularice la situación salarial de todos los trabajadores del Estado», ya que dependiendo del rango hay trabajadores que les adeudan dos meses o uno además del aguinaldo.

Asimismo, indicó sobre las negociaciones con el Gobierno que hasta el momento no se ha llegado nada en concreto sobre cuándo se podrían efectuar los pagos pendientes, y sobre negociar el tema salarial ya que «llevamos dos años con el salario congelado».

Finalmente, afirmó que si bien se abrió una mesa de diálogo «no podemos concordar nada con el gobierno por más que haya voluntad de diálogo con el gobierno» ante la imposibilidad de tener certezas. Y por ello, anticipó. que evaluará otra medida de fuerza en los próximos días «para reforzar el paro»

 

“El objetivo es regularizar todo a mediados de 2021”, dijo Arcioni al momento de anunciar el reperfilamiento de la deuda externa provincial, que en este mes de enero ya permitió un primer ‘alivio’, al reducir de 39 a 16 millones de dólares el vencimiento que debe pagar el próximo 26 de enero. La escalera por subir es todavía larga: para cancelar la deuda salarial con los estatales, el Estado necesita 15.000 millones de pesos.

El acuerdo alcanzado para prorrogar los vencimientos de deuda, que originalmente vencía en 2026 y ahora se extendió hasta 2030, es una de las fichas con las que el gobierno provincial apuesta a reencauzar la economía provincial.

Desde el punto de vista político, se ha sacado una “mochila” que hoy todavía cargan, con riesgo de default, provincias como Buenos Aires y Entre Ríos, esta última con una demanda internacional por parte de un grupo de bonistas. A ese panorama adverso se suma la reciente cesación de pagos declarada por Córdoba.

Desde la perspectiva económica, continúa la discusión en torno a las condiciones de la renegociación, a la que se ha cuestionado desde sectores de la oposición (y también desde el oficialismo nacional), con el diputado Gustavo Menna como cara visible, por no haber obtenido una mejora en la tasa de interés.

“No era posible mejorar la tasa, eso hubiera implicado un cambio en las condiciones del bono original y puesto en riesgo toda la negociación”, insisten desde el gobierno provincial, en respuesta a aquellos cuestionamientos. “Tampoco es cierto que haya crecido la deuda, porque eso pasa cuando se capitalizan intereses. En este caso, lo que hay es un interés por el plazo adicional que se ha conseguido hasta 2030”, argumentan desde Fontana 50.

Del otro lado, el cuestionamiento a la tasa del 7,75 por ciento se sostiene con lógica preocupación, considerando que el respaldo de regalías de la provincia podría haber logrado mejores condiciones que ésta. Algo que, parece lógico también deducir, se debió haber planteado en el 2016, al momento de discutir la colocación original del bono, con un antecedente de que tres años antes se había logrado una tasa de sólo el 4 por ciento. No es necesario redundar ahora con un planteo muchas veces formulado desde esta columna: los endeudamientos sin razón demandan una explicación contundente de cara a la sociedad que los está pagando.

Más allá de esa discusión técnica y también política, sobre condiciones que ahora ya no podrán modificarse, lo cierto es que la provincia cuenta hoy con un grado de desahogo financiero que, en principio, debería aprovechar con el fin de regularizar el funcionamiento mínimo del Estado, a partir de regularizar la deuda salarial con los empleados y jubilados del sector público. Así lo anunció el gobernador Arcioni en varias oportunidades. Pagar salarios en tiempo y cancelar las dos masas y media que adeuda es una módica meta de gestión, pero en el incendio de las arcas provinciales del último año y medio, resulta un objetivo inaplazable. La pregunta es: ¿alcanzará?

Un ‘ahorro’ de 2.000 millones de pesos por trimestre

La disponibilidad de dólares que cada trimestre se reservan para pagar los vencimientos de enero, abril, julio y octubre ha significado en este primer mes una masa adicional cercana a los 2.000 millones de pesos, según confiaron fuentes con acceso a los números chubutenses. Con ese recurso se pudo cancelar la masa salarial de diciembre y comenzar con el pago del aguinaldo de junio del año pasado, todavía por rangos.

Una disponibilidad similar se acumulará en los próximos tres meses, ya que en lugar de pagar 38,1 millones de dólares el 26 de abril, el vencimiento será del orden de los 16 millones de dólares. Es decir, un equivalente a alrededor de 2.000 millones de pesos, o unos 700 millones por mes.

