La Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Chubut informa que en el día de la fecha solicitó al Señor Gobernador de la Provincia del Chubut convoque, en forma urgente, a una reunión con los señores Ministros del Superior Tribunal de Justicia y a los titulares de los Ministerios Públicos, para abordar de manera conjunta la actual situación en la que se encuentra el Poder Judicial de la Provincia con el propósito trasmitir las graves circunstancias que afectan directamente el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva que impone la normativa legal y constitucional, producto del atraso salarial que ya lleva más de dos años.
Conforme al actual cronograma de pagos, a principios de septiembre se consolidaría una deuda de tres meses de sueldo y un medio aguinaldo. Desde marzo de 2018 el pago de los salarios de todos los empleados públicos provinciales fue retrasándose significativamente. Tanto es así que durante el año 2020, en virtud de ese atraso, hemos visto reducido un 40% de nuestros ingresos, pues en lugar de ocho salarios y medio hemos percibido cinco.
Comprendemos la situación socioeconómica generada por la Pandemia Covid 19, de la que ni el país ni la provincia han quedado al margen. Pero un atraso salarial como el que sufrimos pone en crisis la economía de todos los trabajadores, generando una serie de dificultades financieras y perjuicios económicos concretos derivados de ese incumplimiento, indicaron los Magistrados.
Integramos un poder del Estado llamado a contener la conflictividad social. No hay dudas de que esa conflictividad habrá de incrementarse y puede adquirir dimensiones impensadas, resultando imprescindible la inmediata regularización del pago de salarios a fin de garantizar funcionamiento pleno del Poder Judicial, sin perjuicio de las medidas de bioseguridad sanitario que se dispongan.
Por otro lado, hacemos un especial llamado de atención de la situación actual de la Caja de Jubilaciones de nuestra provincia y hemos manifestado que es de absoluta necesidad trabajar en posibles soluciones que resuelvan el tema de la deuda histórica que tiene el Estado Provincial con dicho organismo.
El otro aspecto que nos interesa abordar se vincula a la necesidad de cobertura de las vacantes en el Superior Tribunal de Justicia. Creemos que la Administración actual tiene la oportunidad histórica, casi fundacional, de designar cuatro cargos en ese Alto Tribunal.
Consideramos loable la decisión de convocar a una mesa política de consenso para la cobertura de dichos cargos.
Sin embargo, entendemos oportuno señalar que ese consenso debe construirse a partir de premisas indispensables tales como la idoneidad, el respeto a los derechos humanos y la paridad de género.
La Ley V Nro. 152 en su a artículo 4° dispone que la composición general del Superior Tribunal de la Provincia del Chubut contemple, en la medida de lo posible, que la inclusión de nuevos miembros permita reflejar las diversidades de género, de especialidad y de procedencia regional dentro de un marco ideal de representación.
Los Magistrados señalaron que sería encomiable que el señor Gobernador interpretara correctamente el verdadero sentido de dicha norma, cual es el de evitar que en igualdad de condiciones las personas sean excluidas de esos cargos por razón de su género. Es de público conocimiento que las mujeres chubutenses nunca han podido acceder a un cargo de ministra del Superior
Tribunal de Justicia, aunque sin duda hubieron muchas con iguales o mayores condiciones de idoneidad que las reunidas por ministros designados, lo cual torna evidente la discriminación.
En estos días el tema ha tomado repercusión pública y algunas versiones informan que se pretende realizar una interpretación errónea de la norma, limitando la equiparación sólo para las cuatro vacantes cubrir reduciendo, por ende, a dos los cargos para mujeres.
Entendemos que un acto de reparación histórica, verdaderamente respetuoso de la igualdad de género, impone que de los cuatro cargos vacantes, tres sean ocupados por mujeres, reflejando de ese modo la diversidad que propicia la ley citada, toda vez que las mujeres representamos más del 50% de la población. Cabe aclarar que en modo alguno se pretende priorizar el género por sobre la idoneidad y mucho menos eliminar ese requisito esencial. Pero no será por falta de mujeres capaces que no se respete el objetivo de la ley, toda vez que existen en cada una de las regiones de Chubut abogadas que ejercen la profesión liberal, funcionarias judiciales y/o magistradas que reúnen ampliamente los requisitos de idoneidad requeridos para el cargo.
Somos conscientes de que la integridad, independencia e imparcialidad de la judicatura son requisitos esenciales para la protección efectiva de los derechos humanos y no puede soslayarse que la igualdad de género está en el centro mismo de esos derechos, finalizaron los magistrados.
