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Al menos 26 vecinalistas de la ciudad estuvieron presentes en la audiencia prevista por el reclamo de aumento de los servicios de la Sociedad Cooperativa popular Limitada y tras su participación exponiendo sus puntos de vista “en defensa de nuestros vecinos”, ayer redactaron un breve pero contundente manifiesto reiterando su rechazo “al tarifazo de la SCPL”.

Desde el comienzo del escrito, el grupo de vecinalistas expresaron sus dudas respecto a los resultados que pueda ofrecer una espacio para expresar sus ideas cuando los reclamos, finalmente, “no son vinculantes” y plantean sus dudas respecto a si la audiencia pública “era para expresarse libremente o para la gente de la SCPL”.

En otro de los párrafos señalan que “lo que llama la atención es que todavía creen que pueden engañar a la gente porque no faltó nadie de la cooperativa para defender los intereses del monopolio, como agrupaciones y oradores, todos de la agrupación del Sr. Costes”, entre otros.

De acuerdo con lo señalado por Silvia Navarro como vocera del grupo vecinalista, el texto del documento trató de ser justo y preciso, destacando en el manifiesto que “nosotros, los vecinalistas que cuidamos a nuestros vecinos, seguiremos defendiendo los derechos de los mismos, y seguimos en pie de lucha”.

Finalmente, expresan públicamente “a nuestros representantes del pueblo les decimos que nos amparamos en la Carta Orgánica municipal, capítulo 2, Art 14, inciso 6 al 10, y nos apoyamos en nuestra Constitución Nacional en sus arts. 22 y 42 respectivamente, y decimos que rechazamos de forma contundente el aumento desproporcionado y desacertado de la SCPL”.

El documento fue firmado por los vecinalistas referentes de Bella Vista Norte, Bella Vista Sur, Ceferino Namuncurá, Cerro Solo, Cordón Forestal, Diadema Argentina, Fontana, General Mosconi, Isidro Labrador, José Fuchs, Juan Corti, La Floresta, Laprida, Malvinas Argentina, Pietrobelli, Presidente Ortiz, Pueyrredón, Rodríguez Peña, Saavedra, San Cayetano, 25 de Mayo y 9 de Julio.

Fuente: Crónica

El Gobierno autorizó un aumento del 5% en los precios de las naftas y el gasoil, como venían reclamando las petroleras, y de ese modo puso fin al congelamiento que tenía vigencia hasta el 13 de noviembre próximo.

YPF aumentó los valores y esta madrugada la medida ya había impactado en los surtidores de la capital entrerriana, según confirmó Elonce.

Los nuevos precios, según adelantaron desde las estaciones de servicio a este medio son los siguientes:

Así, la nafta súper que costaba 50,09 pasó a 52,59.

La nafta Infinia subió de 56,24 a 59,09 pesos.

En tanto, el Infinia diesel que estaba a 54,79 pesos cuesta desde hoy 57,54.

Finalmente, el Diesel 500 pasó de 45,94 pesos a 48,24.

«Los precios de los combustibles están atrasados un 20%», dijo Daniel González, CEO de YPF en la Exposición Internacional del Petróleo y del Gas. Pero le quitó dramatismo al asunto al decir que hubo momentos el año pasado en los cuales la diferencia entre el precio que paga la empresa por el petróleo y el valor de venta de los combustibles fue mayor. YPF ya había hecho público que el costo del congelamiento de naftas, decretado por el Gobierno, le generaba pérdidas de entre 100 y 120 millones de dólares por mes.

La autorización de la Secretaría de Energía para aplicar una suba del 4% la semana pasada sirvió para paliar el incremento que había tenido el precio internacional del barril que se toma de referencia en el mercado local, pero el congelamiento sigue firme hasta el 15 de noviembre. Ayer, la cotización del Brent cerró a US$62,43, todavía arriba de los US$59 a los que está fijado el barril en la Argentina, pero con una diferencia menor al pico de US$68 al que llegó tras el ataque a Arabia Saudita, uno de los principales productores del mundo.

La diferencia mayor, sin embargo, está en el tipo de cambio que fijó el Gobierno en $49,30, en comparación con los $56,90 a que cerró ayer el dólar en el mercado mayorista, publica el diario La Nación.

Esto resulta, según la empresa, en un precio del barril que reciben los productores a US$45, lo que podría perjudicar la sustentabilidad de algunas inversiones a futuro.

«Algunos proyectos necesitan precios más altos. Para que se desarrollen, tienen que ser sustentables en sí mismos», dijo González en el evento organizado por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG), acompañado por el presidente de YPF, Miguel Gutiérrez.

