Mañana jueves a las 14 horas se conocerá si la jueza Ivana Gonzalez abre la investigación por la causa “ñoquis calientes”, a la vez que se conocieron detalles de la maniobra investigada y que fue descrita por el fiscal general Omar Rodríguez junto a Lucas Kolsch. Entre ellos que entre los años 2016 y 2020, ingresaron a la cuenta de Cecilia Torres Otarola algo más de un millón y medio de pesos.
La causa «ñoquis calientes» tiene a 13 personas imputadas, entre ellas a Otarola, ex diputada provincial y ministra de familia.
Algunos de los defensores se opusieron a la apertura de la investigación y en general estuvieron en contra de la postura de los fiscales de que la causa sea considerada compleja lo que permitiría extender el plazo de investigación. Estos dos y otros aspectos de la causa «ñoquis calientes», deberán ser resueltos por la jueza de garantías Ivana González.
La causa «ñoquis calientes» está caratulada como “Cecilia Torres Otarola y otros, presunto fraude a la administración pública”. Además de Otarola, fueron llevados a proceso Jaquelina Rodera, Marcelo Neira, Facundo Solari Rodera, Mara Rodera, Branco Rodera Neira, Carlos Antonio Cundari y Miguel Angel Reto Trelles, Silvana Adriana Cañumil, Pamela Matamala, Facundo Andrés Jofré, Patricia Claudina Antonio y Alberto Gilardino.
Calificaciones legales
Todos estos detalles se encuentran discriminados en trece hechos donde la víctima resulta ser el Estado Provincial y por los que se encuadra el accionar de Cecilia Torres Otarola en el delito de fraude a la administración pública, en calidad de autora, -10 hechos-, concusión, -3 hechos-, todos ellos en concurso ideal, además de incumplimiento de los deberes del funcionario público a su vez concurriendo materialmente, entre ellos, al igual que Jaquelina Rodera, bajo el encuadramiento de los mismos delitos, pero en cinco hechos.
En tanto Mara Rodera, Facundo Solari Rodera, Carlos Antonio Cundari, Miguel Angel Reto Trelles, Marcelo César Neira, Claudia Patricia Antonia, Alberto Gilardino, Patricia Claudina Antonio, Pamela Matamala y Facundo Andrés Jofré, por el delito de fraude a la administración pública. Mientras Silvana Adriana Cañumil fue imputada por el mismo delito pero en dos hechos y como partícipe necesaria.
Los defensores y sus asistidos
El conocido abogado penalista Fabián Gabalachis defiende a Torres Otarola y a otros cinco imputados. No se opuso a la apertura de la investigación aunque sí rechazó que la causa «ñoquis calientes» sea considerada compleja, al igual que el resto de los defensores.
El defensor oficial Carlos Pericich defiende a Mara Rodera, su colega Omar López defiende a Patricia Claudina Antonio. El defensor oficial Damian Dantonio defiende a Alberto Gilardino, el abogado particular Jorge Rubiolo asiste a Pamela Matamala y Facundo Andrés Jodré, mientas que Zulma Manyauik asiste a Marcelo Neira, Carlos Antonio Cundari, Miguel Angel Retro Trelles y el penalista Fabian Gabalachis a Cecilia Torres Otarola, Jaquelina Rodera, Facundo Solari Rodera, Silvana Adriana Cañumil y Branco Rodera Neira.
La reanudación de la audiencia fue confirmada por la Oficina Judicial de Rawson, lugar donde el martes pasado que se inició el debate y que solo pudo ser ocupada por empleados, fiscales y trabajadores de prensa, por cumplimiento de estrictos protocolos sanitarios.
Niñera y empleada
Según la imputación en la causa «ñoquis calientes» , Torres Otarola antes de asumir como diputada provincial en diciembre de 2015 era dueña del comercio “5mentarios” en Esquel. Desde 2014 y hasta su asunción empleó a Cañumil. Pero ya como diputada la hizo ingresar a Legislatura como empleada administrativa y luego asistente de bloque, hasta diciembre de 2019. Cañumil figuraba en los papeles trabajando en el parlamento. En realidad era niñera de los hijos menores de la diputada. Vivía en la casa de Otarola en Esquel, según la investigación previa realizada por los fiscales.
Como legisladora, Otarola también gestionó el ingreso a Legislatura de Rodera, actual subsecretaria del Ministerio. “Las unía un estrecho vínculo de amistad”, dice la acusación. También ingresó el esposo de Rodera, Marcelo Neira, actual director de Políticas Sociales. Y logró un contrato en Legislatura para el hijo de ambos, Branco Rodero Neira.
