El presidente de Perú, Martín Vizcarra, resolvió este lunes la disolución del Congreso de la República, al considerar denegada la cuestión de confianza planteada por el Ejecutivo, y horas después, el Congreso aprobó la suspensión temporal del mandatario y juramentó a la vicepresidenta, Mercedes Aráoz, como Jefa de Estado interina.
«Ante la negación fáctica de confianza, decidí disolver el Congreso y llamar a elecciones de congresistas de la República», anunció Vizcarra, después que el Congreso eligió este lunes a un nuevo miembro del Tribunal Constitucional (TC) sin debatir el recurso constitucional, presentado por el mandatario, para intentar frenar ese proceso.
El Parlamento tenía previsto elegir a seis de los siete miembros de ese organismo, y ya había avanzado en la designación de uno, Gonzalo Ortiz de Zevallos, quien logró los 87 votos necesarios para ser magistrado.
La cuestión de confianza proponía la modificación del proceso de elección de candidatos al TC, bajo el argumento de que, de lo contrario, no se realizaría de manera transparente.
El fujimorismo, opositor a Vizcarra, tiene mayoría absoluta. Más de 70 congresistas pertenecen a esa fuerza, y junto con aliados reúnen más de 80 miembros, en un congreso unicameral de 130 legisladores.
Para Vizcarra, entonces, en esa elección los parlamentarios buscarían designar a magistrados «que respondan a sus intereses, que no son los intereses de la nación», por lo que solicitaba que su selección fuese bajo otra metodología.
A través de un decreto supremo publicado en el diario oficial El Peruano, el Gobierno de Vizcarra ha convocado elecciones legislativas el 26 de enero de 2020 «para que complete el periodo constitucional del Congreso disuelto».
Una disolución a destiempo
«Que sea finalmente el pueblo el que decida. El cierre que dispongo está dentro de mis facultades contenidas en la Constitución. Dando fin a esta etapa de entrampamiento político. Que se defina en las urnas el futuro del país», manifestó el presidente en un discurso leído desde el Palacio de Gobierno para declarar la disolución del Congreso.
En las calles de Lima, manifestantes oficialistas celebraron la disolución del Legislativo y apoyaron a Vizcarra. Sin embargo, en el mismo momento en que el mandatario se dirigía a la nación, el Congreso aprobó otorgarle la cuestión de confianza planteada en la mañana por el primer ministro, Salvador del Solar.
La votación tuvo el respaldo de 50 congresistas, mientras que 31 se posicionaron en contra y hubo 13 abstenciones. De acuerdo al presidente del Parlamento, Pedro Olaechea, la decisión sería comunicada en breve al jefe de Estado.
Según la constitución de Perú, el presidente tiene la potestad de disolver el Congreso si este le niega la cuestión de confianza, respecto a una política que desea aplicar, a dos Gabinetes del mismo Gobierno.
En 2017, el parlamento rechazó la confianza a Fernando Zabala, expresidente del Consejo de Ministros.
Moción de vacancia para el presidente Vizcarra
Minutos después de que Vizcarra resolviera la disolución del Congreso de la República, a pesar de que el Parlamento le había dado luz verde casi en simultáneo, los legisladores opositores comenzaron a discutir la suspensión temporal por un año al mandatario por «incapacidad moral».
Se trata de otro recurso previsto en la Constitución, y que fue planteado por la congresista Yeni Vilcatoma, al considerar que Vizcarra cometió una «conducta inmoral», al haber disuelto el Congreso cuando sus miembros se disponían a tratar la cuestión de confianza.
Tras la votación, el Congreso peruano aprobó la suspensión de Vizcarra por un periodo de 12 meses. La vicepresidenta Mercedes Aráoz juramentó de manera interina y temporal.
«Asumo la presidencia respondiendo a que el presidente Martín Vizcarra ha fallado al no cumplir con tres artículos constitucionales», declaró Mercedes Aráoz al juramentar ante el Congreso peruano.
«Sé que hubo muchos esfuerzos de este Congreso por llegar a consensos. Debemos seguir trabajando para que esas reformas se lleven a cabo», agregó Aráoz.
Mensaje a los organismos internacionales
El Congreso de Perú denunció en su cuenta de Twitter que no es la primera vez que el presidente Vizcarra argumenta cuestiones de confianza con la amenaza de la disolución del Congreso para «obtener la aprobación de sus propuestas».
Ante lo que denominaron como una «amenaza a la democracia» y al «orden constitucional», los miembros del Congreso peruano enviaron cartas al presidente de la Asamblea General de Naciones Unidas, Tijjani Muhammad-Bande, al secretario general de la ONU, António Guterres, y al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.
Qué puede pasar
El escenario político en Perú, donde se libra una batalla entre los poderes Ejecutivo y Legislativo con interpretaciones de la Constitución diversas, es por estas horas extremadamente complejo.
Tras la disolución del Congreso por parte del presidente, existe la posibilidad de que el jefe de Estado utilice la fuerza pública —podría actuar la Policía y en última instancia las Fuerzas Armadas— para desalojar el edificio parlamentario.
Según establece la Constitución, la Comisión permanente del Congreso debería sesionar respecto a la decisión del presidente, y, en un lapso no mayor a cuatro meses, deberían convocarse a nuevas elecciones parlamentarias.
De acuerdo a lo que establece el artículo 135, dentro de ese período el Poder Ejecutivo «legisla mediante decretos de urgencia, de los que da cuenta a la Comisión Permanente para que los examine y los eleve al Congreso, una vez que éste se instale».
Una vez compuesto el nuevo Congreso, los parlamentarios que entran en funciones se reúnen con la potestad de censurar al Consejo de Ministros —órgano que conforman todos los ministros del Estado peruano—, o negarle la cuestión de confianza, una vez que el titular del Consejo haya expuesto ante el Congreso las razones que tuvo el Ejecutivo para disolver el Parlamento.
En tanto, de no celebrarse la elección dentro de los cuatro meses previstos, el Congreso disuelto «se reúne de pleno derecho, recobra sus facultades, y destituye al Consejo de Ministros», indica la Carta Magna peruana. Sin embargo, la juramentación de la vicepresidenta agrega un elemento que alimenta aún más la incertidumbre sobre el futuro político de la nación en las próximas horas, así lo reseña RT.