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La defensa del dueño de Austral Construcciones reclamó la absolución y calificó al caso como un «circo judicial».

El empresario Lázaro Báez fue condenado a 12 años de prisión en el marco de la causa en la que se lo investigó por maniobras lavado de dinero por 55 millones de dólares entre 2003 y 2015.

Más temprano se terminaron de escuchar las últimas palabras de los imputados, con las exposiciones de Martín Erazo y Juan De Rasi, dos de los acusados, que en ambos casos se quejaron porque, en el marco del proceso, el tribunal no había aceptado planteos realizados por sus defensas en relación a las pruebas.

«Termino con sabor amargo porque la mayor parte de la prueba que solicitamos con mi defensa, va a ser producida en otra etapa de este juicio, a posterior de que se dicte sentencia, y la realidad es que la pedimos para demostrar la verdad de los hechos, que muestran mi inocencia», señaló Erazo, vía la plataforma Zoom y a través de una transmisión en directo por Youtube.

En términos similares, De Rasi dijo: «Lamento no haber contado con las pruebas que habíamos pedido pero, así y todo, estoy seguro de mi inocencia porque sé lo que hice».

La defensa del dueño de Austral Construcciones reclamó la absolución y calificó al caso como un «circo judicial».

Báez está con prisión domiciliaria desde septiembre pasado, cuando la Cámara Federal de Casación Penal ordenó darle ese beneficio, y sigue las alternativas del juicio por videoconferencia, al igual que sus cuatro hijos.

El mayor de ellos, Martín Báez, está detenido en la cárcel de Ezeiza desde febrero de 2019 por orden del Tribunal, ante una denuncia por un intento de trasferir cinco millones de dólares cuando estaba inhibido.

El hecho ocurrió cuando ya había comenzado el juicio, que todavía era presencial, en la sede de los Tribunales Federales de Retiro.

El juicio comenzó en octubre de 2018 y en los primeros tramos del debate se preveía una duración de ocho meses, pero se sumaron inconvenientes que corrieron esos plazos hasta que, finalmente, la pandemia de coronavirus derivó en la suspensión de las audiencias desde el 20 de marzo último hasta junio pasado, cuando se reanudó de manera virtual.

Báez fue detenido en abril de 2016 por orden del juez federal Sebastián Casanello, que instruyó la causa.

En su última intervención durante el juicio, el 30 de diciembre pasado, el empresario aseguró ser víctima de una «persecución sistemática del poder político, la prensa y gran parte del Poder Judicial».

El ministro británico de Salud, Matt Hancock, anunció este martes un endurecimiento de las medidas de control a los viajeros precedentes de países incluidos en la «lista negra», con altas multas y cárcel a los infractores, en un esfuerzo por frenar la importación de nuevas variantes de coronavirus posiblemente menos sensibles a las vacunas actuales.

«Fortalecemos el castigo por incumplimiento de las reglas; los que adrede intenten ocultar haber visitado en los últimos diez días los países de la lista negra, pueden enfrentar una condena de hasta diez años de prisión; un proyecto de ley correspondiente será legitimado pronto», afirmó Hancock, citado por la agencia de noticias Sputnik.

El Gobierno británico teme la importación de variantes resistentes a las vacunas, especialmente después de que un estudio mostrase que la desarrollada por AstraZeneca/Oxford tiene poca eficacia en adultos jóvenes contra las formas leves de Covid-19 provocadas por la mutación sudafricana, que ascendió a 147 casos.

A mediados de enero, las autoridades prohibieron la llegada de personas procedentes de una treintena de países de las regiones de América del Sur, África del Sur y Portugal, y a partir del próximo lunes se impondrán nuevas medidas para el resto de países del mundo.

Además, los británicos o residentes legales en el Reino Unido que regresen de un país de la «lista negra», a quienes no se puede impedir la entrada, tendrán que realizar su cuarentena de 10 días en algún hotel designado por el Gobierno y pagar la factura de 2.400 dólares por persona.

