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El jefe de una cárcel de Ecuador fue asesinado este domingo en medio de una consulta popular para establecer la extradición y endurecer penas contra el crimen organizado. El referéndum se desarrolló bajo un clima de máxima tensión tras la muerte a balazos de dos alcaldes esta semana, la imparable violencia y una grave crisis energética.

Damián Parrales, director de la cárcel conocida como El Rodeo de la costera ciudad de Portoviejo en el sudoeste del país, fue “víctima de un atentado que lamentablemente terminó con su vida”, informó el organismo estatal a cargo de las prisiones (SNAI) en un comunicado.

La consulta popular se cerró a las 19 horas de la Argentina. La participación fue del 72%. Un sondeo a boca de urna anticipó que el presidente Daniel Noboa perdió dos de las 11 preguntas del referéndum. Según el sondeo de la empresa Infinity Estrategas, el mandatario ganó las cuestiones enfocadas en reforzar la lucha contra el crimen organizado, pero recibió un revés en las referentes a arbitrajes internacionales y contratos por horas.

Cómo fue el asesinato del director de la cárcel de El Rodeo

Parrales, quien había asumido el cargo hace cinco días, fue baleado mientras almorzaba con su familia en un restaurante del poblado de Jipijapa (cerca a Portoviejo), según medios locales.

El crimen empaña la consulta popular, a la que 13,6 millones de los 17,7 millones de habitantes estaban llamados a votar por Sí o No en 11 preguntas impulsadas por el mandatario Daniel Noboa, que coquetea con la reelección en febrero próximo.

En Ecuador, las penitenciarías son centros de operaciones del narcotráfico y teatro de cruentas matanzas entre reclusos que dejaron más de 460 fallecidos desde 2021, reportó AFP.

En el sur minero dos alcaldes fueron asesinados entre miércoles y viernes. Hace un mes también mataron a la jefa municipal de un balneario en el Pacífico.

Una docena de políticos murieron baleados desde 2023, cuando los homicidios treparon al récord de 43 por cada 100.000 habitantes frente a 6 en 2018. Noboa sufragó en el poblado costero de Olón (sudoeste de Ecuador) bajo un fuerte resguardo militar.

Los resultados oficiales se conocerán esta noche.

Por qué Ecuador hace un referéndum

El referendo “definirá el rumbo y la política de Estado que tomaremos para poder afrontar el reto de luchar contra la violencia, el crimen organizado”, dijo Noboa en la inauguración de la jornada electoral.

La extradición de ecuatorianos es la punta de lanza del referendo, cuando la Constitución la prohíbe.

La población fue consultada sobre este asunto en febrero de 2023, antes del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, y el “No” se impuso con 52%.

De 36 años y elegido en atípicos comicios por 18 meses (hasta mayo de 2025), Noboa incluyó preguntas sobre la ampliación de las funciones de los militares en la lucha contra el crimen y el aumento de las penas para delitos como narcotráfico.

Sondeos estimaban que el “Sí” triunfará hasta con 65% de la votación, en un contexto de masacres en las calles, violencia política, creciente poderío de los narcotraficantes y una crisis eléctrica.

La oposición rechazó principalmente establecer el contrato de trabajo por horas y reconocer al arbitraje internacional para resolver controversias.

Con una popularidad de 69%, Noboa declaró la guerra a las organizaciones ligadas a carteles de México y Colombia tras una violenta arremetida en enero, con una veintena de muertos. Entonces decretó el estado de conflicto armado interno y ordenó a las Fuerzas Armadas doblegar a una veintena de agrupaciones consideradas “terroristas” y “beligerantes”.

Noboa militarizó desde enero las cárceles. La mano dura redujo el índice de homicidios de acuerdo con el gobierno; pero la violencia se recrudeció en el último mes. En el último tramo de la consulta apareció una crisis energética. El gobierno sostiene que, además de la sequía que empezó en marzo, hubo sabotaje y corrupción que afectaron la operación de centrales hidroeléctricas.

La Audiencia Provincial de Barcelona ha condenado a 4 años y 6 meses de cárcel al futbolista Dani Alves por la violación a una joven en la discoteca Sutton de Barcelona la madrugada del 31 de diciembre de 2022. El tribunal considera acreditado que la víctima no consintió las relaciones y que existen elementos de prueba, además del propio testimonio de la denunciante, para entender probada la violación y, por tanto, la comisión del delito de agresión sexual.

