El plan del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, para levantar el confinamiento por la crisis del coronavirus encontró resistencia en gran parte de las regiones de España al margen del color político y puso en riesgo el apoyo de la oposición a la nueva prórroga del estado de alarma.
En medio de este clima político adverso, el gobierno español remarcó que su «hoja de ruta» es «dinámica» y «flexible», al tiempo que ratificó que este jueves se conocerán los detalles de las condiciones de implementación de la segunda medida que relajará de forma general la cuarentena, al permitir salidas a hacer deporte y pasear a partir del próximo sábado.
Desde el inicio de la séptima semana de encierro, España ya dejó que los menores de 14 años salgan durante una hora al día con un adulto a jugar, lo que supuso un punto de inflexión para un país que registró uno de los peores brotes de coronavirus del mundo, con 24.275 víctimas fatales hasta el momento.
Esta medida y las salidas a hacer deporte forman parte de la «fase 0» del plan de desconfinamiento de cuatro etapas presentado por Sánchez, quien cosechó duras críticas no tanto por el fondo sino por la falta de concreción de algunos aspectos y su «unilateralidad» a la hora de tomar decisiones.
Las críticas
La mayoría de los gobiernos regionales cuestionan que se haya optado por la provincia como «unidad» de referencia para implementar las medidas de desconfinamiento, al considerar que no es lo más eficaz en el marco de la organización del sistema sanitario, que está descentralizado.
El gobierno nacionalista del País Vasco y el independentista de Cataluña, con mayor autogobierno -pero mermados bajo el estado de alarma- fueron incluso más lejos y reprocharon a Sánchez el «significado político» de su decisión, que consideran propia de un Estado centralista del siglo pasado.
«Para nosotros el marco provincial no es el idóneo, es el de los departamentos de salud», avisó por su parte el presidente valenciano, el socialista Ximo Puig, sin ánimo de confrontar con el gobierno central de Sánchez.
En tanto, el presidente regional de Galicia, Alberto Nuñez Feijoó, quien hasta ahora había moderados sus críticas distanciándose del líder de su Partido Popular (PP), Pablo Casado, se manifestó en rebeldía.
«El plan no ha sido ni negociado ni consensuado. Galicia no lo puede avalar porque tiene serias lagunas de eficacia y utilidad», aseguró Feijoó.
Ante la contestación general, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, se abrió a modificar el criterio territorial al afirmar que se permiten «introducir consideraciones específicas”.
Hay muchas imprecisiones sobre el plan de desescalada que Illa insiste en que se irán aclarando durante la próxima semana, que es la preparatoria de la «fase 1», en la que se espera que entre todo el país a partir del 11 de mayo.
Algunas islas de Baleares y Canarias iniciarán esa fase el 4 de mayo.
Será en ese momento cuando se producirá la apertura de las terrazas (espacios exteriores) de bares y restaurantes pero con un 30% de ocupación, al igual que centros de culto y del pequeño comercio, todos bajo estrictas medidas de seguridad.
A partir de ahí ya no hay fechas, puesto que para pasar a la «fase 2» se tendrán que cumplir con varios indicadores, entre ellos la evolución del virus, la disponibilidad de camas en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), la capacidad para detectar y aislar enfermos.
«La transición no se va a basar en indicadores únicos ni umbrales prefijados. Depende de muchos factores», advirtió Fernando Simón, el vocero del comité de crisis que asesora al gobierno en la lucha contra el coronavirus, ante el reclamo de mayores precisiones sobre los parámetros.
En la «fase 2», que es la intermedia, ya se prevé la apertura del interior de bares y restaurantes, actos culturales de menos de 50 personas en lugares cerrados, y de 400 en espacios abiertos, pero con asiento.
Sánchez espera culminar la desescalada al final de junio, cuando también se abrirán las playas.
Para llevar adelante su plan, el líder socialista pedirá una nueva prórroga del estado de alarma, en vigor desde el 14 de marzo. No obstante, por primera vez puede no lograrlo.
El conservador Casado, cuyo voto es necesario para sacar adelante la medida de excepción, endureció hoy aún más sus críticas y acusó a Sánchez de «mentir» y de hacer el «ridículo» en su gestión de la crisis del coronavirus.
«Miente cuando dice que no aprovecha la crisis para avanzar con su agenda radical. Miente cuando dice que quiere pactar con la oposición que se tiene que enterar por la tele de los planes de desescalada”, le reprochó Casado a Sánchez durante un debate de control en el Parlamento.
El PP asegura que Sánchez «no con contará» con su respaldo «si sigue así», mientras los ultraderechistas de Vox amenazaron con «acciones penales».
La advertencia más peligrosa, sin embargo, llegó de Gabriel Rufián, el vocero de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), partido que fue la llave pera la reelección de Sánchez, y quien recordó al gobierno que está poniendo en juego su propio futuro.