El juez de la Cámara de Casacion bonaerense, Víctor Violini, estaba anoche a punto de dictaminar a favor de un hábeas corpus colectivo presentado por los defensores generales de los 19 distritos judiciales de la Provincia de Buenos Aires y con el reclamo de que se otorguen excarcelaciones o prisiones domiciliarias a unos dos mil presos que están en las cárceles provinciales. El hábeas corpus sigue los lineamientos de lo que está ocurriendo en el mundo entero; tiene como base la situación de hacinamiento y superpoblación que hay en los penales y el enorme peligro que significa el contagio del coronavirus. Los criterios para acceder a esa libertad son cuatro: embarazadas y mujeres con hijos pequeños, personas mayores de 60 años, internos en situación de riesgo por cuestiones de salud y todo ello cruzado por el tipo de delito por el que están presos. Es decir, se supone que quedarán excluidos los detenidos por hechos violentos y los que signifiquen un riesgo. En Estados Unidos, para producir la mayor liberación de presos de la historia, utilizaron la categoría low risk; es decir bajo riesgo. El país del norte tendrá la semana próxima la menor cantidad de presos desde la Segunda Guerra Mundial.
Audiencia
Este martes se concretó una audiencia ante Violini en la que participaron el defensor general, Mario Coriolano; la defensora general de Mar del Plata, Cecilia Boeri; el fiscal general Carlos Altuve, el subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia bonaerense, Lisandro Pellegrini y Darío Ruiz, del Ministerio de Seguridad, que asistió a raíz de la existencia de presos en las comisarías. Como está ocurriendo en todos los países, se trataron los riesgos de la epidemia dentro del sistema carcelario que, por su estructura misma, es contraria a cualquier aislamiento. Esa cuestión es aún peor en el Servicio Penitenciario Bonaerense, que custodia a más de 50.000 presos en un total de 21.000 plazas disponibles. Como es obvio, la forma en la que se afronta la cuestión de la superpoblación es poniendo el doble de cuchetas en cada calabozo, sin aumentar ni los baños ni las duchas ni la dotación sanitaria.
En esas condiciones, totalmente opuestas al criterio de aislamiento que se requiere para afrontar el virus, la población afronta inmensos riesgos de contagio, en la Argentina y en el mundo. Por eso, la ONU insiste en promover las excarcelaciones y prisiones domiciliarias, mientras que países con una larguísima tradición punitiva como Estados Unidos o el Reino Unido, produjeron masivas libertades en las últimas semanas. En ambos países, afrontan un problema aún mayor que el argentino: el virus ya entró en las prisiones contagiando a internos y a penitenciarios. Según el diario Daily Mail, Gran Bretaña podría dejar en libertad hasta 15.000 presos de un total de 85.000, en tanto que en el día de ayer, en Escocia, faltó a trabajar el 25 por ciento de los penitenciarios. O están en cuarentena porque un compañero dio positivo o no fueron por temor al contagio. En el caso de Estados Unidos, hay prisiones en que la cantidad de internos se redujo a la mitad, como en el penal de San Francisco, y The Wall Street Journal calcula que las excarcelaciones se cuentan en decenas de miles y abarcan a «ofensores de bajo nivel», o sea delitos no violentos.
Lista
El fallo de Violini tendrá como base una lista de candidatos a la excarcelación o la prisión domiciliaria que elaboró el Ministerio de Justicia y en la que trabajaron también Seguridad y el Servicio Penitenciario Bonaerense. Hasta este miércoles, la lista era de unos 650, pero en total se barajan más de dos mil nombres. El Ministerio de Justicia sigue los lineamientos de la ONU y de la Organización Mundial de la Salud.
Los criterios son los siguientes:
*Presos definidos como de riesgo por su edad. Más de 60 o 65 años.
*Presos considerados de riesgo por la OMS por su estado de salud. En concreto, casos de tuberculosis, HIV, diabetes, oncológicos, con Epoc y con insuficiencia renal.
*Embarazadas y madres de hijos pequeños.
*Delitos leves. El Ministerio no incluyó ni a homicidas, ni a quienes cometieron delitos violentos contra la integridad sexual ni los que incurrieron en violencia de género ni quienes cometieron delitos violentos contra la propiedad.
En general, durante la audiencia del martes, todas las partes estuvieron de acuerdo, aunque el fiscal general Altuve sostuvo que debería instrumentarse caso por caso y con la decisión de cada juez. La realidad, en la Argentina y el mundo, es que la situación es de urgencia, la actividad judicial está semiparalizada, por lo que la herramienta adecuada son las resoluciones generales.
Contras
Son muy pocas las voces que en el mundo se levantan contra las excarcelaciones o prisiones domiciliarias. Es que tarde o temprano, las cárceles, por su características, son foco de contagio. El virus se expande –como ya ocurre– a través de los penitenciarios y el personal sanitario que entra y sale de los penales. En la Argentina, Carolina Píparo, hoy legisladora del PRO, y víctima de una violenta salidera bancaria, con la pérdida de su embarazo, es la voz cantante en territorio bonaerense pero es presumible que todo Cambiemos se sume como un coro. Durante el macrismo se poblaron las cárceles de la Provincia de Buenos con 18.000 presos más, sin que siquiera se hayan construido nuevas unidades.
Otro de los que operan en contra es el procurador Gerardo Conte Grand, al que el gobierno anterior le dio todo el poder. El fiscal instruyó a los fiscales para que se opongan y habrá que ver el efecto que tiene esa iniciativa.
Medidas similares a las que se plantean en el fallo de Violini fueron sugeridas por el papa Francisco, quien impulsa la visión humanitaria del drama. Junto con la ONU sostiene que con la pandemia y el hacinamiento, incluso penas leves se están convirtiendo, en todo el mundo, en penas de muerte.