Me dejó un nudo en el estómago. Prefiero que me roben a que me vuelvan a mostrar una imagen así. Nunca hubiera querido verla», dice Valeria. «No pude ver nada, gracias a Dios, pero los que la vieron estaban en shock», interviene Martín. Ambos son profesores de arquitectura y participaron en una videoconferencia académica en la que un usuario se entrometió y transmitió pornografía infantil. La charla virtual había sido organizada por una universidad vía Zoom para respetar la cuarentena contra el coronavirus.
Ayer, profesores, alumnos y profesionales se congregaron a las 11, cada uno en su casa con su dispositivo, para participar de un encuentro online titulado «La Arquitectura como oficio», organizado por la sede Comahue de la Universidad de Flores (Uflo).
El link para ingresar a la videollamada había circulado por mail y por distintas redes sociales. Ayer, entonces, ingresaron a la reunión alrededor de 150 personas, la mayor parte vecinos de Cippoletti y ciudades cercanas de Río Negro y Neuquén . También había algunos arquitectos de un estudio de Córdoba, que estarían a cargo de la exposición.
La universidad utilizó para la charla una de las aplicaciones de moda durante el aislamiento obligatorio contra el coronavirus: Zoom.
Durante los primeros minutos de teleconferencia, cerca de las 11.15, mientras el profesor encargado de moderar organizaba cuestiones técnicas, uno de los participantes, cuya identidad se desconoce, transmitió el video de la violación de una nena.
«Yo estaba con el celu y veía la cara de un profesor, que hablaba, cuando escuché que alguien preguntaba: ‘¿Qué es eso?’ Entonces vi una imagen chiquita», dice Marina, una de las profesoras que participaron de la reunión, sobre el video que causó estupor en el encuentro virtual.
Después del video, estupefacta, bloqueó la imagen en su celular. Aún podía escuchar las voces de desconcierto del resto. Muchos preguntaban qué había ocurrido y alguien aventuró que «un hacker» había intervenido en la conversación. «La vi justo», dice Valeria por teléfono a LA NACION. «Fue horrible. Y pasó en un ámbito donde había chicos de primer año, además de los adultos».
La videollamada se detuvo y se reinició poco después entre algunos miembros, que discutieron sobre lo que había ocurrido. Entre ellos, Martín, que no había visto la imagen de la intromisión porque en ese momento había dejado la computadora. Cuando regresó, se encontró con la reacción de sus pares. ¿Alguien había visto de qué usuario se trataba? ¿Cuáles eran los permisos para entrar a la videollamada?, se preguntaban.
Al tanto de lo ocurrido, las autoridades de la sede patagónica de la Universidad de Flores pusieron a disposición de los participantes asistencia psicológica y radicaron una denuncia en la Fiscalía Federal Nro 1 de Neuquén.
También contactaron al proveedor de la plataforma para obtener datos, e informaron que implementarán una serie de nuevas pautas de seguridad para realizar teleconferencias. El ingreso al espacio virtual, en este caso, era libre para cualquiera que tuviera el link que la universidad había enviado por mail y que había circulado vía Facebook.
Los casos de transmisión de imágenes de explotación infantil e irrupción en conversaciones ajenas, entre otros delitos cibernéticos, ocurren todos los días en todo el mundo. De hecho, con el boom del uso de Zoom, se desarrolló un término en inglés para denominar este tipo de irrupciones: » zoombombing «. Y según reportes en medios de distintos países, durante el aislamiento social, los casos de irrupciones en videoconferencias o charlas por redes sociales se dispararon.
En la Argentina ocurre lo mismo. Según informó a LA NACION la fiscal porteña especialista en cibercrimen Daniela Dupuy, en las últimas semanas se multiplicó la cantidad de denuncias que recibe en la Unidad Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad.
«Entre el 1 y el 20 de marzo ingresaron de 1900 casos. Del 20 al 30 tuvimos 1950 casos. A primera vista, parece como si hubiese habido una duplicación», dice Dupuy. Y si bien aclara que las cifras no son estadísticas concluyentes, sirven para dar una idea del incipiente panorama.
Dupuy, especializada en cibercrimen desde 2013, atribuye este brote en gran parte a las consecuencias del aislamiento por el coronavirus. «Ahora todos estamos conectados durante más tiempo, somos parte o integramos alguna conferencia, algún curso online. Y los chiquitos en edad escolar están conectados todo el tiempo, porque toman sus clases en forma virtual», agrega.
Y recomienda que a la hora de organizar clases o conferencias, las instituciones se aseguren de usar plataformas seguras, es decir, que implemente políticas claras para proteger los datos y evitar las intromisiones.
Por su parte, el abogado especialista en tecnologías y delitos informáticos Fernando Tomeo, señaló: «Habría que estudiar el caso con detenimiento. Pero la acción de alguien que se mete en una conversación de Zoom encuadraría en el delito del artículo 153 bis del Código Penal, por acceso indebido en un ámbito académico educativo».
«Entre otras cosas, el acusado estaría obligado a reparar los daños psicológicos causados a las víctimas, en este caso, al resto de los participantes», sostuvo el profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Semanas atrás, Zoom informó que añadió nuevas funciones de seguridad para evitar el ingreso de intrusos en sus reuniones virtuales y formalizó la creación de un consejo de expertos. Entre ellos, Alex Stamos, especialista en ciberseguridad de la Universidad de Stanford, en Estados Unidos, quien antes trabajó en Facebook y Yahoo. «Zoom tiene aún trabajo importante por hacer en la seguridad de su aplicación, el diseño criptográfico y la infraestructura de seguridad», dijo hace 10 días.
La fiscal brindó un sitio para reportar la distribución de contenido donde se exhiba explotación sexual infantil. Desde report.cybertip.org se puede acceder a un formulario para denunciar perfiles de redes sociales que ofrezcan o posean imágenes de este tipo. «Denunciar estos comportamientos es muy importante», dijo Dupuy. Y explicó que la web pertenece a la ONG National Center for Missing Children, que se ocupa de reportar estas acciones a las autoridades de los países de origen del ilícito.