Vale recordar que el monto que debe reunir el gobierno para cancelar toda la deuda con los estatales (una masa salarial atrasada para rangos 1, 2 y salud; dos masas salariales para los rangos 3 y 4, además del medio aguinaldo de junio y el de diciembre último) se estima en el orden de los 15.000 millones de pesos.

Cotejados así los números, podría deducirse que el ‘ahorro’ de este año (a razón de 2.000 millones por trimestre) sólo cubriría la mitad de la deuda salarial. En otras palabras, con la renegociación sola no alcanza para poner al día los sueldos.

Lo anterior demanda otra aclaración. Según ha informado el gobierno, el alivio total de la renegociación alcanza los 169 millones de dólares, que dejan de pagarse entre 2021 y 2023, para luego comenzar a devolver desde el año 2026. Es notorio que ese monto total, a la cotización actual, alcanzaría para pagar todos los salarios atrasados. Sin embargo, no debe perderse de vista que se trata de un monto acumulable en tres años, lejos de una disponibilidad inmediata.

Otras piezas del rompecabezas chubutense

La administración de Arcioni necesita de otras piezas, que no maneja por sí mismo, para resolver el rompecabezas salarial. Una, con buenas señales en las primeras semanas del año, se vincula al mercado petrolero internacional. En la medida que el precio del barril de crudo pueda sostenerse en torno a los 55 dólares, la provincia podrá aspirar, en combinación con un recupero de la producción caída el año pasado por la pandemia, a recuperar una bolsa de dólares por regalías más cerca de su promedio histórico, es decir por encima de los 25 millones de dólares mensuales, en lugar de los 20 millones que apenas arañó en la última parte del traumático 2020.

La otra variable depende de la economía nacional. Con el precio internacional de la soja en suba y la presión de los sectores exportadores en contra de la brecha cambiaria (entre un dólar oficial de 85 pesos y un mercado paralelo de 150 pesos o más) no es extraño imaginar que el tipo de cambio oficial pueda modificarse en los primeros meses de este año, aun por encima de lo previsto en el presupuesto nacional.

Así, cada dólar que ingrese por regalías, elevará su valor, como si se tratara de un tubo de oxígeno para una economía en terapia intensiva.

Un tercer elemento sí depende del gobierno provincial, pero requiere de su siempre escasa capacidad negociadora con el poder Legislativo provincial. Es que otra de las fichas que busca jugar el gobierno se vincula a la moratoria de Rentas, a fin de poder recuperar parte de la recaudación propia, que el año pasado cayó en un 30 por ciento. Sobre 21.000 millones de pesos que estaba previsto recaudar en el presupuesto del año pasado, una pérdida del 30 por ciento implica más de 6.000 millones de pesos, si es que son ciertas las menciones que se hacen de forma extraoficial sobre el impacto de la paralización económica derivada de la cuarentena. Así, ‘raspando el tarro’ y con algo de viento a favor, es posible que en la segunda parte del año la deuda interna haya sido saneada.

Claro que no todo se reduce, en una provincia prácticamente paralizada, al pago de salarios adeudados. El presupuesto 2021 tiene una escuálida proyección de obra pública, mientras crece la necesidad de incrementar recursos, siempre escasos, para un sistema sanitario jaqueado por la pandemia.

Además, en la agenda 2021 ya aparece el reclamo de recomposición salarial planteado por dirigentes gremiales estatales. “Sería como cortarse el otro brazo, después de haber amputado el primero”, fue la cruda imagen escuchada en ámbitos oficiales, frente a la expectativa planteada para volver a discutir aumentos sobre sueldos que, a casi dos años de haberlos concedido, aun no se pueden terminar de pagar.

Reclaman nuevamente el pago de salarios y aguinaldo atrasados. «Estamos en un comienzo del 2021 diciéndole al gobierno de la provincia que pague los sueldos», dijo Armando Vargas, referente de ATE.

En consonancia con la movilización de la Asociación de Trabajadores Estatales (ATE) a Rawson, donde referentes se reunieron con el vicegobernador, Ricardo Sastre, para plantear la difícil situación de los trabajadores por los salarios atrasados, en Comodoro, un grupo de estatales se movilizó afuera del Hospital Regional.

Armando Vargas, referente de ATE, indicó a ADNSUR que en el marco de las medidas de fuerza del 4 al 11 de enero, decidieron movilizarse está mañana afuera del Hospital Regional y en consonancia con la movilización en Rawson.

«Estamos en un comienzo del 2021 diciéndole al gobierno de la provincia que pague los sueldos que les debe a los trabajadores estatales», ya que en algunos casos los salarios adeudados van en algunos casos hasta los 3 meses.