Además, tendrán que someterse a dos pruebas de coronavirus, en el segundo y octavo día del aislamiento; cada test ronda actualmente los 165 dólares y deberá ser costeado por el pasajero.

Para asegurarse de que se cumplan estas normas, Hancock anunció que quien se niegue a realizarse las pruebas PCR se arriesga a una multa de entre 1.300 y 2.700 dólares, mientras que quienes no respeten la cuarentena podrían tener que pagar entre 6.800 dólares y 13.700 dólares.

En tanto, quienes mientan sobre su presencia 10 días antes de viajar podrían ser condenados a hasta 10 años de prisión.

«La gente que se salta estas normas nos pone a todos en peligro», subrayó el ministro.

Situación sanitaria

El país más castigado de Europa por la pandemia de coronavirus, con más de 3,9 millones de contagios y 113.000 muertes, atraviesa su tercer confinamiento tras descubrir la variante británica del virus en el sur de Inglaterra en diciembre pasado.

En paralelo, desde el 8 de diciembre, el Reino Unido desarrolla una campaña de vacunación masiva, que tienen el objetivo de llegar a 15 millones la próxima semana, incluyendo a todos los mayores de 70 años, personal sanitario y enfermos crónicos.

Hasta el momento, 12,3 millones de habitantes (de los 66 millones que tiene el país) fueron inoculados una de las dos dosis de las vacunas de Pfizer/BioNTech o AstraZeneca/Oxford y el Gobierno prevé en mayo haber inmunizado a toda la población adulta.

Privados de la libertad y un grupo de artistas realizaron un homenaje al ídolo del fútbol Diego Armando Maradona en la Unidad Nº 43 de González Catán. Pintaron un mural en una de las paredes de la cárcel.

Los integrantes del grupo artístico Marley Graffitis, Victor Sanchez, Roberto Llanes y Maximiliano Jaldín fueron los artístas que junto con los privados de libertad armaron un mural en uno de los paredones blancos de la Unidad N° 43 de González Catán.

El diseño del mural, que mide aproximadamente 3 metros de altura por 8 de ancho, fue pensado por los propios internos debido a que muchos jóvenes conocieron el Maradona actual, cuando éste dirigía los rumbos futbolísticos del club Gimnasia Esgrima de La Plata, y nunca lo vieron jugar.

Los graffiteros que llegaron a la unidad fueron contactados por el interno Germán C., quien es amigo del artista Víctor Sanchez desde temprana edad. Además del contacto, el director de la Unidad Néstor Rodríguez, juntamente con los subdirectores Fabián Basualdo, Humberto Antomarioni y Maximiliano Gómez gestionaron la llegada de los artistas.

Por otra parte, la seguridad intramuros estuvo a cargo del jefe de Asistencia y Tratamiento Guillermo Krell, el subjefe de asistencia Mauricio Cerdera y el subjefe de Tratamiento Darío Leal, quienes dispusieron los medios necesarios para que la realización del mural se desarrolle de manera adecuada dentro de la unidad.

Esta fue la primera vez que «Marley Graffitis» realiza un homenaje a Diego Maradona dentro de una cárcel. Al respecto, Roberto Llanes comentó: “Nos vamos re contentos, la pasamos súper bien por toda la predisposición que tienen para ayudarnos y todo lo que nos brindaron. Nos llevamos un recuerdo muy grato”.

Los ocho rugbiers detenidos por el crimen de Fernando Báez Sosa, que permanecen alojados en la Alcaidía de Melchor Romero a la espera del juicio oral aún se encuentran aislados del resto de la población carcelaria para evitar cualquier tipo de agresión, aunque están adaptados a la rutina diaria del pabellón en el que se encuentran.

Los ocho detenidos por el crimen permanecen alojados en la Alcaidía de Melchor Romero aislados del resto de la población carcelaria.