Además de la pena de prisión, la Audiencia condena a Alves a 5 años de libertad vigilada tras su salida de la cárcel, así como a indemnizar a la víctima con 150.000 euros por el daño moral y las lesiones sufridas y a una multa total de 9.000 euros por un delito leve de lesiones. Asimismo, le impiden comunicarse con la denunciantes por cualquier medio y acercarse a ella a menos de 1.000 metros, según informa el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJCat).

En su sentencia, el tribunal de la Sección 21ª de la Audiencia de Barcelona que “el tribunal considera probado que “el acusado cogió bruscamente a la denunciante, la tiró al suelo y evitando que pudiera moverse la penetró vaginalmente, pese a que la denunciante decía que no, que se quería ir” del baño privado de la discoteca Sutton donde ocurrieron los hechos. Y entiende que “con ello se cumple el tipo de ausencia de consentimiento, con uso de la violencia, y con acceso carnal”.

La resolución explica que “para la existencia de agresión sexual no es preciso que se produzcan lesiones físicas, ni que conste una heroica oposición de la víctima a mantener relaciones sexuales”. Y precisa que “en el presente caso nos encontramos además con unas lesiones en la víctima que hacen más que evidente la existencia de violencia para forzar su voluntad, con el subsiguiente acceso carnal que no viene negado por el acusado”.

La declaración de la víctima

Sobre la declaración de la joven denunciante, el tribunal, señala en la sentencia, que “ha alcanzado la convicción sobre los hechos al haber valorado positivamente la declaración testifical en el acto del juicio oral de la víctima, conjuntamente con otras pruebas que corroboran su relato”. Los magistrados consideran que, en el núcleo esencial de su declaración, la víctima ha sido “coherente y especialmente persistente, no sólo a lo largo de la instrucción de la causa, sino también en el plenario sin que se evidenciase en el interrogatorio la concurrencia de contradicción relevante en relación a lo previamente declarado por ella en instrucción”.

En la resolución los magistrados apuntan a varias “corroboraciones periféricas que apuntalan la versión de la denunciante en lo referido a la penetración vaginal no consentida”. Entre ellas, mencionan la existencia de lesiones en la rodilla de la víctima, su estado de ansiedad inmediatamente después de los hechos y la existencia de secuelas en la joven.

Este delincuente que se hace pasar por sindicalista redobla su apuesta mafiosa utilizando a los trabajadores para refugiarse para no terminar preso.

«La guerra le vamos a dar» esta es la frase por la cual la Justicia a través de la Jueza Karina Breckle y la fiscal Florencia Goméz deberían actuar inmeditamente para revocarle su prisión domiciliaria para que cumpla prisión preventiva efectiva en una cárcel y no en su casa donde organiza revueltas que ya terminaron atentando contra las arcas del estado haciéndole perder más de 100 mil millones de pesos.

El Gobernador debe solicitar de manera urgente la intervención de este sindicato por el bien de los verdaderos trabajadores que se están quedando sin temporada.

Así amenazan a los empresarios denunciantes de corrupción y desafían a la justicia los pseudodirigentes del SUPA desde su prisión domiciliaria donde siguen organizando planes macabros.

La Justicia ya habló, en Chubut no hay más lugar para los mafiosos. ¿Que hace el FEPA apoyando a estos coimeros del SUPA?

 

El «coimero» Alexis Gutierrez alías el Gallo Claudio «LA GUERRA LE VAMOS A DAR».

Este delincuente que se hace pasar por sindicalista rebobla su apuesta mafiosa utilizando a los trabajadores para refugiarse para no terminar preso.

«La guerra le vamos a dar» esta es la frase por la cual la Justicia a través de la Jueza Karina Breckle y la fiscal Florencia Goméz deberían actuar inmeditamente para revocarle su prisión domiciliaria para que cumpla prisión preventiva efectiva en una cárcel y no en su casa donde organiza revueltas que ya terminaron atentando contra las arcas del estado haciéndole perder más de 100 mil millones de pesos. El Gobernador debe solicitar de manera urgente la untervención de este sindicato por el bien de los verdaderos trabajadores que se están quedando sin temporada.

