Son Federico Piccione y Pablo Bastida. Ofrecieron comprar equipos generadores para aldeas escolares de Chubut. El planteo cuenta con el acuerdo del Ministerio Público Fiscal.
El Juez Sergio Piñeda resolverá en los próximos días si otorga el beneficio de la suspensión del juicio a prueba a dos imputados en la causa que investiga una asociación ilícita en perjuicio del estado provincial, en la que habrían participado exfuncionarios y empresarios.
Este viernes por la mañana se concretó una audiencia remota a través de videoconferencia, en la cual el Dr. Marco Napoli, del Ministerio Público Fiscal, hizo la presentación de un pedido conjunto con los defensores de los imputados Federico Piccione y Pablo Bastida, para solicitar la suspensión del juicio a prueba.
Napoli relató en su presentación que ambos imputados estaban en condiciones de acceder a la figura de la “probation”, ya que tanto Piccione como Bastida a diferencia de otros acusados en la causa no son funcionarios públicos ni tenían un rol de manejar fondos públicos dentro de la asociación ilícita que investiga el Ministerio Público Fiscal.
Para el caso de Pablo Bastida, se solicitó el cumplimiento de una pena de 1 año y seis meses en suspenso, además del cumplimiento de las pautas fijadas para el instituto de la suspensión del juicio a prueba, y una reparación fijada en la compra de un motor con especificaciones técnicas detalladas en un informe del Ministerio de Infraestructura, Planificación y Servicios Públicos de Chubut.
El generador eléctrico a comprar por Bastida tiene un costo actual de U$s 27 mil y debe hacerse efectiva su compra en un plazo de 45 días hábiles.
En el caso del empresario comodorense Federico Piccione, la pena solicitada es de 2 años de ejecución condicional, durante cuyo plazo deberá cumplir con las pautas establecidas por el juez en función de la figura de la probation y la compra de dos equipos de similares características, de los cuales al menos uno deberá ser adquirido dentro de los 45 días hábiles posteriores a la resolución.
El pedido de los generadores se basa en un informe elevado al Ministerio Público Fiscal por el Ministro de Infraestructura Gustavo Aguilera, y en el mismo se detalla la necesidad de dotar de generadores eléctricos a las aldeas escolares de Buen Pasto, Piedra Parada, El Escorial y El Mirasol, entre otros parajes del interior provincial.
El pedido presentado por el fiscal Marcos Napoli fue respaldado por el Dr. Fabián Gabalachis, defensor de Pablo Bastidas y por el Dr. Federico Ruffa, abogado particular de Federico Piccione. Al mismo tiempo, no se plantearon objeciones de parte del Dr. Christian Martínez, representante de la Fiscalía de Estado ni tampoco del Dr. Mario Romero, representante de la oficina anticorrupción.
El juez Sergio Piñeda informó a la partes que la resolución sobre el pedido se dará dentro de los plazos establecidos por la normativa para el caso y se notificará a las partes a través de correo electrónico.
