El tradicional reclamo a favor del agua esta vez incluyó llamados a romper la cuarentena para que “los comercios puedan recuperarse de la crisis económica que atraviesan debido a la pandemia por el Covid-19”.
La tradicional caminata de grupos antimineros que se realiza el cuarto día de cada mes en la ciudad de Esquel tuvo este lunes una amplia agenda de temas, más allá de su habitual reclamo a favor del agua: desde un claro llamado a romper la cuarentena y el aislamiento social, hasta críticas a la designación de un funcionario de menor rango por parte del Gobierno provincial, y hasta un cruce de posiciones sobre la violación de la cuarentena entre la Fiscalía Federal y el Juzgado Federal de la ciudad cordillerana.
La marcha, que se realizó por las calles de Esquel con la mayoría de la gente con tapabocas pero sin el distanciamiento social que recomiendan los infectólogos para evitar contagios, tuvo como estandarte la tradicional consigna del “No a la mina” –la enorme bandera con esa leyenda estuvo al frente como en cada manifestación-, pero esta vez los referentes del movimiento antiminero sumaron una gran cantidad de puntos a la convocatoria que compartieron vía redes sociales para sumar más gente a la manifestación callejera.
Esta vez, hubo fuertes consignas en contra del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) dispuesto por decreto por el Gobierno nacional, pidiendo además por las salidas recreativas que por ahora están prohibidas en casi toda la provincia, y también exigiendo el fin de la cuarentena para que los comercios puedan recuperarse de la crisis económica que atraviesan debido a la pandemia por el Covid-19.
Aunque la convocatoria decía “iremos de a pie, con tapabocas, guantes y guardando el distanciamiento con otras personas, o en caravana en auto con no más de dos ocupantes por vehículo”, lo cierto es que la manifestación rompió las normas del distanciamiento, como hace pocos días ocurrió con otra marcha ocurrida en Trelew y protagonizada por trabajadores textiles que se oponían a la rebaja de sueldos.
Entre el amplio temario que excedía el “No a la mina”, se marchaba por “el derecho al trabajo sin autorizaciones vigilantes”; “el derecho a una hora de salida al aire libre”; “el derecho a circular con los cuidados necesarios”; “la defensa de las fuentes de trabajo”; “la asistencia y acompañamiento integral a las familias más carenciadas”; “en defensa de las producciones sostenibles y a escala humana”; “por la restitución de los servicios de Educación y Salud para las familias chubutenses”; “en reclamo de más y mejor asistencia para las vecinas vulneradas por maltratos y agresiones, para evitar nuevos femicidios”; “en respaldo de lxs compañerxs trabajadorxs de Salud, Educación y otras reparticiones provinciales, por el pago de sus salarios adeudados”; “por el derecho al trabajo de nuestrxs vecinxs pequeños y medianos comerciantes, cada vez más asfixiados por la cuarentena extrema del gobierno provincial”; “por los derechos vulnerados del Pueblo Nación Mapuche y Mapuche Tehuelche, y en rechazo de su criminalización y descalificación constante desde el poder y sus voceros mediáticos”; “en defensa del agua para el pueblo y en rechazo a la megaminería y sus cómplices”; “por el fin del hostigamiento institucional a nuestrxs vecinxs”; “en repudio a la contratación por el gobernador Arcioni de un espía corporativo para tareas de ciberpatrullaje por 450.000 pesos, mientras incumple en salarios y pago a proveedores”; y “en rechazo y repudio al reimpulso del proyecto Suyai, esta vez en alianza de Yamana Gold con megaempresarios de Shoppings y agronegocios”.
Contrapunto federal
Como era obvio, la Policía del Chubut siguió de cerca la marcha y, según indicó la Unidad Regional Esquel, intentó notificar a los organizadores de la infracción al ASPO (regido por el DNU del Gobierno nacional), pero la marcha se realizó igualmente sin que se produjeran incidentes.
Sin embargo, la Policía del Chubut puso en conocimiento de la Fiscalía Federal de Esquel la violación de la cuarentena de este grupo de personas. Según la Unidad Regional Esquel, la prosecretaria de la Fiscalía Federal, la Dra. Andrea Pérez y el Fiscal Federico Baquioni Zingaretti manifestaron que al existir un “choque de intereses”, no se configuraba la flagrancia necesaria para que se actúe por la violación del Artículo 205 del Código Penal.
Tras esa respuesta, la Policía se comunicó con la secretaria penal del Juzgado Federal de Esquel, la Dra. María de las Mercedes López Flamengo, que en contraposición a sus colegas del Ministerio Público Fiscal, dispuso que se labre un acta del hecho, además de intimarlos a que regresen a su domicilio ante la vigencia del aislamiento, publicó Diario Jornada.
