En la Municipalidad de Esquel empezó una investigación interna en torno a los fondos que ingresan a la terminal de ómnibus por el alquiler de oficinas y depósito, plataforma, servicio de limpieza, desinfección de los baños químicos de los micros, etcétera.
El intendente Sergio Ongarato instruyó al secretario de Hacienda y de Coordinación de Gestión y Finanzas, Matías Taccetta, para que le prepare un informe para corroborar si hubo irregularidades en el manejo de plata. La investigación involucra a la secretaria de Gobierno, Andrea Rowlands, quien ejerció el cargo de gerente de la terminal los cuatro años de la primera gestión de Cambiemos.
Taccetta hace varios días trabajan en el tema. Inició una auditoría de los contratos que ligan a las empresas con la terminal para operar sus servicios. Ongarato ayer se reunió primero con el secretario de Hacienda y luego con los concejales oficialistas, y de la oposición.
La bancada de Juntos por el Cambio le pidió al jefe comunal que separe de las funciones a Rowlands, hasta tanto se reúna documentación para aclarar la situación. Si el titular del Ejecutivo lo decide, se oficializaría hoy.
Ongarato dijo que la semana tomó conocimiento de manera verbal que habría un faltante de dinero en la administración de la terminal de ómnibus. Por eso pidió un informe por escrito acerca de las deficiencias detectadas. A primera hora recibió un informe de quien está a cargo de la terminal, Gabriel Gaitán. Lo leyó y se trasladó a la oficina del secretario de Hacienda. En una reunión le pidió al contador Taccetta que constate si coincide el planteo que se hace desde la terminal, con la información que tiene el área contable del Municipio.
“Espero que hayan ocurrido errores contables, que la plata haya ingresado a una cuenta equivocada sin haber sido percibido. Taccetta hará una averiguación en las empresas, para saber si pagaron el alquiler y cómo”, afirmó un preocupado intendente. Al funcionario le puso un plazo de 48 horas para que le conteste el pedido.
Lo que pretende Ongarato es que se haga el cotejo de los números, cómo son los ingresos por los distintos conceptos que pagan las empresas, qué comprobantes tienen las firmas que operan allí, y qué está registrado, para llegar eventualmente a la cantidad de dinero faltante, o qué error hubo en las cuentas oficiales del municipio. “Espero sea un mal entendido, que el dinero esté y se haya tratado de un error en la contabilidad”, sugirió.
Ongarato manejando la hipótesis del faltante de plata. Se comunicó con la Asesoría Legal y “haremos las acciones que correspondan en base a la información de la Secretaría de Hacienda, y con la documentación correspondiente”.
Taccetta comentó que se reunió con el intendente para imponerlo de las investigaciones y el trabajo de auditoría de su área, en función del informe del interventor en la terminal, Gaitán, quien habría detectado pagos de empresas no ingresados. La auditoría le llevará tiempo. Ongarato le preguntó por qué no se habían detectado antes las supuestas irregularidades en el manejo de fondos de la terminal.
“Le expliqué que asumí como secretario de Hacienda en julio de 2017, y en 2018 se cambió la modalidad de trabajo con la terminal, exigiendo contrato con las empresas, expresados en módulos”, puntualizó el contador, dando cuenta de un pago mensual de $ 10.000 por cada empresa, además de expensas y otros servicios que se les brinda. A todas las Secretarías les planteó la necesidad de centralizar en el mismo sistema informático todas las operaciones con dinero.
Taccetta auditará las cuentas de la terminal de ómnibus, de los cuatro años de la primera gestión de Ongarato. A cada empresa les enviarán una carta, pidiéndoles informen sobre el pago de alquileres de los espacios, si están al día o tienen alguna deuda, para conciliar las cuentas con la facturación.
Habló varias veces con la secretaria de Gobierno, Andrea Rowlands, quien le transmitió que cuenta con documentación para aclarar el asunto.
El bloque de concejales de Chubut al Frente que integran Valeria Saunders y Hernán Alonso, pidió un informe a Taccetta. Según Alonso, requirieron que en cinco días, el contador les haga llegar el informe que elevó el responsable de la terminal. “No queremos emitir juicio de valor hasta no tener la información precisa de las supuestas irregularidades”.