En medio de la crisis más fuerte que recuerda la historia nacional reciente, una empresa canadiense anunciaba el descubrimiento de un yacimiento rico en oro en uno de los cordones montañosos que rodea al pueblo de Esquel. Lo que en un principio generó cierto entusiasmo, pronto se convirtió en dudas sobre qué significaba tener un proyecto de megaminería de gran escala a escasos kilómetros, en uno de los cerros de donde brota el agua que abastece a la población.
En pocos meses el pueblo tuvo que aprender qué era el cianuro, el drenaje ácido, la pulverización de millones de toneladas de piedra, el polvo en suspensión, los metales pesados en el agua. A partir de investigaciones, la difusión y la educación popular, en pocos meses los esquelenses conocieron de las impresionantes cantidades de uso de químicos, explosivos, maquinaria, agua, combustibles y electricidad en la industria minera extractiva.
Lo más destacado era la magnitud de lo que se iba a desarrollar, las ganancias desorbitantes de la empresa, los pocos puestos de trabajo que se prometían, similares a los que acababan de perderse tras el cierre de la principal industria textil. Todavía estaban frescas las promesas incumplidas del complejo hidroeléctrico en el río Futaleufú: años de trabajo en su construcción que terminaron en unos pocos técnicos manejando computadoras mientras estallaba el desempleo. Los ejemplos que se encontraban en el resto de Latinoamérica sobre las consecuencias de la megaminería no indicaban nada bueno por venir.
En poco tiempo pero con suficiente información se conformó la Asamblea de Vecinos Autoconvocados por el No a la Mina de Esquel, se convocó a las calles masivamente y se fiscalizó el plebiscito arrancado a políticos que pretendían habilitar un proyecto sin consultar a sus representados. Con una participación mayor que en elecciones convencionales, el pueblo votó en un 81% contra el emprendimiento minero y en pocos meses logró que la legislatura provincial apruebe la ley que prohíbe la minería a cielo abierto y el uso de cianuro, ley que sigue vigente.
En estos dieciocho años hubo varios intentos por voltear esa ley. Pero también otros por ampliarla, hacerla más restrictiva. Utilizando una herramienta que ofrece la Constitución de la Provincia, las asambleas presentaron en 2014 -tras frenar una embestida minera- un proyecto de ley por Iniciativa Popular (IP) para prohibir la megaminería en sus distintas formas y etapas. Desde la cámara de legisladores, obligados por ley a tratar la IP, intentaron modificar el texto y hacer de ella una ley minera. Fue tal el escándalo -la sesión es recordada por la foto de un diputado chateando con el gerente de la minera Yamana Gold en pleno recinto- que nunca llegó a promulgarse.
Este 2020, y a sabiendas de que el gobernador no mantendría sus promesas de campaña, las asambleas decidieron presentar una nueva Iniciativa Popular: en plena pandemia se recolectaron y verificaron 30.916 firmas, lo que significa más del 7% del padrón electoral. La anticipación se expresaba en el reciente ejemplo de Mendoza, donde el gobierno nacional y el provincial se habían puesto de acuerdo para modificar la ley que prohíbe el uso de cianuro
En paralelo, el gobierno venía aprovechando la pandemia para avanzar. Otorgó autorización desde el Instituto Provincial del Agua para que la minera Pan American Silver abastezca con agua de pozos a un campamento minero que todavía no existe ni tendría razón de ser si no se modifica la ley que prohíbe la explotación a cielo abierto del yacimiento Navidad.
Fuente: argmedios