Según el fiscal, gracias a Otarola también ingresaron a la casa de las leyes en 2017 Alexis Ganga, Erica Paludi, y Martín Sandoval. Los obligaba a dejar parte de su sueldo en provecho propio. Al cobrar “debían entregar un porcentaje elevado a Cañumil, encargada de la recaudación”. Eran transferencias bancarias. Cañumil giraba la plata a las cuentas de Torres Otalora en el Banco Chubut y Banco Nación.
Mismo modus operandi
Este modus operandi, según la fiscalía, habría cambiado cuando asume como ministra. “En diciembre de 2019 va a emprender un rol activo en el nombramiento de un grupo de personas cercanos a ella, como la familia Rodera-Neira, los cuales en su mayoría cobrará un haber mensual sin prestar contraprestación”. Dicho grupo se diferencia de otro, que ocupan cargos sin vínculo estrecho con Otarola,y “servía para nutrir sus intereses espurios”.
Logró el nombramiento de Rodera como subsecretaria de Desarrollo Social, y de su su hermana Mara Rodera como directora de Control de Auditoría y compras; Facundo Rodera, sobrino de la subsecretaria, fue como director general, Raúl Rodera, -hermano de Jaquelina- secretario de la ministro; Cañumil fue subsecretaria; Carlos Cundari, secretario privado de Jaquelina y Miguel Reto, director general.
Según el fiscal, “surge clara la relación de Otarola con los Rodera-Neira. Su gestión para que puedan ocupar cargos obedece a dicha relación estrecha, que venía desde antes de ser diputada”.
En el caso de Cundari, fue socio de Marcelo Neira en 1998, en Telemec SRL, Talleres de Electricidad y Mecánica. Y en 2005 en Industria Carma SRL. “Surge con claridad que la designación en el cargo de Cundari tiene que ver con la relación de cercanía con Neira”. La designación de Reto también es por una relación preexistente con los Rodera-Neira.
En 2010 Jaquelina y Mara Lorena Rodera constituyen la sociedad Devorebuenosayres Com SRL, para explotar un hostel y residencia estudiantil en Guatemala 4168, de la Ciudad de Buenos Aires. Rodríguez advirtió que el domicilio fiscal de Reto es el mismo. “Esto explica su designación como director, por su vinculación con los Rodera”.
Todos tienen domicilio en Buenos Aires. La única que reside en la zona de manera esporádica es Jaquelina, en el domicilio de Torres Otarola, Costamagna 79, Playa Unión.
Transferencias
En el otro grupo de la planta política nombrada por la exministro se menciona a Pamela Matamala, directora de la Juventud, quien presta servicios en la privada. Facundo Jofré es director general, oriundo de Dolavon y con vínculos con Matamala. El 7 de mayo Jofré realiza una transferencia de $ 75.000 a Matamala. Y ésta transfiere a la cuenta de Cañumil en el Banco Chubut los días 24 de abril por $ 87,816 y el 7 de mayo por $ 84.216.
Por su parte Cañumil le transfiere a Otarola el 27 de abril por $ 100.000. Y el 4 de mayo, otra transferencia a la cuenta sueldo de Otarola por $ 78.656,82. El 8 de junio, Cañumil le transfiere $ 50.000 a Jaquelina Rodera y el 8 de junio, nuevamente a Otarola al Banco Nación por $ 100.000.
El 10 de mayo de 2019, Cañumil transfiere a Marcelo Macayo $ 21.467,63 para pagar cuotas de un Instituto de Inglés, deuda que tenía Otarola. También hay transferencias entre Mauro Sebastian Valenzuela -pareja de Cañumil-, y Otarola En febrero y marzo la exministro le transfiere a Valenzuela $ 10.000 y $ 15.000. Entre 2016 y 2020, Cañumil le realizó transferencias a Otarola por más de $ 1.500.000. Por su parte, el 3 de junio Reto extrae $ 50.000 en efectivo y se lo deposita a Cañumil.
Acción coordinada
“Está claro que todos actuaron de manera coordinada, cumpliendo distintos roles, siempre bajo la cobertura que da el poder estatal. Otarola no tuvo ningún inconveniente para engañar al gobernador, abusando de su confianza, quien finalmente firmó los decretos de designación de los funcionarios solicitados por la nombrada, en función de una aparente idoneidad invocada”, dice la acusación. “La exministra tuvo en sus manos las riendas de los hechos, y el resto de los coimputados realizó aportes necesarios; los funcionarios del Estado, sumergidos en el error, efectuaron los pagos a personas que no cumplían contraprestación, llevando a cabo una disposición patrimonial perjudicial para sus arcas públicas, consumándose así la maniobra estafatoria”.