«Todo lo que genera YPF lo invierte en la industria. Si generamos menos, tenemos menos para invertir. Tenemos que adaptar nuestros gastos a los ingresos», dijo Gutiérrez, que además señaló que lo mejor será salir del congelamiento de precios lo antes posible. «Ya tuvimos un atraso del 20% en las naftas en momentos anteriores y no es difícil de gestionar, ya lo hemos hecho con disciplina», agregó el presidente.

Una de las medidas que tomaron en la compañía para afrontar los menores ingresos fue fijar también el tipo de cambio a todos los servicios que les brindan sus proveedores. «Esperamos que sea por un tiempo limitado», dijeron en YPF, que además señalaron la importancia de que el país pueda volver al crédito, sobre todo para una industria que es intensiva en capital.

«Estamos recién iniciando el proceso de planeamiento del año próximo. En muchos proyectos tenemos socios con los cuales hay que consensuar. Puede que haya menos perforaciones, pero también estas son más productivas y no necesariamente implique una caída en la producción», dijo González.

El Gobierno sigue manteniendo su decisión congelar el precio de los combustibles hasta el 12 de noviembre. Este lunes el precio del barril de petróleo aumentó más de 14% tras el impacto de los atentados con drones a los pozos de crudo de Arabia Saudita, pero aún así el Ejecutivo ratificó que mantendrá el congelamiento de las naftas decidido tras las PASO con el que busca ponerle tope a la inflación, que este mes se encamina a superar el 6%. A través de un decreto se dispuso mantener sin cambios estos precios por 90 días, plazo que vence el 12 de noviembre.

Al respecto, el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, declaró: «Lo que ocurrió hoy es muy disruptivo ya que aumentó el crudo casi 10 dólares. Esto define el costo del precio de las empresas. Quedamos en ver cuál es la evolución y a partir de ahí, analizar si hay que tomar alguna decisión como se han tomado hasta ahora, entendiendo que las medidas que hemos tomado no son las que queremos sino que son consecuencias de los desequilibrios económicos que se sucedieron tras las PASO», dijo.

Que el congelamiento se mantenga no implica que todo seguirá sin cambios. De hecho desde que se mandaron los combustibles al freezer el Gobierno ya flexibilizó el acuerdo. Primero liberó los precios del segmento mayorista y ahora estableció una compensación para aumentar, marginalmente, el monto que reciben los productores por cada barril que venden en el mercado local. Y también fijó compensaciones para las provincias petroleras.

Ayer se publicó en el Boletín Oficial la resolución 552 que especifica que se mantendrá el barril de crudo congelado en US$59 -contra los US$ 70 a los que cotiza en el mercado internacional- y que se llevará el tipo de cambio que perciben los productores de US$ 45,19 a US$ 49,50, contra US$ 56,28 a los que cerró ayer el dólar mayorista.

Para llegar a esos US$ 49,50 el gobierno les transferirá $ 102,7 por barril a las empresas y $ 13,93 a las provincias petroleras. Esto tendrá un costo para la Nación de $ 1.550 millones. Pero como el diablo se esconde en los detalles, la resolución sumó una condición que según las petroleras y las provincias no formaba parte de las discusiones previas: para percibir la compensación deben desistir de las demandas que iniciaron contra la Nación a raíz del congelamiento.

Hasta ahora, las demandas fueron presentadas por las provincias de Río Negro y Neuquén y por la petrolera Vista, la empresa de Miguel Galuccio, ex YPF. Estos tres actores ratificaron ayer que seguirán adelante con sus reclamos judiciales. «Vamos a rechazar el subsidio de manera categórica», dijeron desde Vista. «No solo está lejísimo de compensar el daño que los productores estamos sufriendo, sino que tampoco sirve ante la brecha que se abrió frente al precio internacional». Y sostuvieron que el pedido de desistir de las acciones legales «carece de todo fundamento jurídico». También los gobernadores de Neuquén, Omar Gutiérrez, y de Río Negro, Alberto Weretilneck, confirmaron que rechazarán esta cláusula.

«Al viernes teníamos los precios en el surtidor 35% por debajo de lo que cuesta producir el combustible. Con este salto nos vamos a más de 40% abajo», dijo a Clarín una de las petroleras que no demanda al Estado. La incertidumbre se potencia cuando piensan en los que ocurrirá cuando se cumplan los 90 días del acuerdo. «Hoy el litro de nafta está en US$ 0,8 cuando debería valer US$ 1,2. Cuando descongelen estalla todo», recalcaron.

Otros fueron más allá y remarcaron que con este esquema Vaca Muerta es inviable. «Las inversiones están paralizadas. Ninguna empresa está mirando Vaca Muerta para invertir en 2020».

