El juicio oral y público por la Causa Revelación se demorará hasta después de mediados de año por inconvenientes surgidos con el paro de los empleados judiciales. Sería recién en agosto.
Es la investigación por los retornos que pagaron empresarios de la construcción a funcionarios de la tercera Gobernación de Mario Das Neves.
El fiscal Marcos Nápoli explicó que si bien la fecha original del inicio del debate era marzo o abril, desde la Oficina Judicial de Rawson le informaron que no se podrá concretar hasta después de la feria de invierno.
La semana pasada se sorteó el tribunal: los jueces serán Ivana González (Trelew), Mariano Nicosia (Comodoro Rivadavia) y José Rosales (Sarmiento).
Consideró Nápoli que “falta poco en términos de cumplimiento de las etapas procesales, pero no tan poco en tiempo, porque con toda esta problemática de servicios por la mitad, por gente que no cumple con su trabajo porque no se les cumple con su sueldo, es que se vio resentido en gran medida el servicio y genera que el juicio sea prorrogado para después de la feria de invierno, agosto o setiembre”.
Esta situación “es molesta para todos nosotros pero entendible cuando no hay suficiente gente para poder llevar adelante las dirigencias. La fecha original del juicio era marzo o abril pero antes de agosto no será posible fijar el debate”.
Esta demora implica que las medidas de seguridad “continúan para las personas que están involucradas pero en libertad. Tenemos que tener la certeza que los mismos se encuentran en la zona o han pedido permiso en caso de hacer un viaje”.
Muchos de los empresarios denunciados en los inicios de la causa se acogieron al beneficio de la probation. El juicio lo deben afrontar Víctor Cisterna, Pablo Oca, Gonzalo Carpintero, Federico Piccione, Pablo Bastida, Diego Lüters, Diego Correa, Martín Castillo, Martín Bortagara y Alejandro Pagani. En cuanto al empresario Pablo Menedin, “se acercó a Fiscalía con intenciones de hacer una probation, ya que tiene la posibilidad de pedirla por no ser funcionario público”, aclaró Nápoli.
Reconoció que “quienes deben tener más quejas en cuanto a la fecha son los imputados, porque el grado de incertidumbre de un ciudadano cada vez que es perseguido por el Estado crece con la prolongación en el tiempo. Muchas veces se dice que la Justicia cuando llega tarde no es Justicia, pero son imponderables”.