Así amenazan a los empresarios denunciantes de corrupción y desafían a la justicia los pseudodirigentes del SUPA desde su prisión domiciliaria donde siguen organizando planes macabros.
La Justicia ya habló, en Chubut no hay más lugar para los mafiosos. ¿Que hace el FEPA apoyando a estos coimeros del SUPA? #sindicalistascorruptos #corrupción #pesca #puertos #chubut #coimas

Publicada por Cholila Online Portal de Noticias Digital en Domingo, 11 de febrero de 2024

 

 

#Coimas #pesca #sindicato #supa Habla en LU20 Radio Chubut el Dr. Nicolás D’ Albora abogado de Raúl Matías Cereseto quién denunció a los sindicalistas del SUPA liderados por Alexis Gutierrez alías Gallo Claudio por pedir y recibir más de 20 millones en dos meses, por parar la actividad industrial de la pesca perjudicando al estado de Chubut en más de 100.000 mil millones de pesos. ALEXIS GUTIERREZ es el primer sindicalista de la era Javier Milei e Ignacio Torres en cumplir prisión domiciliaria por corrupción sindical.

Publicada por Cholila Online Portal de Noticias Digital en Lunes, 12 de febrero de 2024

El narcocriminal, Evelio «Yiyo» Ramallo, fue trasladado al penal de Ezeiza tras confirmarse que seguía dirigiendo su banda delictiva desde la Unidad 6 de Rawson.

La información fue difundida por la propia ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, en sus redes sociales.

Ramallo está condenado por narcotráfico y homicidio y estaba detenido en Rawson, «desde donde manejaba a su organización desde adentro y tenía a Rafaela bajo su dominio”, escribió la ministra en “X” agregando que “hoy ya se encuentra en el penal federal de Ezeiza, bajo las máximas medidas de seguridad que contempla el protocolo para presos de alto riesgo».

Desde la cárcel

Ramallo -quien durante el traslado fue visto con un uniforme blanco, con chaleco antibalas y casco de color oscuro, ya estuvo detenido en muchos penales: pasó por Las Flores, Coronda, Piñero y las cárceles federales de Resistencia (Chaco), Marcos Paz (Buenos Aires), Rawson y ahora Ezeiza.

Sin embargo, el mismo Servicio Penitenciario al que la ministra felicitó por el traslado nunca pudo evitar que Ramallo accediera a un amplio repertorio de recursos que le permitieron, como efectivamente denunció Bullrich, tener a una amplia región de Santa Fe y también de Córdoba bajo su dominio.

Ramallo está acusado de dirigir una organización criminal dedicada a la comercialización de estupefacientes y a asesinar personas que pudieran entorpecer el dominio del negocio por el propio Yiyo.

Mientras estaba preso, Ramallo -con la colaboración de algunos integrantes de su propia familia y de una amplia organización regional- ordenó los asesinatos de Rudy González, Miguel Mendoza, Marcelo Sánchez (que efectivamente se concretaron en Rafaela), además de otros dos crímenes consumados en localidades cordobesas cercanas a Santa Fe. Asimismo, también ordenó otros crímenes que no alcanzaron a cometerse, todos a través de sicarios contratados desde la cárcel por él mismo, según las hipótesis que maneja la justicia.

El defensor Javier Romero solicitó la prisión domiciliaria para la exministra de Familia, Leticia Huichaqueo, quien fue condenada a cuatro años de prisión por la venta de alimento para mascotas que había sido donado en el marco de la emergencia climática de Comodoro Rivadavia.

En una de las tantas causas de corrupción en Chubut que llegaron a concretar una condena firma, cayó detenida la exministra de la cartera de Familia en la gestión de Mario Das Neves, Leticia Huichaqueo.

La pena que le dictó el tribunal fue de cuatro años y desde hace un mes está cumpliendo la condena en el Instituto Penitenciario Provincial ubicado en la Ruta N° 3 entre las ciudades de Trelew y Puerto Madryn.

Su abogado, en penalista Javier Romero fue categórico sobre las consecuencias que puede tener Huichaqueo si continúa detenida.

“Es probable que se muera” disparó Romero en diálogo con Radio Chubut sobre las condiciones en las que está presa Huichaqueo y sus problemas de salud.

En este marco, remarcó que solicitaron la prisión domiciliaria, situación que obligó a la jueza Karina Breckle para que recorra el centro de detención y poder evaluar en primera persona las condiciones de detención en las que se encuentra la exministra de Familia.

Romero sostuvo que el pedido que ellos formularon tiene que ver con la serie de especialidades médicas que deben tratar a la presa, entre ellos un psiquiatra, por lo que es necesaria su prisión domiciliaria.

