La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, realizó un Hábeas Corpus a favor de la población de Chubut a raíz de las múltiples denuncias de hechos represivos y violaciones a las libertades individuales por parte de la policía a cargo del ministro de Seguridad Federico Massoni. En la provincia se ha montado un auténtico «estado de sitio» desde el inicio de la cuarentena. Este lunes continuará la audiencia que parte de los informes de la APDH y la Comisión contra la Impunidad, desde las 13 horas donde declarará el funcionario y el jefe de la Policía, Miguel Gómez.
Pero es la misma Secretaria de Derechos Humanos que no actuó de igual manera ante la brutal represión en el frigorífico Penta (Quilmes), con la decena de trabajadores golondrinas que estuvieron en las calles de Mendoza sin poder volver a sus provincias o ante las cientos de denuncias de violencia policial en todo el país. Tampoco ante las denuncias de ciberpatrullaje que impulsa la Ministra de seguridad de la nación y que fue denunciada por Nicolás del Caño y el Frente de Izquierda.
Al día de la fecha y según las palabras del mismo Massoni en conferencia de prensa durante el parte diario «tenemos un número importante de detenciones realizadas en la provincia del Chubut desde el comienzo de la cuarentena hasta el día de la fecha son 4558 personas las que han sido detenidas e imputadas del delito que establecido en el 205 y 239 y son 777 vehículos los cuales han sido secuestrados en el día de hoy». Muchas de estas detenciones y secuestros se han hecho ejerciendo abuso de poder.
Las y los trabajadores estatales, vienen exigiendo la renuncia de Massoni desde el año pasado, cuando se sucedieron hechos de represión contra docentes en Comodoro Rivadavia, luego en la legislatura de Rawson y Casa de Gobierno donde incluso, detuvieron semanas después al Secretario general de ATECh. El avance represivo y contra las libertades democráticas y sindicales (como la reciente detención de Carlos Sepúlveda, dirigente del gremio SiSaP) tiene que ver con el contexto de crisis que viene castigando a las y los trabajadores en la provincia de Chubut hace años.
El estado provincial no enfrenta la pandemia con medidas sanitarias, ya que el sistema de salud se encuentra totalmente vaciado y desfinanciado. Por el contrario, recurre a métodos como el estado de sitio para mantener «controlada» a una población cada vez más golpeada por la crisis. Trabajadores estatales entre ellos, de Salud, no han percibido sus sueldos de febrero y todo el conjunto de estatales no han percibido sus sueldos de marzo. En el caso de las y los trabajadores de Salud se les tiene congelado el sueldo desde julio del 2019. La crisis que atraviesa la provincia, tiene una explicación y es que el gobierno destina los recursos al pago de la deuda, la cual no ha dejado de pagar ni aún en el marco de pandemia mundial.
Pero la crisis no solo afecta a estatales: a esta nueva avanzada contra la clase trabajadora se suman sectores como los metalúrgicos de Aluar (empresa que financió al Frente de Todos en la última campaña electoral) a los que les rebajan los salarios y los petroleros de Comodoro Rivadavia a quienes pretenden suspender pagándoles solamente el 30% de su salario. Para esto, el gobierno y las empresas cuentan con la complicidad de las burocracias sindicales.
El problema no es solo Massoni sino todas las fuerzas represivas que son parte de la política del gobierno provincial y nacional, que intentan afrontar la pandemia con el uso de las fuerzas represivas en las calles y en los barrios, que no dudan en hostigar y reprimir a las y los trabajadores: las mismas fuerzas que desaparecieron a Santiago Maldonado y que amedrentan a las comunidades originarias que defienden el territorio del avance de las mineras.
Por esto decimos que la salida a esta pandemia debe ser con un programa como el que propone el Frente de Izquierda, donde se prioricen las medidas de Salud en el marco del resguardo de todos los derechos y libertades individuales. Una verdadera inversión en salud implica test masivos para saber quienes están infectados, camas de terapia intensiva y respiradores junto a mascarillas, barbijos, alcohol en gel y demás insumos. Para esto es necesaria la centralización inmediata del sistema de Salud en un sistema único que unifique al sector público, privado y a las obras sociales, bajo control de las y los trabajadores.
Un programa que sostiene el no pago de la deuda fraudulenta, la estatización de la banca y un impuesto progresivo a los 15 mil empresarios más ricos para contar con mayores recursos. La reconversión de toda la industria bajo gestión de las y los trabajadores para producir y distribuir todo lo necesario a fin de dar una salida real tanto a la crisis como al coronavirus y que no sea en base a la represión y el ajuste contra el pueblo trabajador, como pretenden Arcioni y Fernández.