La recomposición de las jubilaciones y pensiones del sistema nacional gestionado por la Anses será en el mes de junio de 6,12%, según anunció hoy la directora ejecutiva del organismo, Fernanda Raverta. Así, el haber mínimo pasará de $15.891,49 a $16.864 y el haber máximo, de $106.934,71 a $113.479. Así lo anunciaron hoy el ministro de Trabajo, Claudio Moroni y la directora ejecutiva de la Anses, Fernanda Raverta.
El aumento alcanzará a los 5,7 millones de jubilados y pensionados del sistema contributivo y los 1,5 millones de personas que cobran pensiones no contributivas. También habrá una mejora nominal de 6,12% para la Asignación Universal por Hijo (AUH), que pasará a ser de $3293 y el salario familiar, que determina diferentes montos para la asignación por hijo, en función del ingreso percibido en cada hogar.
Se trata del segundo incremento de las jubilaciones cuyo porcentaje fue decidido de manera discrecional, luego de que el Congreso aprobara la suspensión de la fórmula de movilidad que rigió durante los años 2018 y 2019. Si siguiera aplicándose ese mecanismo de cálculo, basado en la evolución de los precios y, en menor medida, también de los salarios, la suba de haberes del mes próximo debería haber sido de 10,9% para todos los jubilados y pensionados del sistema nacional por igual.
Con la suba otorgada en marzo (mes para el cual la fórmula suspendida determinaba un incremento de 11,6%), los porcentajes de aumento nominal variaron entre 3,75% y 12,,96%. Eso ocurrió por la decisión oficial de dar un porcentaje más un monto fijo igual para todos, lo cual provocó un achatamiento de la pirámide de ingresos y una significativa pérdida de poder de compra para muchos, indicó La Nación.
Si se hubiera cumplido en marzo y en junio con lo que había establecido la ley de movilidad, todos los jubilados deberían tener un haber superior en un 23,7% en comparación con el percibían en diciembre. . En cambio, los que cobran el haber mínimo tuvieron una suba de 19,9% (más los $13.000 cobrados por única vez según lo mencionado en el párrafo anterior) y los que cobran la jubilación máxima, un 10,1%.
Fueron, concretamente, más de dos millones los jubilados que recibieron un aumento inferior al que habrían percibido en caso de seguir vigente la ley de movilidad aprobada a fines de 2017, en el marco de fuertes protestas sociales.
Esa situación generó reclamos judiciales por parte de algunos de quienes se vieron afectados. Una de esas presentaciones, impulsada por el defensor de la Tercera Edad de la ciudad de Buenos Aires, Eugenio Semino, pretende tener efecto para todos los pasivos perjudicados por la decisión del Gobierno. En primera instancia, la jueza Silvia Saino no validó la representatividad de quienes actuaron como demandantes (la Asociación Civil Años y una jubilada en particular). Esa decisión fue en primer lugar apelada ante la Cámara Federal de la Seguridad Social. Días después, sin esperarse el pronunciamiento de los jueces de esa segunda instancia, se llevó el tema a la Corte Suprema de Justicia mediante un «recurso extraordinario por salto de instancia» (conocido como per saltum), para procurar que haya una rápida respuesta. Pero la pandemia y la cuarentena dejaron todo en suspenso.
La ley 27.541, aprobada en diciembre pasado a pedido del Gobierno, dispuso la suspensión de la movilidad de ley por 180 días, un plazo que vence antes de la finalización de junio. Para esa fecha, la propia ley establece que debe haber una propuesta de una comisión convocada por el Poder Ejecutivo para elaborar un nuevo sistema de actualización de las jubilaciones y de las otras prestaciones que dependen de la fórmula, como la AUH y los pagos del salario familiar. Hoy, a casi cinco meses de la aprobación de esa ley y a un mes de que se cumpla el plazo para que el trabajo de esa comisión esté terminado, hubo una primera reunión en la que se conformó el grupo de trabajo.