El Gobierno sigue manteniendo su decisión congelar el precio de los combustibles hasta el 12 de noviembre. Este lunes el precio del barril de petróleo aumentó más de 14% tras el impacto de los atentados con drones a los pozos de crudo de Arabia Saudita, pero aún así el Ejecutivo ratificó que mantendrá el congelamiento de las naftas decidido tras las PASO con el que busca ponerle tope a la inflación, que este mes se encamina a superar el 6%. A través de un decreto se dispuso mantener sin cambios estos precios por 90 días, plazo que vence el 12 de noviembre.
Al respecto, el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, declaró: «Lo que ocurrió hoy es muy disruptivo ya que aumentó el crudo casi 10 dólares. Esto define el costo del precio de las empresas. Quedamos en ver cuál es la evolución y a partir de ahí, analizar si hay que tomar alguna decisión como se han tomado hasta ahora, entendiendo que las medidas que hemos tomado no son las que queremos sino que son consecuencias de los desequilibrios económicos que se sucedieron tras las PASO», dijo.
Que el congelamiento se mantenga no implica que todo seguirá sin cambios. De hecho desde que se mandaron los combustibles al freezer el Gobierno ya flexibilizó el acuerdo. Primero liberó los precios del segmento mayorista y ahora estableció una compensación para aumentar, marginalmente, el monto que reciben los productores por cada barril que venden en el mercado local. Y también fijó compensaciones para las provincias petroleras.
Ayer se publicó en el Boletín Oficial la resolución 552 que especifica que se mantendrá el barril de crudo congelado en US$59 -contra los US$ 70 a los que cotiza en el mercado internacional- y que se llevará el tipo de cambio que perciben los productores de US$ 45,19 a US$ 49,50, contra US$ 56,28 a los que cerró ayer el dólar mayorista.
Para llegar a esos US$ 49,50 el gobierno les transferirá $ 102,7 por barril a las empresas y $ 13,93 a las provincias petroleras. Esto tendrá un costo para la Nación de $ 1.550 millones. Pero como el diablo se esconde en los detalles, la resolución sumó una condición que según las petroleras y las provincias no formaba parte de las discusiones previas: para percibir la compensación deben desistir de las demandas que iniciaron contra la Nación a raíz del congelamiento.
Hasta ahora, las demandas fueron presentadas por las provincias de Río Negro y Neuquén y por la petrolera Vista, la empresa de Miguel Galuccio, ex YPF. Estos tres actores ratificaron ayer que seguirán adelante con sus reclamos judiciales. «Vamos a rechazar el subsidio de manera categórica», dijeron desde Vista. «No solo está lejísimo de compensar el daño que los productores estamos sufriendo, sino que tampoco sirve ante la brecha que se abrió frente al precio internacional». Y sostuvieron que el pedido de desistir de las acciones legales «carece de todo fundamento jurídico». También los gobernadores de Neuquén, Omar Gutiérrez, y de Río Negro, Alberto Weretilneck, confirmaron que rechazarán esta cláusula.
«Al viernes teníamos los precios en el surtidor 35% por debajo de lo que cuesta producir el combustible. Con este salto nos vamos a más de 40% abajo», dijo a Clarín una de las petroleras que no demanda al Estado. La incertidumbre se potencia cuando piensan en los que ocurrirá cuando se cumplan los 90 días del acuerdo. «Hoy el litro de nafta está en US$ 0,8 cuando debería valer US$ 1,2. Cuando descongelen estalla todo», recalcaron.
Otros fueron más allá y remarcaron que con este esquema Vaca Muerta es inviable. «Las inversiones están paralizadas. Ninguna empresa está mirando Vaca Muerta para invertir en 2020».
«Estoy de acuerdo con el congelamiento porque se hizo en un momento en el que todas las variables se fueron de control. Dejar que la nafta se fuera a $ 70 hubiera tenido un impacto extraordinario en la inflación. El congelamiento es transitorio, es una medida de emergencia. Si el dólar se mantiene en este valor no creo que se genere un gran problema el día 91». Y resaltó que «si Vaca Muerta es inviable en este contexto, entonces no resistiría los precios de la década de 90, cuando el barril estaba entre US$ 10 y US$ 15 el barril. Esto quiere decir que Vaca Muerta no es la salvación, sino una gran incógnita. El próximo gobierno tendría que volver a analizar la viabilidad del proyecto», dijo a Clarín Jorge Lapeña, ex secretario de Energía.