Fuentes de la investigación aseguraron a Télam que Máximo Thomsen (20), como Ciro Pertossi (20), Luciano Pertossi (19), Lucas Pertossi (21), Enzo Comelli (20), Matías Benicelli (21), Blas Cinalli (19) y Ayrton Viollaz (21) se encuentran desde el 12 de marzo del año pasado en el Pabellón 3 de la Alcaidía, ubicada en la localidad platense de Melchor Romero, y están alojados juntos pero en calabozos para dos personas.

La vida carcelaria

Los voceros explicaron que los ocho se mueven siempre en grupo: de lunes a viernes, y al igual que el resto de la población carcelaria, tienen permitido permanecer tres horas al aire libre.

Ellos lo hacen en el patio del Pabellón 6, donde suelen caminar, sentarse al sol y compartir charlas.

“Se los ve bastante bien adaptados”, dijo uno de las fuentes consultadas, que aclaró que “reciben la misma comida que los demás internos, más lo que le acercan sus familias”.

Es que desde mediados de noviembre pasado, los presos volvieron a recibir la visita de sus familiares tras el inicio del aislamiento por el coronavirus: una vez por semana, apenas un familiar por detenido puede ingresar a visitarlo, bajo medidas estrictas de bioseguridad.

Los familiares aprovechan la oportunidad y les llevan libros, ropa, elementos de higiene, yerba y cigarrillos.

Según los voceros, los rugbiers reciben eventualmente asistencia espiritual de parte de un pastor.

Sin embargo, allegados a los ocho detenidos cuestionaron la ayuda psicológica y psiquiátrica que reciben dentro del penal y dijeron que los ven “sufriendo bastante”.

Uno de esos allegados -que prefirió mantenerse en el anonimato para evitar, según dijo, posibles represalias contra los detenidos- cuestionó “principalmente a una psicóloga, que juzga y pide que se arrepientan de un proceso que todavía no tiene sentencia”.

La Justicia británica rechazó este lunes la extradición del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, no por su argumento sobre el libre acceso de la información, sino porque una condena larga en una prisión de máxima seguridad de Estados Unidos pondría en peligro su vida, principalmente por la posibilidad de ser sometido a uno de los peores castigos de ese sistema carcelario: el encierro solitario.

«El encierro solitario consiste en estar dentro de una celda de dos metros por tres metros esencialmente todo el tiempo; comés ahí, usás el inodoro ahí, te bañás ahí y solo salís unas horas por semana, como mucho cinco, para ir a una celda un poco más grande para ejercitar, que a veces no tiene ventana», explicó a Télam el director del Proyecto Nacional de Prisiones de la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU, en inglés), David Fathi.

A diferencia de la mayoría de los países desarrollados, Estados Unidos -la nación que concentra un cuarto de la población encarcelada del mundo- no tiene una autoridad independiente que monitorea las condiciones de las cárceles y, por eso, el proyecto de Fathi busca garantizar que se cumplan la Constitución y las leyes en todos los centros de detención.

«Estados Unidos es el país que más utiliza al encierro solitario, tanto en número de veces como en términos de períodos sin interrupción; estimamos que todos los días hay entre 80.000 y 100.000 presos en esa condición en todo el territorio, y hay personas que pasan así su condena durante años, a veces hasta décadas», destacó.

Un preso puede terminar encerrado solo por días, semanas, meses o años por un hecho grave, como atacar a otro detenido a un guardia, o por cuestiones tan sencillas como pedir medicina con una receta vencida o por tener muchas pertenencias, según relevó la ACLU.

«Estados Unidos es el país que más utiliza al encierro solitario, tanto en número de veces como en términos de períodos sin interrupción; estimamos que todos los días hay entre 80.000 y 100.000 presos en esa condición en todo el territorio, y hay personas que pasan así su condena durante años, a veces hasta décadas»
DAVID FATHI

«La sanción es mayormente arbitraria y eso se empeora por la falta total de revisión de la medida a lo largo del encierro solitario», señaló Fathi.

