El abogado advirtió que reducir la edad a 14 años no garantiza resultados y llamó a debatir si la sociedad busca castigo o rehabilitación. Propuso trazabilidad de celulares en cárceles y cuestionó la falta de políticas de resocialización real.
En pleno debate por la posible reforma que llevaría la edad de imputabilidad a los 14 años, el abogado Francisco Oneto introdujo una mirada técnica que desmonta las expectativas de solución inmediata frente a la inseguridad. En diálogo con Radio Rivadavia, el especialista fue contundente: «El derecho penal no está para prevenir el delito, está para tutelar los efectos del delito». Según Noticias Argentinas.
Según Oneto, la sanción penal funciona como una «aspirina» que solo se toma cuando el dolor de cabeza ya apareció, pero que de ninguna manera previene la enfermedad social que origina la delincuencia. Su análisis pone el foco en las contradicciones del sistema y en la necesidad de sincerar el debate sobre el castigo y la resocialización.
La contradicción normativa: a los 10 años se discierne, a los 14 se imputa
Uno de los puntos centrales que planteó Oneto es la falta de armonía en el ordenamiento jurídico argentino. Según explicó, el Código Civil y Comercial establece que el discernimiento para los actos ilícitos se adquiere a los 10 años. «Vos a los 10 años sabés lo que está bien y lo que está mal», señaló, aunque aclaró que no se trata de una postura personal a favor de esa edad, sino de una observación sobre la coherencia normativa.
Sin embargo, advirtió que bajar la imputabilidad a los 14 años no traerá los resultados esperados. «Dudo que vayas a conseguir los efectos que se buscan. No es que a partir de ahora los menores van a dejar de delinquir, sino que eventualmente delinquirán y recibirán sanción», sostuvo.
El mito del menor que «se va a su casa»
El abogado también buscó desterrar una creencia instalada en el sentido común: que los menores de 16 años que cometen delitos graves quedan en libertad sin consecuencias. «Hay un mito divulgado que está mal, que es este mito de que el menor de 15 que mata se va a la casa. La ley actual establece que el juez dispone del menor y lo manda a un instituto», precisó.
En ese sentido, diferenció claramente entre la pena —que hoy reciben los mayores de 16— y la tutela que se aplica a los no punibles. El verdadero problema, según Oneto, no es la falta de intervención estatal, sino la calidad de esa intervención y la ausencia de políticas de resocialización efectivas.
Trazabilidad tecnológica: una alternativa al control carcelario
Otro de los ejes de su análisis apuntó a la situación en las cárceles y el uso de teléfonos celulares desde los pabellones. Lejos de la lógica prohibicionista, Oneto planteó que la clave no es impedir el ingreso de dispositivos, sino controlarlos.
«Debería haber trazabilidad en los celulares. Si a un preso le dan un teléfono, el Estado debe saber el número de IMEI y quién se lo dio. Cuando se organiza un crimen, se sabe quién es», propuso.
La idea apunta a romper con la ineficiencia de un sistema que no puede evitar el ingreso de celulares a las cárceles, pero que tampoco aprovecha esa realidad para monitorear y prevenir delitos desde adentro.
Castigo o rehabilitación: la grieta que el Estado no resuelve
Finalmente, Oneto instó a la dirigencia y a la sociedad a un sinceramiento sobre el sistema penitenciario. «En Argentina el común denominador de la sociedad quiere que la pena sea castigo. Hagamos algo: denunciemos la Convención Americana y digamos que la pena es castigo, y veamos cómo nos va», lanzó con ironía, marcando la distancia entre la teoría jurídica —que impone la resocialización como fin de la pena— y la realidad material —donde el castigo predomina en el imaginario social—.
Para el abogado, el «término medio» actual no logra ni reinsertar al joven ni satisfacer el reclamo de justicia, dejando al Estado en una posición de ineficiencia constante frente al fenómeno criminológico.