Puede retirar a la Oficina Anticorrupción, la Unidad de Información Financiera y la AFIP como querellantes en las causas. O mantenerlas, pero desistir de las acusaciones.
¿Puede Alberto Fernández acusar a Cristina Kirchner? El escenario judicial de la electa vicepresidenta de la Nación es complejo, y su compañero de fórmula lo sabe. Pero durante toda la campaña se ocupó de distinguir que la justicia debía investigarlo todo, aunque ella es inocente de los once procesamientos y siete pedidos de prisión preventiva con los que cuenta. Ahora, el electo presidente deberá nombrar a los responsables de los organismos estatales que deben sentarse en los juicios por corrupcióncontra la actual senadora. No será el único caso. La decisión alcanzará a Lázaro Báez, Julio De Vido, Cristóbal López.
Hay al menos tres organismos del Estado que tendrán incidencia directa sobre Cristina Kirchner en la justicia federal. Se trata de la Oficina Anticorrupción (OA), la Unidad de Información Financiera (UIF) y la AFIP. Hasta la fecha, esas tres dependencias públicas son querellantes en muchas causas de corrupción contra la ex presidenta y ex funcionarios kirchneristas. Es decir que en los juicios orales se sientan como partes acusadoras, y al igual que los fiscales son responsables de pedir condenas.
El juicio que se encuentra en curso es el del direccionamiento de la obra pública a favor de Lázaro Báez. En este caso, el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) juzga a Cristina como jefa de una asociación ilícita que habría defraudado al Estado al otorgarle 51 contratos viales al Grupo Austral por 46.000 millones de pesos.
En este juicio la OA, la UIF y la Dirección Nacional de Vialidad son los organismos estatales que acusan a la senadora y otros doce imputados, entre ellos Julio De Vido, José López, Carlos Kirchner y Báez. Después del 10 de diciembre, los nuevos representantes de esas instituciones reemplazarán a quienes cada lunes están en el juicio.
En abril, se espera que el TOF 4 dicte la sentencia contra Báez en el juicio por «la ruta del dinero K», donde se lo acusa de haber lavado 60 millones de dólares entre 2010 y 2013. Allí, los acusadores son la OA, la UIF y la AFIP. El organismo recaudador también es querella en el juicio contra Cristóbal López por haber defraudado al Estado en 8.000 millones de pesos por no pagar con su empresa petrolera el Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC).
Son sólo algunos ejemplos de causas resonantes en los que ocurrirá el singular fenómeno. En el primer semestre de 2020, el TOF 5 espera iniciar el juicio contra Cristina, Máximo y Florencia Kirchner por lavado de dinero en las causas Hotesur y Los Sauces, y una vez más el Estado es acusador en ese expediente. Algo similar sucederá con los juicios contra Julio De Vido, como el de la malversación de fondos que debían dirigirse a la mina de carbón de Río Turbio, donde la OA es una de las querellas.
En la causa conocida como los cuadernos de las coimas, la UIF es querellante. En esa investigación, elevada a juicio oral por el juez Claudio Bonadio, la electa vicepresidenta está acusada también de ser jefa de una supuesta asociación ilícita, que durante doce años se habría dedicado a recaudar sobornos.
El electo presidente Alberto Fernández puede mantener las acusaciones a través de los funcionarios que designe en los organismos querellantes. Pero también tiene otra alternativa: desistir del pedido de penas durante los alegatos, algo que hizo Mauricio Macri, cuando retiró la acusación a los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia en la causa por el supuesto encubrimiento del atentado contra la AMIA. Los abogados de la Unidad AMIA, que depende del Ministerio de Justicia de Germán Garavano, fueron quienes tomaron esta decisión, informó El Clarín.