La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) expresa su enérgico rechazo ante los actos de criminalización contra integrantes de asambleas ciudadanas y manifestantes que promueven pacíficamente una segunda iniciativa popular para mejorar la protección ambiental frente a los intentos de avance de mega-minería en la provincia, ocurridos ayer, 12 de noviembre de 2020, en la provincia de Chubut.
La Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut (UAC-CH) denunció allanamientos en los domicilios de las personas que impulsaron la iniciativa popular y detenciones, así como persecución mediática a quienes proponen y se manifiestan a favor de una ley que proteja la naturaleza frente a una actividad extractiva, que, además, ya se encuentra en gran medida prohibida por la ley XVII-N°68 (ex Ley 5001).
Estos hechos son incompatibles con el funcionamiento del estado de derecho, en el que debe garantizarse el pleno ejercicio de derechos tales como la integridad y libertad personal, la libertad de expresión, y el de la ciudadanía de proponer iniciativas políticas.
FARN recalca que América Latina es la región más peligrosa del mundo para defender la naturaleza (Global Witness, 2020), y que esta violencia comienza con situaciones como la vivida en Chubut, que apuntan a achicar los espacios ciudadanos para la expresión de ideas y debate político. Es sumamente importante garantizar entornos seguros sin restricciones, ni amedrentamientos para asegurar la proyección y promoción de los derechos humanos de quienes protegen el ambiente; entre otras formas, con protestas y/o manifestaciones pacíficas.
La organización recuerda también que, en septiembre de este año, el Congreso Nacional ratificó el Acuerdo de Escazú, un tratado ambiental a nivel regional que establece -de manera vinculante- claras garantías para proteger a quienes defienden los derechos humanos en temas ambientales. En ese sentido, llama a las autoridades de la provincia de Chubut a hacer cesar cualquier persecución política a manifestantes y miembros de asambleas ciudadanas, y a establecer medidas apropiadas para prevenir y sancionar cualquier ataque o amenaza, tal como determina dicho Acuerdo.