Durante el juicio en el Reino Unido se mencionó que, de ser extraditado y declarado culpable en Estados Unidos, Assange cumpliría su condena en la «supercárcel» más famosa de ese país: ADX, en Colorado.

Las llamadas supercárceles de Estados Unidos fueron creadas en la década de los 90 y, según Fathi, fueron producto del apogeo de la política punitiva de encarcelamiento de esa época. Ellas solo tienen celdas de encierro solitario, no tienen espacio para presos detenidos en un régimen común.

«En la práctica, si te mandan ahí, te vas a quedar ahí hasta que te mueras o cumplas tu condena; en teoría, si te portas bien, te pueden sacar del aislamiento; eso sucede, pero son pocos los casos», explicó el defensor de derechos civiles.

A lo largo del juicio en el Reino Unido, los abogados de Assange declararon que el fundador de WikiLeaks sufre de síndrome de Asperger y depresión, y advirtieron que si su detención se extiende en una cárcel de máxima seguridad existe riesgo de suicidio.

Para Fathi, la decisión de la jueza británica de no extraditarlo a Estados Unidos demuestra que las «desastrosas consecuencias del encierro solitario son bien conocidas».

«No hay ninguna evidencia de que esta forma de castigo mejora el comportamiento de los presos, pero sí hay evidencia masiva deque el encierro solitario es perjudicial para la salud mental de los detenidos, especialmente para los que tienen enfermedades mentales», explicó.

Prueba de ello es que la mayoría de los suicidios en las cárceles de Estados Unidos suceden en celdas de encierro solitario, aunque en proporcionalmente éstas solo representan una minoría en todo el sistema carcelario nacional, agregó el activista.

En 2016, tras un informe que reveló estas cifras y evidencia, el entonces presidente Barack Obama condenó públicamente el encierro solitario e impulsó algunas reformas, «aunque ninguna significativa», destacó Fathi.

En su campaña electoral, el presidente electo Joe Biden que asumirá este mes prometió terminar con el encierro solitario en las cárceles federales, salvo algunas excepciones.

Los ocho rugbiers acusados de asesinar a Fernando Báez Sosa en enero pasado en Villa Gesell volvieron a recibir a sus familiares en la Alcaidía de Melchor Romero, en La Plata, a partir del retorno a la visitas en las cárceles bonaerense, luego de ocho meses en los que estuvieron prohibidas por la pandemia.

Fuentes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) aseguraron a Télam que tanto Máximo Thomsen (20), como Ciro Pertossi (20), Luciano Pertossi (19), Lucas Pertossi (21), Enzo Comelli (20), Matías Benicelli (21), Blas Cinalli (19) y Ayrton Viollaz (21), recibieron el último fin de semana a sus familiares.

De acuerdo con las medidas sanitarias dispuestas por las autoridades carcelarias, los presos solo pueden recibir una visita por vez y recién podrán volver a ser visitados dentro de 14 días.

Las fuentes consultadas aseguraron a esta agencia que, en el caso de Thomsen, uno de los principales protagonistas del hecho, fue visitado por su madre, mientras que su padre recién lo hará en la próxima visita.

«Fue una alegría inmensa volver a verlo después de tantos meses», dijo a Télam uno de los padres que concurrió a la visita y que prefirió no ser identificado.

Como medida de seguridad, los ocho jóvenes permanecen alojados en el pabellón 3 de la Alcaidía Departamental La Plata 3, ubicada en Melchor Romero, en cuatro celdas contiguas con capacidad para dos detenidos cada una y no cuentan con ningún privilegio.

Según las fuentes, los ocho amigos se mueven siempre en grupo: de lunes a viernes, y al igual que el resto de la población carcelaria, tienen permitido permanecer tres horas al aire libre. Ellos lo hacen en el patio del Pabellón 6, donde suelen caminar, sentarse al sol y compartir charlas.