Fue trasladada el Instituto Penitenciario Provincia de la Ruta 3 entre Trelew y Puerto Madryn. Lo confirmó el abogado defensor, Javier Romero, a Cadena Tiempo. En una próxima audiencia, se definirá si sigue en la cárcel o cumple la condena en otro espacio alternativo
Leticia Huichaqueo, el lunes se entregó a la Justicia tras quedar firmes las condenas por corrupción.

La exministra de Familia, Leticia Huichaqueo, fue trasladada al Instituto Penitenciario Provincial de la Ruta 3 entre Trelew y Puerto Madryn, donde permanece detenida con una pena de cuatro años de prisión por delante.

El abogado Javier Romero confirmó a Cadena Tiempo que este martes los médicos del Hospital de Rawson, donde se encontraba internada desde ayer, le dieron el alta y fue derivada a un centro de detención.

Asimismo, la jueza que lleva adelante la causa, ya inició el proceso para fijar una audiencia en la que definirán si Huichaqueo permanece internada en el IPP o la derivan a otro lugar alternativo, conforme dictaminen los médicos.

Hasta este martes a la tarde, aún no había sido confirmada la fecha en que se realizará esta audiencia. El abogado defensor de la exministra de Mario Das Neves, ya adelantó que solicitará que transite el encierro en su domicilio o en otro espacio alternativo que no sea la cárcel.

Huichaqueo se entregó el lunes pasado a las autoridades judiciales en Rawson, tras quedar firmes las condenas en dos causas por corrupción.

De ahí fue sometida a la revisión médica y se descompensó, motivo por el cual fue internada en el Hospital “Santa Teresita”, donde pasó la noche.

Romero, su abogado, había dicho que la exministra es “paciente de riesgo”, por lo que no puede compartir un espacio físico con personas con Covid.

Por estas horas, siguen completando estudios médicos para presentar en la audiencia cuya fecha quedará establecida en estos días.

Fuente: Radio Brava 94.9

La problemática con el narcotráfico en Rosario parece no tener fin. Ante este panorama, y sobre todo en un año electoral, ya fueron varios los políticos que se manifestaron al respecto con distintos tipos de soluciones.

Por ejemplo, Patricia Bullrich aseguró: “Tengo el sueño de construir una cárcel en los terrenos que Lázaro Báez se robó”. Al respecto, sostuvo que “estaría bueno” ya que sería “una combinación interesante”.

Claro está, que los dichos de la exministra de Seguridad durante el mandato de Mauricio Macri, son sobre las tierras confiscadas al excontratista de obra pública de la época del kirchnerismo, Lázaro Báez, condenado a seis años de prisión en la causa conocida como Vialidad (en la que también fue juzgada Cristina Kirchner).

En diálogo con Romina Manguel en FM Milenium, la precandidata a presidenta por el PRO, también opinó sobre Ricardo Bussi, quién difundió un spot promocionando la libre portación de armas. En relación a esto, fue contundente: “Buzzi no está a la altura de tirar medidas aisladas, esa no es una política de seguridad”.

Además, prosiguió: “La verdad que el delito más importante que tenemos que aislar es el narcotráfico, porque tiene mucha plata para comprar. Podés hacer una cárcel para agresores sexuales, que estén aislados del resto de la sociedad, pero la más importante es el narcotráfico y los sicarios”.

Por último, regresando a la problemática en Rosario, aprovechó para diferenciarse de Horacio Rodríguez Larreta, uno de sus adversarios en las PASO. “Se necesitan fuerzas federales y el Ejército para impedir la libre circulación de narcos y sicarios”, manifestó.

De este modo, se distanció del jefe de Gobierno de la Ciudad quien había declarado que “el Ejército no está preparado para intervenir en la problemática” que arrastra la ciudad santafesina desde hace décadas.

Stormy Daniels, la actriz porno que salió con el expresidente Donald Trump, ha estado bajo el ojo público, pues este miércoles 15 de marzo estuvo reunida con los fiscales de Manhattan para qué declarara sobre el supuesto pago que le realizó Trump en el 2016 para que nadie se enterara de su relación.

En ese año, Michael Cohen, Exabogado de Trump, le pagó a Daniels 130.000 dólares durante la campaña electoral a la Casa Blanca para mantener la relación de ellos en secreto. Se dice que esta tuvo lugar en el 2006, cuando Trump acababa de casarse con Melania.

Según la prensa nacional, se cree que Stormy extorsionó al político para que le pagara por su silencio. Sin embargo, durante todos estos años los abogados de la mujer han apelado diciendo que ella es la verdadera víctima en este asunto, ya que él pagó para que nadie se enterará de lo que pasó entre ellos y, además, ha recibido amenazas por esta situación.