«Estoy de acuerdo con el congelamiento porque se hizo en un momento en el que todas las variables se fueron de control. Dejar que la nafta se fuera a $ 70 hubiera tenido un impacto extraordinario en la inflación. El congelamiento es transitorio, es una medida de emergencia. Si el dólar se mantiene en este valor no creo que se genere un gran problema el día 91». Y resaltó que «si Vaca Muerta es inviable en este contexto, entonces no resistiría los precios de la década de 90, cuando el barril estaba entre US$ 10 y US$ 15 el barril. Esto quiere decir que Vaca Muerta no es la salvación, sino una gran incógnita. El próximo gobierno tendría que volver a analizar la viabilidad del proyecto», dijo a Clarín Jorge Lapeña, ex secretario de Energía.

Afirman que el ajuste es consecuencia de la suba de costos y remarcan que podrá ser afrontado por la demanda porque los empresarios rurales se están beneficiando con la devaluación y las industrias ya aplicaron aumentos que llegan al 30 por ciento.

Luego de que el gobierno liberara los precios del combustible en el canal mayorista, las refinadoras les aplicaron aumentos de hasta un 20 por ciento a sus grandes clientes, principalmente industrias y explotaciones agropecuarias.

Las petroleras afirman que el ajuste es consecuencia de la suba de costos y remarcan que podrá ser afrontado por la demanda porque los empresarios rurales se están beneficiando con la devaluación, mientras que las industrias que venden al mercado interno ya aplicaron aumentos que llegan al 30 por ciento en las últimas semanas.

Estos aumentos son consecuencia de la flexibilización que el lunes introdujo el gobierno en el congelamiento de precios a través del decreto 601/19. El barril de crudo que se toma como referencia para las estaciones de servicio pasó de 45,19 a 46,69 pesos. Además, se estableció un subsidio de 2,81 pesos por dólar para las petroleras, lo que en los hechos hace que el precio que reciben pueda llegar a 49,50 pesos, siempre que el gobierno pague el subsidio -según consigna Ecojournal-.

El Gobierno confirmó que el aumento de la tarifa de gas se postergará hasta enero de 2020, tal como había adelantado el secretario de Energía y como se oficializó este miércoles en el Boletín Oficial.

El ajuste estaba previsto para octubre, cuando debía entrar en vigencia la segunda actualización anual de la tarifa. La primera, en marzo, fue de un 29%, de forma escalonada. Pero, por la aplicación de una tarifa plana para los hogares entre junio y septiembre, ese aumento fue absorbido por el Estado y sería trasladado en octubre a los consumos familiares.

Sin embargo, Gustavo Lopetegui anticipó que la segunda actualización anual se haría en enero. Y este miércoles se confirmó a través de la Resolución 521/2019 de la Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Hacienda.

Entre los puntos considerados, la resolución señalada que si se emitiesen los correspondientes cuadros tarifarios, «en las actuales circunstancias macroeconómicas, podrían generarse efectos adversos en materia de reactivación del consumo y de la actividad económica en general».

El texto remarca que, a diferencia de lo sucedido en la primera parte del año, «el Estado Nacional se encuentra llevando adelante un programa de convergencia al equilibrio fiscal que le impide, en esta oportunidad, hacer frente a la compensación que implicará el diferimiento de tal ajuste».

Por ello, la compensación del «diferimiento de los ajustes tarifarios previstos» se hará a través de una readecuación del plan de inversiones de las licenciatarias de transporte y distribución de gas.

Esas entidades fueron convocadas a presentar ante el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) en los próximos treinta días la readecuación de «las inversiones obligatorias a su cargo», que no podrá «afectar en modo alguno el cumplimiento de sus obligaciones frente a los usuarios» en términos de «la seguridad y continuidad de la prestación del servicio», así lo reseña Elonce.

La medida que golpeará el bolsillo de unas 7 millones de personas en todo el país fue oficializado este viernes a través de la Resolución 1701/2019 publicada en el Boletín Oficial, con la firma del secretario de Salud, Adolfo Luis Rubinstein.

El funcionario autorizó a todas las Entidades de Medicina Prepaga a aplicar un aumento general, complementario y acumulativo de aquel que fuera aprobado el 24 de mayo de hasta 4% a partir del 1º de octubre de 2019 y de hasta 4% adicional y acumulativo a partir del 1º de noviembre de 2019.

«Las entidades de medicina prepaga deberán extremar los recaudos necesarios para notificar de manera fehaciente a los usuarios, a fin de que aquellos tengan cabal información de dichos aumentos», dice el texto oficial.

De esta manera, con cargo a este año, se otorgaron 6 aumentos: del 7,5% desde el 1 de mayo, más 3 aumentos acumulativos de 17,5% por julio, agosto y septiembre y ahora 4% en octubre y 4% en noviembre: todo arroja un incremento total del 36,6%.

La autorización para las subas fue cursada después de que la Superintendencia de Servicios de Salud evaluara el incremento de costos operativos del sector por la inflación que afecta a la economía y la suba del dólar, lo que impacta en los precios de los insumos importados, así lo reseña Diario Jornada.