Desde el 20 de marzo pasado, cuando se decretó el aislamiento preventivo por la pandemia del coronavirus, los rugbiers dejaron de recibir visitas, al igual que todos los presos.

De esta manera, los familiares solo podían acercarles algunos alimentos y distintos elementos de entretenimiento, como libros o revistas.

Además, los acusados del crimen de Fernando cuentan con un solo teléfono celular que comparten los ocho y con el cual se comunicaron todo este tiempo con el exterior mediante llamadas o mensajes de texto, ya que no tienen habilitada ninguna red social.

Se presentó en el Congreso de la Nación un proyecto de ley que propone crear la figura de “homicidio vial” para establecer penas más duras a aquellas personas que asesinen a otra u otras fruto de una corrida o unas picadas callejera ilegal.

El proyecto de ley establece entre 8 y 25 años de prisión para el homicida. Además, propone privarlo de la libertad desde el minuto cero de la investigación e inhabilitar su licencia de conducir de por vida.

Por iniciativa de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), el proyecto se llama “Ley Tahiel”, en alusión al niño de seis años que murió el 13 de septiembre en Laferrere tras ser atropellado por un auto cuyo conductor estaba corriendo una picada.

“Cuando murió Tahiel me puse a revisar la legislación y me pregunté cómo no está previsto en el Código Penal el delito de matar corriendo una picada. Se aplica el homicidio culposo y, algo que empieza con la acción voluntaria de participar en una carrera ilegal se equipara a una conducta involuntaria, como si fuera un accidente. Algunos jueces apelan a la figura del homicidio con dolo eventual, pero después también es difícil probarlo”, explicó el director de la ANSV, Pablo Martínez Carignano.

Si el proyecto de ley se aprueba, los asesinos al volante serán castigados como si fuera un homicidio intencionado. «Esta ley va a darle una herramienta a los jueces para que puedan hacer justicia sin tener que recurrir a la figura del homicidio con dolo eventual”, sostuvo Martínez Carignano.

Hoy por hoy, correr picadas tiene una pena de seis meses a tres años con inhabilitación a conducir por el doble de tiempo que la condena, según el artículo 193 bis del Código Penal.

La madre de Tahiel, presente en el Congreso para la presentación de este proyecto, reclamó que “se haga ley” y pidió “justicia por el asesinato” de su hijo “y para todas las víctimas”.

El ministro de Transporte, Mario Meoni, manifestó que “hay que castigar a los que participen en picadas, de una vez por todas, a quien utiliza un medio que es para transportar y lo usa para matar”.

Los presos los habían marcado al comienzo. “No son como nosotros, son logis”, decía un hombre del hampa que conoce bien la atmósfera de la Alcaidía N° 3 de La Plata en Melchor Romero, sobrepoblada con rastreros, ladrones de motos y celulares, dealers, violentos que golpearon a sus novias, una cárcel de gallos y bravos, una cárcel que es usualmente la primera de muchos en la periferia platense, presos jóvenes y enojados.

Máximo Thomsen (20), Ciro Pertossi (20), Luciano Pertossi (18), Lucas Pertossi (21), Enzo Comelli (20), Matías Benicelli (20), Blas Cinalli (19) y Ayrton Viollaz (21), los ocho acusados de matar a patadas en el cráneo a Fernando Báez Sosa, alojados en el pabellón 6 de la N° 3, salían tres horas por día al patio, donde de vez en cuando escuchaban los insultos de los detenidos, los mismos que escuchaban en su primer lugar de encierro, el penal de Dolores. Estaban aislados del resto de la población. Con el tiempo, los insultos desaparecieron. “Son uno más”, decía un jefe penitenciario a Infobae dos meses atrás.

Hoy, los ocho protagonistas de uno de los crímenes más resonantes de la historia reciente continúan su vida tumbera. Hasta ahora, su conducta es buena: no se los acusa de protagonizar ningún incidente.

