El gobernador Mariano Arcioni autorizó al ministro coordinador de Gabinete, Federico Massoni, a accionar e instrumentar todas las medidas necesarias en fueros provinciales y federales para preservar el orden institucional. No necesitará de Fiscalía de Estado para denunciar, demandar y contestar traslados con el objetivo de restablecer la paz social, el orden público, la circulación en las rutas y el libre acceso a los establecimientos educativos.
EL CHUBUT accedió al decreto 1115 que manifiesta que frente a las actuales circunstancias de conflictividad social que implican protestas y otras medidas que involucran cortes de rutas nacionales y provinciales, toma, ocupación y destrucción de edificios públicos y obstrucción de vías de acceso a las principales ciudades de la Provincia, resulta eficaz facultar a Massoni para accionar en cualquier esfera judicial para restablecer el orden público.
«Que sin perjuicio de las facultades propias de la Fiscalía de Estado y la intervención que a esta le compete y a los fines de dotar de mayor celeridad a la eventual formulación de denuncias o interposición de las acciones judiciales en Tribunales cualquiera sea su competencia, fuero o jurisdicción, conducentes al mantenimiento de la paz y el orden público, mediante el restablecimiento de la normalidad y el pleno funcionamiento de las instituciones y órganos del Estado, la libre transitabilidad en las rutas nacionales y provinciales, el libre acceso a los establecimientos educativos, administrativos, productivos y operativos de la provincia, resulta eficaz facultar de manera expresa al ministro Coordinador de Gabinete para esta finalidad», detalla el decreto.
Este poder de acción que le otorgan a Massoni tiene como fin la preservación del orden constitucional, la defensa de la sociedad y la integridad de los habitantes y su patrimonio.
El presidente del bloque Frente Para la Victoria, Blas Meza Evans, dijo que el decreto «empodera» a Massoni y «evade las facultades propias de la Fiscalía de Estado, quien representa al Estado, tanto en la órbita civil como en la penal».
«Es un poco extraño el decreto. Pareciera que no es el camino correcto. Quién está en la pelea cotidiana con los sindicatos, que tenga las facultades de iniciar denuncias penales, es agregarle nafta al fuego», puntualizó Meza Evans.
