El gobernador de Tucumán, Juan Manzur, fue denunciado penalmente junto a funcionarios de los tres poderes del Estado provincial, entre ellos un vocal de la Corte Suprema de Justicia, por haber violado la cuarentena obligatoria por el coronavirus para juntarse a comer un asado.
La presentación, que fue realizada este martes ante la Justicia Federal con asiento en Tucumán, lleva las firmas de la referente local de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, Alejandra Martínez Romero, y del abogado Gustavo Morales, informó La Nación.
Además de Manzur, la denuncia apunta contra el vocal de la Corte Suprema local, Daniel Leiva; el vicegobernador Osvaldo Jaldo; la diputada nacional del Frente de Todos, Gladys del Valle Medina; los intendentes peronistas Darío Monteros (Banda del Río Salí), Carlos Najar (Las Talitas), Javier Noguera (Tafí Viejo) y Aldo Salomón (Alderetes); y el vicepresidente primero de la Legislatura provincial, Gerónimo Vargas Aignasse . El planteo también alcanza a los ministros del Interior, Miguel Acevedo, de Desarrollo Social, Gabriel Yedlin y de Salud, Rossana Chahla.
En la denuncia se adjuntó una copia de una nota publicada el pasado sábado en el diario local La Gaceta en la que se brindaron detalles sobre el asado que compartieron Manzur y las demás autoridades en la casa de la diputada Medina y su esposo, el intendente Monteros, en la ciudad de Banda del Río Salí, distante 8 kilómetros al este de la capital tucumana.
En su planteo judicial, Martínez y Morales advirtieron que, al participar de un asado en plena cuarentena, los funcionarios mencionados «violaron lo ordenado por el Poder Ejecutivo Nacional en el decreto 297/2020, en particular el artículo 4, donde se establece que ante un supuesto de infracción al aislamiento social preventivo y obligatorio corresponde la inmediata intervención de la Justicia Penal».
Según los denunciantes, la actitud asumida por los funcionarios provinciales califica en el tipo delictivo contemplado en el artículo 205 del Código Penal. «Es un delito doloso. El autor debe conocer el deber impuesto por las medidas sanitarias, la situación de riesgo de epidemia y la obligación de cumplir con dichas medidas en el caso concreto», señalaron. Además, advirtieron que «se trata de un delito de mera actividad que se consuma con la mera infracción del mandato o prohibición emanada de la fuente jurídica».
El abogado Gustavo Morales opinó que «con esta impudicia concretada por parte de las principales autoridades de los tres poderes del Estado, queda demostrado que en Tucumán no existe la división de poderes y hace recordar a la letra del tango Cambalache».
Según el letrado, «por este tipo de episodios, Tucumán está lejos de volver a ser considerada como el Jardín de la República, como lo soñaron en 1816 los próceres que juraron en esta provincia la Independencia nacional».
Las críticas al asado que compartieron las autoridades tucumanas también llegaron desde el Colegio de Abogados de Tucumán. El titular de la entidad, Marcelo Billone , cuestionó a Leiva por haber participado de la reunión, violando el aislamiento preventivo y obligatorio dispuesto por el Gobierno nacional para frenar el avance del coronavirus. «El asado supone una franca violación al artículo 205 del Código Penal. Es indudable que las restricciones a las libertades impuestas por el Presidente de la Nación deben ser cumplidas por todos y que los funcionarios debieran predicar con el ejemplo», dijo Billone.