“Mantienen un perfil muy bajo. No han hecho peticiones a los agentes penitenciarios. No se advierte liderazgo de ninguno de ellos sobre los otros, y se comportan con respeto hacia el personal”, asegura una fuente penitenciaria.

Continúan aislados, según confiaron fuentes penitenciarias a Télam. De lunes a viernes, al igual que el resto de la población carcelaria, todavía tienen permitido permanecer tres horas al aire libre en el patio del Pabellón 6, donde suelen caminar, sentarse al sol y compartir charlas.

La pandemia introdujo fuertes cambios en la vida de los presos: canceló las visitas hasta nuevo aviso, pero un fallo judicial permitió el uso de celulares con WhatsApp para comunicarse con familiares y amigos y así aliviar el encierro. Los rugbiers cuentan con un solo teléfono celular que comparten los ocho y con el cual se comunican con sus familiares mediante llamadas o mensajes de texto, ya que no tienen habilitada ninguna red social.

“Todos leen algo, algunos libros históricos, otros novelas», coinciden las fuentes. Por ejemplo, Máximo Thomsen, uno de los más complicados en el expediente luego de que se revelara mediante una pericia de la Policía Federal que con su zapatilla de lona negra encontrada en la casa que compartían los acusados en Villa Gesell se golpeó a Fernando, «es un apasionado de la novela épica y de fantasía y siempre tiene en sus manos algún libro de la saga de ‘El Señor de los Anillos’ o de ‘Game of Thrones’”, graficó la fuente consultada.

Mientras tanto, la fiscal a cargo de la causa, Verónica Zamboni, entra en la recta final del plazo legal de diez meses para cerrar la causa y elevarla a juicio, con una imputación que puede llevar a los ocho a una pena de prisión perpetua. La producción de pruebas todavía no terminaba dos meses atrás: Zamboni planea pedir nuevas declaraciones testimoniales en las próximas semanas.

Fuente: Telam 

El Ministro de Seguridad de Chubut, Federico Massoni, desobedeció a un juez que le prohibió entrar a una cárcel a hacer procedimientos con la policía . Encima, se hizo filmar cometiendo flagrantemente el delito de desobediencia a una orden judicial, agravado por ser funcionario público. El hecho se registró el viernes último cuando el controvertido ministro de Seguridad llegó con más de doscientos efectivos de las fuerzas especiales y la policía convencional a allanar los tres módulos del Instituto Penitenciario Provincial por casos de extorción.

Allí, innecesariamente, por orden de los hermanos Gómez y del propio Massoni, rompieron entre 40 y 50 candados de las celdas donde están alojados los presos y tiraron abajo unas puertas, en lo que se podría considerar como una sucesión de delitos de “daño calificado” por ser la prisión un edificio estatal.

O sea, representantes del Estado rompiendo cosas del Estado injustificadamente. Una verdadera locura y como toda locura, algo difícil de entender. ¿Qué creerían, que los presos se iban a escapar? ¿O que iban a descartarse de los celulares que les terminaron secuestrando?

Después de los daños que ocasionaron, los guardias del Instituto Penitenciario Provincial no tenían cómo ni con qué dejar encerrados a los reclusos.

Ahora, seguramente en los próximos días va a haber una serie de denuncias penales por el accionar de la policía de Massoni. Nadie está cuestionando la diligencia que se realizó con la finalidad de clarificar graves delitos, lo que se pone en tela de juicio es la forma en que se ejecutó.

Según se supo, en una resolución el juez de Ejecución Penal de Puerto Madryn, Daniel Yangüela, a raíz de una presentación de la Defensa Publica, le prohíbe a Massoni intervenir en allanamientos bajo apercibimiento de Ley, y con la posibilidad de que sea denunciado penalmente en el Ministerio Publico Fiscal. Y él lo sabe, pero así y todo incumplió la sentencia del magistrado y se hizo filmar cometiendo el delito.

