Tras el lanzamiento del segundo proyecto de ley de Iniciativa Popular bajo la consigna “Nos deben una ley”, vecinas y vecinos de Chubut continuaron con la junta de firmas en diferentes localidades de la provincia, con adhesiones políticas significativas. Es el caso de Epuyén, donde el cuerpo legislativo firmó en conjunto su adhesión para prohibir la megaminería.
“El presidente y vicepresidente del Concejo Deliberante y todos los concejales firmaron. El intendente no creo porque nunca quiso manifestarse públicamente como pasó con otros en diciembre”, contó Claudia Sastre. Hace unos días, en Trevelin, las asambleas nucleadas en la UACCh ya habían conseguido la firma del propio intendente.
“El presidente, vicepresidente del Concejo Deliberante y todos los concejales firmaron”, contó Claudia, vecina por el No a la mina de Epuyén.
El fin de semana en Trelew, vecinos y vecinas que promovían la junta de firmas en la esquina de Colombia y Belgrano fueron notificados por la policía, que en un primer momento intentó desalojarlos del lugar, según denunció una vecina: “al ver que no estábamos incumpliendo el protocolo, se retiraron”. También en Rawson difundieron la actividad de junta de firmas.
En las últimas horas también se conoció la opinión de Rafael Williams, uno de los diputados de Chubut que forma parte de la Legislatura que deberá votar, eventualmente, si aprobar o no el proyecto de Iniciativa Popular en un par de meses. “Toda iniciativa de vecinos es importante. El resto de la provincia también debe tener la posiblidad de opinar. Si esto supera (sic) hay cuestiones que están establecidas en la constitución y tenemos que trabajar sobre eso”, expresó quien era el intendente de Esquel en 2003.
¿Qué quiere decir Williams con “el resto de la provincia también debe tener la posibilidad de opinar”?
La Iniciativa Popular es una herramienta de democracia semidirecta mediante la cual vecinxs chubutenses pretenden conseguir las firmas requeridas por la constitución provincial para obligar a la Legislatura a tratar el proyecto de ley para prohibir la megaminería en todo el territorio. Ya lo habían logrado en 2014, sesión aquella en Rawson que recibió el nombre popular de “mamarracho”: se fotografió a un diputado recibiendo instrucciones de las mineras, no se respetó el espíritu de la ley y terminó vetada. Así, este impulso será el segundo intento en siete años, con una certeza y una duda por considerar: las firmas requeridas (3% del padrón) se conseguirán sin sobresaltos; la incógnita es qué intereses ponderará esta nueva Legislatura, si los del pueblo o los de las mineras.
Fuente: Red43