La pobreza multidimensional, dato que entrecruza ingresos monetarios con carencias de derechos, pasó de 31,4 al 37,5 por ciento a fines de 2019. A partir de 2016 aumentó sensiblemente la restricción a la alimentación y la salud.
Un 37,5 por ciento de la población urbana -unas 15.750.000 personas- se encontraba en situación de pobreza multidimensional a fines de 2019, según un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA), al que accedió Télam, que entrecruza datos de ingresos monetarios con carencias de derechos.
Las cifras implican un crecimiento de seis puntos en el índice de pobreza multidimensional respecto de 2018, cuando se encontraba en 31,4 por ciento, y representa una suba de 8 puntos desde 2010, cuando estaba en 29,7 por ciento.
De todos modos, aunque la cifra conocida ahora es alta, es menor a la brindada por el organismo de la UCA en diciembre último correspondiente al último trimestre de 2019, que daba un índice de 40,8% de pobreza en la Argentina, pero estimado exclusivamente en los ingresos monetarios.
El informe, titulado «La pobreza más allá de los ingresos. Informe sobre pobreza multidimensional 2010-2019», presenta nuevos datos obtenidos a partir de una novedosa metodología de medición, que registra la situación de los ingresos de los hogares así como las condiciones en que se encuentran frente a derechos tales como el acceso a la alimentación y la salud, servicios básicos, vivienda digna, medio ambiente, educación, empleo y seguridad social.
Según el relevamiento realizado entre 2010 y 2019, la cifra de pobreza multidimensional fue variando de la siguiente manera: 29,7 al inicio de la serie; 24,8 en 2011; 24,4 en 2012; 25,5 en 2013; 26,5 en 2014; 27,2 en 2015; 29,2 en 2016; 26,7 en 2017; 31,4 en 2018 y 37,5 en 2019.
Agustín Salvia, el director del ODSA, explicó que en el informe «se analiza la evolución de las condiciones materiales de vida de la población urbana en la Argentina a partir de un enfoque multidimensional fundado en derechos», aplicando una metodología inspirada en la matriz bienestar/derechos que desarrolló el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, de México.
«En un país que dispone de muy pocas estadísticas sociales para hacer comparaciones fiables sobre cómo estábamos hace diez años, cómo estamos ahora y cómo podremos estar en la nueva década que se inicia, los desafíos asumidos y la tarea realizada son de un gran valor académico y social», afirmó.
El nuevo informe del ODSA revela una tendencia dispar en la que, por una parte, se observan mejoras sustanciales en el acceso a una vivienda digna y a un medio ambiente saludable pero, por otra parte, se manifiesta un deterioro, claramente marcado a partir de 2016, en las dimensiones alimentación y salud, y en el acceso al empleo y la seguridad social, aspectos ligados de manera directa a los ciclos económicos.
El déficit que se observa a nivel de hogares en la dimensión alimentación y salud «experimentó un descenso inicial y marcando un pico en 2014, se ubicaba en torno al 19% para el año 2015, pero a partir de 2016 las condiciones de privación comienzan a incrementarse hasta alcanzar al 26,6% de los hogares en 2019», según precisa el informe.
«Esta evolución se explica desde 2016 por las dificultades para el acceso a medicamentos y a la atención médica, y desde 2018 por el incremento de la inseguridad alimentaria severa, en un contexto de fuertes incrementos de los precios de medicamentos y alimentos y descenso del consumo en términos generales», agrega.
En relación al acceso a los servicios básicos, los técnicos del ODSA observan una mejora importante a lo largo de todo el período, donde los hogares que presentan privación en esta dimensión pasan de representar el 38% en 2010 al 30% en 2019.
Esta dinámica se explica por el mayor acceso por parte de los hogares a los servicios de agua corriente, y particularmente del descenso de los hogares con déficit en el acceso a conexión a red cloacal. La mejora en estas condiciones se explica por un fuerte proceso de inversión pública cuyos resultados se observan entre 2010-2014 y 2016-2019.
En materia de educación, se observa una evolución irregular, donde la proporción de hogares que tienen al menos una persona que no asiste a instituciones educativas o presenta rezago se mantiene cercano al 30%.
Algo parecido ocurre con el acceso al empleo pleno y la seguridad social, donde se observó un deterioro significativo, particularmente a partir de 2016, donde el nivel de hogares que no perciben ingresos de empleo registrado ni de jubilaciones o pensiones contributivas se incrementó en 5 puntos, pasando del 25 al 30% del total.
Esta dinámica estuvo vinculada principalmente al incremento del desempleo y la precarización laboral, que impactó más fuertemente sobre los sectores más vulnerables, según el informe.
El documento destaca además que la pobreza estructural asume una tendencia decreciente tras 2010, permaneciendo en niveles cercanos al 16% hasta 2015; y a partir de 2016 comienza una etapa en la que experimentó un incremento sostenido -con excepción de 2017-, al llegar al nivel más alto de la serie en 2019, alcanzando a un 21% de la población.
En el caso de la pobreza estructural se verifica una «incidencia marginal o muy baja en los estratos medios»; sin embargo, en los bajos y en marginales, la pobreza estructural alcanzó niveles del 25% y del 44% respectivamente en 2019, lo que marca una tendencia creciente desde 2016.
«Ese incremento se explica fundamentalmente por la evolución que experimentó la pobreza estructural en el conurbano bonaerense», indica el informe, señaló Télam.