La prohibición a Massoni, viene de un operativo anterior en la misma cárcel, cuando se denunciaron todo tipo de ilegalidades en un allanamiento que aparentemente estuvo dirigido por él.

El juez federal de Rawson, Gustavo Lleral, ordenó que no haya más ingresos al penal de máxima seguridad de Rawson. Hizo lugar al habeas corpus que presentó el cotitular de la Comisión de Cárceles de la Defensoría General de la Nación, David Chassagnade. Se había desatado un escándalo con el traslado de 18 detenidos provenientes de Ezeiza, rechazados en varias otras provincias, de lo cuales 9 dieron positivo de coronavirus. 

«También se ordenó la misma disposición a la interventora del Servicio Penitenciario Federal, la doctora Garrigós de Rébori, y se puso en conocimiento de la situación a la ministra de Justicia de la Nación, doctora Marcela Losardo», remarcó Lleral.

El magistrado precisó que «la decisión del traslado de los internos alojados en la Unidad 6 y que han arribado en estos días, y que según la información del Ministerio de Salud se comprobó que nueve de ellos están infectados de Covid-19, fue tomada por la dirección nacional del Servicio Penitenciario Federal, la autoridad máxima, que dispone de los traslados de los internos».

Explicó que existe un protocolo para este caso extraordinario de la pandemia y que, «teóricamente debió haberse observado al momento de decidir los traslados». Y al depender el Servicio Penitenciario del Ministerio de Justicia de la Nación y ejerce su actividad dentro del Poder Ejecutivo, «es el responsable de las cárceles de todo el país», remarcó.

«TODOS ESTAMOS PREOCUPADOS»

«Todos estamos preocupados, aunque el Ministerio de Salud de la Provincia a través de su equipo epidemiológico ha ordenado la aplicación de los protocolos de aislamiento. Esa situación se evaluará día a día a través de la autoridad sanitaria», precisó el juez federal. 

Lleral ratificó que hizo lugar al habeas corpus del defensor oficial y también cotitular de la Comisión de Cárceles, David Chassagnade, que hizo una observación sobre los protocolos de traslado.

Pero además pidió que «se suspenda el ingreso de internos a la Unidad, medida que ya fue adoptada por mi parte, ordenándole al director de la Unidad 6 que se abstenga de recibir futuros traslados hasta tanto se modifique la situación epidemiológica del complejo carcelario», reveló el juez federal de Rawson.

Consultado sobre si la decisión de los traslados en el marco de la pandemia podría representar un delito, Lleral puntualizó que «hay una investigación penal en curso que se inició a través de la Fiscalía Federal de Rawson a cargo del doctor Fernando Gélvez, aunque muchos datos no puede dar».

«La autoridad que toma la decisión del traslado debe tener conocimiento de que hay personas infectadas», sostuvo.

CONTAGIOS EN TODOS LOS COMPLEJOS CARCELARIOS

Por su parte, el defensor oficial ante el Juzgado dijo que hizo las averiguaciones pertinentes que lo llevaron a «requerir información y poder tener un monitoreo de la situación, especialmente sobre el estado de salud de los internos y la aplicación de los protocolos que han sido dictados en los últimos meses».

«La Unidad 6 tiene una capacidad de 510 internos, aunque la población era inferior, había un cupo disponible de entre un 15 al 20 por ciento, no estaba completa», explicó Chassagnade. «Eso se logró a través de una acordada de la Cámara de Casación Penal y distintos pedidos de prisiones domiciliarias, semi libertad, algún que otro traslado, que se fueron gestionando durante la feria judicial extraordinaria por parte de los distintos defensores públicos y particulares de los internos, que en su mayoría son del área metropolitana de Buenos Aires. Es muy poca la población carcelaria que tenemos de Chubut en ese complejo de Rawson».