Dos nuevos informes de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, Michel Bachelet, sobre las violaciones a los derechos humanos en Venezuela han pasado casi desapercibidos en medio de la pandemia del COVID-19. Pero merecen mucha más atención porque —con una salvedad— son demoledores.
Los nuevos informes del 2 y el 15 de julio de la oficina de Bachelet construyen sobre su investigación del año pasado, que documentó por lo menos 6,856 muertes sospechosas y ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad de la dictadura venezolana entre enero de 2018 y mayo de 2019.
Esa cifra convierte al dictador venezolano Nicolás Maduro en responsable de más homicidios políticos en un lapso de 17 meses que las dictaduras militares derechistas de Sudamérica en los peores momentos de la década de 1970.
Los nuevos informes del 2 de julio de Bachelet dice que se registraron 1,324 muertes violentas adicionales llevadas a cabo por las fuerzas paramilitares de Maduro durante “operaciones de seguridad” entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2020.
Los nuevos informes del 15 de julio cita casos documentados de ejecuciones, torturas y desapariciones forzadas. Entre las atrocidades citadas en el informe está la ejecución de 38 jóvenes y al menos 16 casos documentados de tortura.
Dice que los casos documentados de tortura “incluyeron fuertes palizas con tablas, asfixia con bolsas de plástico y productos químicos, inmersión de la cabeza del detenido bajo el agua, descargas eléctricas en los párpados y violencia sexual en forma de descargas eléctricas en los genitales”.
Añade que “Las personas detenidas también estuvieron expuestas a bajas temperaturas y / o luz eléctrica constante”, y “sometidos a amenazas de muerte contra ellos y sus familiares”. En muchos casos, “los médicos emitieron certificados médicos falsos o inexactos que no revelaban signos de tortura”.
Cita el caso del capitán retirado Rafael Acosta Arévalo, quien murió bajo custodia el 29 de junio de 2019. “La autopsia reveló que había sufrido múltiples golpes. Tenía hematomas, heridas y quemaduras en varias partes del cuerpo, así como 15 costillas rotas”.
Bachelet, ex presidenta de Chile y miembro del Partido Socialista de Chile, merece aplausos por sus bien documentados informes de la ONU sobre Venezuela. Yo la entrevisté en varias oportunidades durante su segunda presidencia de 2014 a 2018, y en ese entonces era reacia a criticar públicamente a la dictadura venezolana.
Pero Bachelet comete un error al recomendar en su último informe que Estados Unidos y otros países consideren “la revisión, suspensión o el levantamiento de las sanciones sectoriales” contra los altos funcionarios de Venezuela y la industria petrolera estatal venezolana. El informe afirma que tales sanciones económicas “obstaculizan los esfuerzos del gobierno” para hacer frente a la actual crisis humanitaria.
No, Sra. Bachelet, ahí se equivocó en grande. Lo que Venezuela necesita son más sanciones económicas de la comunidad internacional para presionar a Maduro para que permita elecciones libres, y poder empezar a revertir la crisis humanitaria, que es fruto de la crisis política.
Contrariamente a lo que afirma Maduro, la crisis humanitaria de Venezuela no ha sido causada por sanciones estadounidenses o europeas, sino por la desastrosa revolución chavista, que convirtió al país más rico de América Latina en uno de los más pobres.
Como dijo la propia oficina de Bachelet en un informe del 5 de julio de 2019, “la economía venezolana, particularmente su industria petrolera y sus sistemas de producción de alimentos, ya estaban en crisis antes de que se impusiera cualquier sanción sectorial”.
Además, como señaló un informe de mayo de Human Rights Watch, no hay evidencias de que si se levantaran las sanciones económicas contra las principales figuras del régimen y el monopolio petrolero estatal, el régimen venezolano usaría ese dinero para dar asistencia humanitaria a los pobres.
Por el contrario, la evidencia muestra que Maduro y sus generales se lo robarían, como lo han estado haciendo durante las últimas dos décadas.
En lugar de levantarse, las sanciones económicas contra el gobierno de Venezuela, no contra su pueblo, deberían expandirse. La alternativa a las sanciones para presionar a Maduro para que permita elecciones libres sería peor: una mayor crisis humanitaria, millones más de refugiados o una invasión militar extranjera.
Lo que la dictadura de Maduro necesita son sanciones mucho más fuertes por parte de muchos más países.