El dirigente recordó que algunos de los trabajadores a los que les adeudan salarios son del área de salud, que » exponen su vida y que en algunos han fallecido lamentablemente».

También recordó que se adeudan aguinaldos y que la situación no es distinta para los jubilados estatales. «Hoy nos movilizamos en un comienzo de año donde ya veíamos comenzarlo en la calle. Queremos que este gobierno se ponga los pantalones largos, que deje de pagarle a los acreedores y le pague a sus trabajadores», concluyó.

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Economía y Crédito Público, informó que este lunes 21 se realizó el depósito del medio aguinaldo a los empleados de la Administración Pública Provincial. Además, se adelantó que el día viernes 8 de enero se depositará una masa salarial completa para todos los trabajadores.

El dilatado y “fuera de término” pago del SAC de junio y en cuotas rige para los sueldos superiores a 65 mil pesos, a quienes se abona ahora un tercio y los otros dos tercios el 21 de enero y 21 de febrero. El 8 de enero pagarán otra masa salarial.

Desde la cartera de Economía detallaron que el pago del medio aguinaldo, correspondiente al mes de junio (que habitualmente se paga en julio), será para los sueldos menores a 65 mil pesos, al igual que a los trabajadores de los sectores de salud y seguridad, percibirán el medio aguinaldo completo.

Salud anunció paro total si no se acredita el aguinaldo

A pesar de los anuncios oficiales, los trabajadores no confían y -hasta ver el dinero registrado en sus cuentas- no cesarán en sus reclamos, varios de ellos con medidas activas. Así lo determinaron –por ejemplo- los viales y los trabajadores de Salud quienes anunciaron una movilización en la capital provincial.

Carlos Milani, del gremio de los viales, anunció marchas a Casa de Gobierno aunque no con todo el personal que desearían sino con los que están activos. “Siempre tenemos la bronca y el reclamo latente de todo lo que nos pasa, es desgaste de todos los trabajadores y sectores. Es una situación límite. Saldremos a reclamar una solución”, aseveró.

El referente del Sindicato de la Salud Pública, Carlos Sepúlveda, advirtió sobre un paro total mañana si hoy no cobran el aguinaldo. Y aclaró que “la última comunicación fue mediante la Secretaría de Trabajo y que iba a ser antes del 24 de diciembre. Esto genera incertidumbre en la gente. Entendemos que el Gobierno debería marcar algún grado de prioridad sobre el sector de la salud”, manifestó.

Fuente: Agencia OPI Chubut

Los sindicatos con representación estatal organizan una movilización para el martes – día que habrá sesión virtual – frente al temor de que aprueben un proyecto vinculado a la zonificación de la minería.

Sobre el tema de la minería, se observan diversos rechazos de los sectores antimineros de Trelew, Rawson, Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia y Esquel. Asimismo, existe la posibilidad de que la Meseta pueda llevar adelante una actividad que cambiará drásticamente las oportunidades de empleo y crecimiento.

Los diputados sesionarán este martes en forma virtual, y frente al temor de que se trate el proyecto de zonificación que todavía no envío el Gobierno Provincial, se movilizarán a la Legislatura provincial.

Si bien en Twitter algunos usuarios intentaron incentivar a los sectores antimineros por el ingreso de un proyecto de zonificación, la iniciativa aún no ingresó.

Fuente: Metadata

La convocatoria tuvo lugar en Hipólito Yrigoyen y avenida Roca y fue impulsada por la Mesa de Unidad Sindical integrada por la CTA, Upcn, ATE, Atech y Soyeap.

“La situación es trágica, el dinero no nos alcanza bajo ningún punto de vista y tenemos que decir que hay hambre en los trabajadores. Constantemente pedimos reuniones para ver cómo nos van a pagar los sueldos atrasados, pero nunca tenemos respuestas. El gobierno no nos da un plan de pagos porque ni ellos lo saben”, aseguró Carina Morello, secretaria General de la Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut (Atech).

Además de los dos meses de sueldo que el gobierno provincial adeuda a los trabajadores, el reclamo de esta convocatoria, que tiene carácter provincial, pide por la Ley Tributaria Extraordinaria de Chubut, la cual ya fue presentada en Legislatura y contempla la ampliación de la recaudación impositiva, principalmente a las grandes extensiones de tierra y que, según los gremios, permitiría hacer frente a parte de los salarios de manera mensual, señaló El Chubut.