Por el momento, los fiscales se encuentran examinando si se violaron las leyes estatales con este y otros pagos, pues se ha descubierto que Donald Trump le dio 420.000 dólares a su exabogado para que le pagara a Daniels y a la modelo de Playboy, Karen McDougal. Además, se tuvieron otros supuestos gastos que fueron clasificados como gastos legales.

¿Quién es Stormy Daniels?

Stephanie Clifford, es el verdadero nombre de la mujer de 44 años, nació y creció en Luisiana. Desde que era adolescente entró al negocio del cine para adultos en el que era conocida como Stormy Daniels.

En el 2009, la mujer quiso entrar en el mundo de la política, pero cambió de idea cuando en ese mismo año fue detenida por un delito menor de violencia doméstica tras una disputa con su marido. Además, se ha casado tres veces y su actual marido es el también actor de cine porno Brendon Miller.

¿Cuándo conoció a Trump?

En el 2006, Stormy conoció a Trump en un torneo de golf de celebridades en Lake Tahoe en julio de 2006. Supuestamente, el encuentro entre los dos fue más que una aventura, ya que se dice que tuvieron un romance cuando el empresario ya estaba casado con Melania.

En enero de 2018, el diario ‘Wall Street Journal’ informó que la actriz había recibido un pago por 130.000 dólares para qué no hablará de sus encuentros sexuales con el expresidente. En ese mismo año, Daniels publicó un libro de sus memorias titulado Full Disclosure, en español Revelación Total, y en sus páginas relataba como había sido su relación con Trump.

Además, en agosto de ese año, Michael Cohen, abogado de Trump, reconoció ante los fiscales que el exmandatario le había ordenado hacerle ese pago a Daniels para influir en las elecciones. En ese entonces, el republicano negó lo anterior y llamó mentiroso a su exabogado. Por otro lado, Daniels contó más detalles al respecto y aseguró que un hombre la amenazó en un estacionamiento de Las Vegas en 2011.

Transcurrieron 41 días desde aquel mediodía en el que los ocho rugbiers conocieron la condena que recibieron por el crimen de Fernando Báez Sosa. En el medio, un sinfín de rumores y especulaciones que están directamente relacionados al ánimo de los detenidos.

Desde la Alcaidía N°3 del penal de Melchor Romero, donde permanecen alojados, nada cambió: continúan apartados del resto de la población, bajo la misma dinámica establecida durante los meses previos a la realización del debate oral en Dolores.

Quienes frecuentan a los ocho jóvenes no dudan en admitir que el humor no es el mismo. Ante el contacto de TN, un miembro del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) incluso fue tajante al definir la situación del grupo: “Están resistiendo”.

Los ocho jóvenes fueron condenados en primera instancia por el crimen de Fernando Báez Sosa.Por: web

Desde el organismo provincial desmintieron que haya habido una ruptura entre ellos o que alguno decidiera correrse de la estrategia comandada por el abogado Hugo Tomei. “Están juntos y esperan que este año haya novedades respecto al fallo de Casación”.

El pedido del abogado de los rugbiers

En los últimos días, Tomei solicitó la absolución de los tres rugbiers condenados a 15 años (Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi) y la reducción de la pena para los cinco acusados que fueron sentenciados a prisión perpetua (Máximo Thomsen, Luciano Pertossi, Ciro Pertossi, Enzo Comelli y Matías Benicelli).

En los próximos días entregaría el escrito el particular damnificado, a cargo de los abogados Fernando Burlando, Fabián Améndola y Facundo Améndola, quienes también apelarían la sentencia y solicitarían una condena a prisión perpetua para los ocho rugbiers, según anticiparon.

Hugo Tomei, antes de ingresar a los Tribunales de Dolores (Foto: Télam/Diego Izquierdo).Por: Diego Izquierdo

 

El recurso de apelación ante Casación que presentó Tomei fue el mismo que solicitaron los fiscales del juicio, Juan Manuel Dávila y Gustavo García, pero con un planteo opuesto al abogado de los rugbiers. Dávila y García pidieron ante el mismo tribunal que no sean cinco los condenados a perpetua y que los ocho sean considerados como coautores del “homicidio agravado” y reciban el máximo castigo.

TN intentó contactarse con el abogado de los detenidos, que prefiere mantenerse en silencio luego del juicio que le generó una exposición elevada, inusual para la vida de Tomei.

