La entidad está analizando cada caso en particular de aquellos empleados que se retiraron y vieron modificaciones en sus haberes, pero también solicitó información al ISSyS para evaluar el impacto del índice a futuro. «Hay trabajadores que están esperando ver si esta situación se revierte o si inician alguna acción judicial», explicó la abogada.

Además, Estefanía agregó que se contactaron con otros gremios y sindicatos que representan a trabajadores del Estado provincial, quienes «también recibieron la misma preocupación por parte de sus asociados». «Es una situación que afecta a todos los empleados públicos provinciales, sean policías, docentes, de Legislatura, y en el resto de los organismos. Es un tema complejo, en el que estamos trabajando desde diciembre a la fecha», detalló.

Estefanía puntualizó además que «para evaluar si este cambio del índice será negativo o no a futuro, en cuanto a jubilaciones, pedimos al instituto toda la información necesaria, pero todavía no tenemos conclusiones totalmente terminadas para saber si será perjudicial en el tiempo o no».

La abogada destacó el diálogo con el ISSyS y calculó que «en unos 15 días podríamos tener la evaluación terminada y allí sabremos la situación jubilatoria de la provincia».

REGIMEN DEL PODER JUDICIAL

Estefanía explicó que «el sistema jubilatorio de los judiciales es igual al de los empleados estatales. Debemos cumplir con los aportes y años de servicio, como cualquier organismo», y que «dependemos del régimen del ISSyS».

La letrada detalló que «en mayo de 2020, el instituto decidió cambiar el índice de actualización de los salarios, el régimen establece un aporte de 30 años, y nuestro primer haber jubilatorio representa el 82% del promedio de las últimas 120 remuneraciones, es decir, el promedio de los últimos 10 años de trabajo».

Pero, en este sentido, agregó que «lo que ocurre es que en un país donde tenemos este problema inflacionario, hay que actualizar los salarios, no se puede hacer un promedio sumando lo percibido en ese lapso», y que «una vez que están actualizados, se saca el promedio, y se establece el 82%, que no es igual al 82% móvil del último salario activo».

Estefanía comentó que «hay dos métodos financieros para actualizar los salarios: uno es el índice de corrección, que es el que se venía aplicando hasta ahora; y otro es el índice tope, y se aplican sobre los números extraídos del instituto».

CAMBIO DE INDICES

Explicó que «el cambio de índice que hizo el instituto significó que, al aplicar el índice tope, que hasta mayo de 2020 se establecía un coeficiente de actualización menor, la jubilación se redujera. En principio, entre un índice y el otro nosotros teníamos una diferencia de un 10 a un 15%».

«Ocurre que quien se jubilaba en mayo de 2020 lo hacía con un porcentaje menor, porque los 120 sueldos hacia atrás eran más bajos que si se hubiera aplicado el índice de corrección. Y desde mayo a la fecha, que es cuando se aplica el tope, el coeficiente es mayor.

Lo que venimos observando junto a los contadores es que esa disminución que se produjo se fue revirtiendo en el tiempo, no es lo mismo jubilarse hace 6 meses que hacerlo ahora, el porcentaje se corrigió, pero tengo que decir que hubo un período en el que generó perjuicio, y también hay que ver si las personas que recibieron este impacto negativo pueden iniciar un reclamo, hasta ahora no judicializaron pero sí hicieron presentaciones ante el instituto», indicó Estefanía.