El gobierno del escribano Mariano Arcioni desató una vez más el conflicto social en Chubut y ahora pretende socavarlo con una política represiva desplazando la lucha de las calles que los vecinos supieron conquistar hace ya 18 años. Lo hizo con los trabajadores estatales, les robó dos meses de sueldo y un aguinaldo y ahora pretende hacer lo propio con todos los habitantes de esta provincia. No les podrá robar más sueldo, ahora les quiere robar el futuro, imponiendo la megaminería.
Está bien claro que el objetivo gubernamental será perseguir, penalizar o intentar judicializar cualquier actividad organizada que los vecinos vayan a realizar. Tan obvio como que la comunidad chubutense no va a claudicar en denunciar y rechazar el modelo extractivista y de saqueo que el poder económico y político ensaya, una vez más.
Es evidente que el escenario está lejos del consenso y la licencia social que desde hace años el lobby minero está buscando en estas tierras, con el propósito de llevarse los bienes naturales que ella cobija. Por eso el modelo extractivo sólo tendría cabida con un Estado más represivo en Chubut.
El gobernador Arcioni y su ministro de Seguridad Federico Massoni son los principales responsables por la integridad de los vecinos, atento los episodios registrados en Rawson con la detención y allanamiento de vecinos que participan de las asambleas del No a la Mina. Más allá de la puesta en escena que da de comer a los medios comerciales, hay que decir que no menos responsables es el gobierno nacional. No sólo por impulsar el desarrollo minero en la provincia, a pesar del rechazo popular de manera democrática, sino por conocer el estado de desidia en términos económicos y este conflicto social que se desató. El presidente de Alberto Fernández y su gabinete, no lo desconocen.
Como quien tapa el sol con la mano, la prensa comercial intenta ningunear la lucha del pueblo de Chubut para no darle existencia. Como lo hicieron históricamente. De la misma manera, pretenden preparar el terreno para desarrollar un escenario bélico a pesar de los 18 años de movilizaciones pacíficas que han contado y cuentan con el consenso popular. La prensa adicta a las gacetillas de gobierno experimentó por medio de categorizaciones como «ecoterrorista», entre otros adjetivos, demonizar las movilizaciones.
Por eso no es prematuro señalar que la doctrina de «seguridad ciudadana» que procura desarrollar Massoni no es más que el correlato de lo que conocimos como la doctrina de Seguridad Nacional. Intentan colocar en la ilegalidad a la práctica colectiva que irrumpe en los distintos puntos de la provincia dando claras muestras de la oposición al avance minero.
Hay mucho en juego en Chubut. Además del impacto ambiental, social y económico, el sistema democrático está en jaque. Tal cual como lo conocemos, está en un estado de crisis. Deshilachado. La representatividad que creíamos conquistar en 1983 nos queda cada vez más lejos. Porque el sistema mutó a una democracia delegativa que cada vez está más ajena a nuestros propios intereses.
Como lo señalara Guillermo O’Donnell hace ya largos años, la democracia delegativa no alcanza un progreso institucional ni una considerable eficacia gubernamental para abordar sus respectivas crisis sociales y económicas. Y es lo que hoy se vive en Chubut.
Las asambleas en sus procesos participativos (dos Iniciativas Populares con más de 30 mil firmas que les dan respaldo) se muestran como el surgimiento, fortalecimiento y legitimación de verdaderas prácticas democráticas. Son movimientos que llevan su tiempo y durante el cual ocurre un complejo proceso de aprendizaje positivo que sólo los que participan pueden comprender de qué se trata.
Los ideólogos de la crisis del diseño procuran sujetar el conflicto al reduccionismo en hechos puntuales y aislados para que el árbol nos impida ver el bosque. Es decir, ver a una comunidad jurídicamente organizada y manifestándose de manera democrática con un gran sentido histórico, social y político. El mismo que identificó a este movimiento desde que surgió allá a mediados de 2002.