Los rugbiers durante el juicio por el brutal crimen de Fernando Báez Sosa (Captura TN).Por: web

A través del entorno del abogado, este medio sí pudo saber que la defensa confía en que esta nueva instancia judicial resulte favorable para los detenidos. También que la pena que recibieron los ocho no sorprendió a Tomei: “Él cree que el sistema judicial no está apto para soportar la presión mediática”.

El factor que mantiene intranquilos a los detenidos

El letrado de Zárate también entiende que una de las principales inquietudes que atraviesa a sus defendidos está relacionada con el traslado a otro penal. Los ocho, a pesar de las diferencias o discusiones que puedan tener, se aferran a mantenerse juntos mientras permanezcan detenidos.

“Si eso sucede, a él no lo van a notificar”, explican desde el SPB. Es decir, que los jóvenes podrían ser trasladados de la noche a la mañana sin previo aviso, a cualquier unidad penitenciaria, juntos o separados.

Esta posibilidad, imposible de manejar para la defensa de los rugbiers, es justamente el factor que más incomoda a los detenidos. Si bien el máximo deseo de todos es que la Justicia reduzca sus penas, el hipótetico escenario de separación y traslado los mantiene intranquilos.

“Saben que pueden ser subidos a una unidad móvil y notificados en el momento de que van a ser alojados en otro penal. Eso puede suceder cualquier día, a cualquier hora. Lo último con lo que cuentan en la cárcel es con certezas”, indicó una fuente cercana al expediente.

Desde el SPB completaron: “Algo que se sabe y no se dice es que pocos están dispuestos a pagar el costo de un traslado. O mejor dicho: que queden expuestos en otra cárcel y sean atacados. Son los presos más conocidos de la Argentina, no va a ser fácil”.

Cuatro personas fueron detenidas bajo la acusación de formar parte de un plan para rescatar en helicóptero al capo narco rosarino Lindor Alvarado de la cárcel de Ezeiza, donde permanece alojado tras haber sido condenado a prisión perpetua por liderar desde la cárcel una asociación ilícita que entre el 2012 y 2018 se dedicó a cometer homicidios, amenazas, extorsiones y balaceras, informaron fuentes policiales y judiciales.

El plan fue desbaratado el viernes tras un trabajo de inteligencia realizado por personal de la Policía Federal y el Servicio Penitenciario Federal (SPF), que logró el secuestro del helicóptero y la detención de cuatro personas, integrantes de la organización criminal santafesina.

Fuentes judiciales confirmaron a Télam que los investigadores trabajaron bajo las órdenes del juez federal de La Plata Ernesto Kreplak y de los fiscales de la Procunar Diego Iglesias y de Cecilia Incardona.

Según los pesquisas, la maniobra de rescate de Alvarado ya había sido intentada el viernes de la semana pasada, pero fue descubierta por los investigadores policiales que frustraron la maniobra.

«Llevaban más de seis meses de planificación», dijo a Télam un investigador judicial, quien confirmó que la idea era utilizar un helicóptero que había sido adquirido en el extranjero mediante «complejas maniobras de lavado de dinero».

Los narcos volvieron a intentarlo este último viernes pero los detectives de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la PFA, con la colaboración de las Direcciones de Seguridad y de Inteligencia del SPF lograron detectar, prevenir y frustrar la fuga.

Los investigadores confirmaron a Télam que la idea de la banda era utilizar un helicóptero para bajar en el predio de la cárcel de Ezeiza y, desde allí, rescatar al capo narco.

Los detalles del operativo se mantuvieron en estricta reserva para garantizar su éxito y la seguridad de todos los integrantes de las fuerzas intervinientes.

Además de las detenciones y el secuestro del helicóptero, se allanaron diversos domicilios en varias provincias, se realizaron requisas en la cárcel federal de Ezeiza, allanamientos en un aeródromo privado, se secuestraron armas, automóviles, elementos tecnológicos y gran cantidad de dinero en efectivo, dijeron los investigadores.

Los detenidos serán indagados en las próximas horas por el juez Kreplak.

El 3 de junio pasado, Alvarado fue condenado a prisión perpetua por un tribunal que lo encontró penalmente responsable de liderar desde la cárcel una asociación ilícita dedicada a cometer en Rosario homicidios, extorsiones, amenazas y balaceras a edificios judiciales, entre el 2012 y 2018.

Según ese veredicto, el jefe narco fue quien ordenó en 2018 el secuestro y asesinato del prestamista, Lucio Maldonado.

Fuente: Télam