Mientras distribuyen las facturas de septiembre, que traerán un aumento ya anunciado del 6%, las empresas de medicina prepaga comenzaron a enviar cartas en las que notifican a sus afiliados sobre otros incrementos que pretenden aplicar sobre las cuotas en los meses siguientes.

Aún no se publicó en el Boletín Oficial la resolución oficial que avale nuevas subas, pero las empresas del sector dan por descontado que eso sucedería en cuestión de horas. Y que el Gobierno, informalmente, ya dio su aval para que ajusten los planes un 4% en octubre y otro 4% en noviembre.

«El organismo de contralor ha dispuesto un aumento del 4% a partir del próximo 1° de octubre y del 4% a partir del próximo 1° de noviembre», detalla, por ejemplo, un correo que electrónico que recibieron en las últimas horas afiliados de la prepaga Galeno, con fecha de este miércoles. El texto justifica esa modificación en el «impacto de los mayores costos ya incurridos hasta la fecha», según publica el diario Clarín.

«El Gobierno ya dio el OK. Es un aumento que había sido acordado antes de las elecciones, para compensar el aumento de costos correspondiente a la paritaria del sector», aseguraron a Clarín en otra de las mayores prepagas del país.

«El secretario de Salud lo confirmó. Se oficializaría antes del fin de semana», coincidió este miércoles un empresario que participó de la negociación y también pidió mantener en reserva su identidad. En la Superintendencia de Servicios de Salud, en tanto, se limitaron a decir que «por ahora no hay nada autorizado», pero no se animaron a asegurar que las cuotas no tendrán cambios.

Este año las prepagas recibieron permiso para aumentar los planes 5% en febrero, 7,5% en marzo, 5,5% en julio, 6% en agosto y otro 6% el mes que viene. El año pasado, además, había terminado con alzas del 8% en octubre y del 8,5% en noviembre.

Teniendo todo eso en cuenta, los dos nuevos aumentos que empezaron a notificar las empresas serían el sexto y el séptimo del 2019. Si al final se concretan, en noviembre, las cuotas acumularán un avance del 44,7% en lo que va del año, y del 57% respecto de lo que valían 12 meses atrás.

Así, por ejemplo, un plan médico básico habrá pasado, para un joven treintañero, de $ 3.268 en noviembre de 2018 a $ 4.744 el mes que viene, y a $ 5.131 en noviembre próximo, así lo reseña Elonce.

Por falta de quórum no se pudo reunir la Comisión de Receso que debía tratar los proyectos de incremento tarifario del transporte de colectivo, taxis y remises, además de la restauración del subsidio, por lo que estos temas podrían tratarse en comisiones permanentes una vez iniciadas las sesiones ordinarias de la casa de las leyes.

La concejal de Hacer Por Rawson, María Laura Nievas, indicó que junto a sus pares Araceli Di Filippo y Dulio Monti fueron los únicos asistentes a la reunión. «Entendemos que son cuestiones importantes, pero lamentablemente no todos tenemos la misma visión», se lamentó la edil, añadiendo que también integran esa comisión Sebastián Curtale, Gisel Genoff y Daniel Paredes. Sobre este último hizo la salvedad respecto que no se encontraría en la ciudad; mientras que los otros, presuntamente al momento de la reunión estaban en la sede legislativa, aunque se desconocen las razones que impidieron participar.

Tampoco hubo novedades sobre el proyecto de incremento de las tarifas de la Cooperativa de Servicios Públicos. En este sentido la concejal Nievas advirtió que pese a los anuncios realizados por la intendente Rossana Artero en el sentido que enviaría un proyecto propiciando el aumento de las tarifas de la Cooperativa de Servicios Públicos, transcurrida casi la totalidad de la semana hábil pasada, nada ingresó en torno a ese tema, a la sede del cuerpo legislativo municipal.

El Chubut

Una nutrida movilización recorrió las calles y fue después hasta la ANSES para protestar por los constantes aumentos de tarifas y reclamar por los beneficios sociales.

Un grupo de manifestantes se reunió ayer frente a las instalaciones de Anses en la calle Pellegrini de Trelew a fin de reclamar por los constantes ajustes que se sufren en las facturaciones de los servicios y la quita de beneficios sociales.

Claudia Marillán, representante de Barrios de Pie Chubut dijo que “estamos en el marco de una jornada nacional. Queremos reclamar contra tarifazos y la reapertura del Plan Hogar y garrafas para quienes lo necesiten”.

Aseguró la vocera que “en Cooperativa Eléctrica no había nadie para atendernos. En Anses tuvimos un diálogo. Tenemos que organizarnos para que algunos compañeros vuelvan al Salario Social Complementario. Llegamos a buen término. Realizarán la actualización. Pero no hay fuentes laborales. Es imposible pagar los tarifazos, pagar los servicios. No medimos nada. Nos toca a todos”.

Diario Jornada