Ese es César Zaratiegui: el juez que le dio importancia y peso legal a una querella con un montón de irregularidades, solo porque la promovió el ministro de Seguridad Federico Massoni. El polémico funcionario se ofendió y denunció por calumnias al periodista de Cholila Online Darío Fernández, por publicar una información en la que aparecía vinculado a supuestos hechos de corrupción en el manejo de fondos públicos. En la presentación, Massoni no puso sus datos filiatorios, colocó como domicilio Fontana 50, Rawson, donde está Casa de Gobierno y ni siquiera la firmó. Así Zaratiegui le dio validez, incumpliendo el Código de Procedimientos.
Es muy probable que si el querellante hubiera sido un ciudadano común el juez la hubiese rechazado. No son pocos los que dicen que habría “recibido presiones” para fallar a favor de Massoni, evitando que quedara en ridículo y que tuviera que pagar casi un millón de pesos a modo de resarcimiento, como lo pidieron los abogados de Darío Fernández. Así está la Justicia en Chubut.
Si es que las presiones existieron, ¿Qué le habrán dicho a Zaratiegui para que se viera obligado a beneficiar con su fallo a Massoni? ¿Le habrán prometido algo a cambio? El tiempo será testigo.
Lo que es realmente preocupante es que el poder político se haya llevado prácticamente por delante a la Justicia y que entonces funcionarios de cuestionada moral hagan lo que quieran con la seguridad de que por más que cometan delitos no van a tener ningún castigo.
Massoni es un claro ejemplo de ello. Se cansó de entrar a propiedades privadas sin orden de un juez y mientras eran allanadas por su policía, ha interrogado a detenidos cuando el Código de Procedimientos lo prohíbe terminantemente si no es delante de un magistrado y en una audiencia en la que esté el abogado defensor y la fiscalía. Ha revisado bolsos en operativos policiales y una vez hasta les apuntó con un arma a personas que confundió con ladrones.
A Massoni lo denunciaron en varias ocasiones, tiene casi 30 pedidos de juicio político y no pasa nada. Goza de total impunidad porque hay jueces y fiscales que –a cambio de no se sabe qué– lo están protegiendo.
A Darío Fernández, de Cholila Online, por escribir en el portal web sobre la corrupción que hay en Chubut, poner en evidencia a delincuentes, narcotraficantes y denunciar a los que hacen su negocio con dineros públicos, le armaron una causa para meterlo preso de por vida en base a una falsa denuncia de su ex mujer.
Lo detuvieron ilegalmente. Un fiscal de Madryn y una jueza de esa ciudad en ajena jurisdicción le mandaron a allanar la casa por una supuesta amenaza que ni siquiera se configuraría como tal, y además, le secuestraron todos sus celulares y computadoras a las que pretenden abrir en los próximos días, en un claro atentado contra el derecho constitucional de preservación de sus fuentes de información que tiene un periodista.
Esto, es la Justicia de Chubut. No está para hacer cumplir la Ley y para juzgar y castigar a aquellos que no lo hacen, sino para ser utilizada por el poder político para perseguir a opositores y a periodistas que no pactan con los corruptos, que no venden su silencio por una pauta publicitaria.
El juez César Zaratiegui tuvo la histórica oportunidad de fortificar la libertad de prensa y de expresión en Chubut, tal como lo hizo en su momento el ex ministro del Superior Tribunal de Justicia Jorge Pfleger; pero optó por fallar a favor de aquellos que atentan contra ese derecho constitucional y democrático. Hasta protegió a Massoni imponiéndole a Cholila Online “un bozal legal”, para que no se lo nombre ni se lo critique al polémico ministro, siendo que se trata de un funcionario público.
Pero no importa; ya vendrán tiempos mejores, la Justicia hará justicia, los corruptos serán castigados e irán a la cárcel, la verdad triunfará sobre la mentira y nosotros, los que hacemos periodismo sin concesiones, seguiremos escribiendo, diciendo la verdad sin vueltas sin ser perseguidos por hacerlo.