En una comunicación formal, la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales habló de hostigamiento. Además, desmintió los aumentos salariales durante el año, además de remarcar el retraso de dos meses y el incumplimiento del 85 por ciento del aguinaldo. «Resulta inevitable vincular el anuncio del Poder Ejecutivo de remitir un proyecto de Reforma Judicial (que incluiría la creación de un “Fuero Contencioso Administrativo” y un “Fuero ambiental”) con el de Zonificación Minera, del que se han derivado investigaciones sobre presuntos delitos dirigidos a obtener la sanción de esa ley, circunstancia que ha generado un fuerte y negativo impacto social», advirtió la misiva.
La Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Chubut repudia el hostigamiento ejercido por el Gobierno provincial hacia el Poder Judicial, mediante descalificaciones públicas e inexactas.
En primer término, debemos señalar que todas las investigaciones sobre corrupción en la Provincia seguidas en la provincia se adecuan estrictamente al principio de legalidad y a la política criminal que prevén el Código Penal Argentino y el Código Procesal Penal de Chubut para el juzgamiento de las conductas ilícitas de funcionarios públicos.
Por otra parte, se falta a la verdad cuando se dice que hemos recibido aumentos salariales en 2020, pues nuestras asignaciones no han tenido incremento alguno en todo el año. El 10% otorgado recientemente por el Superior Tribunal de Justicia será percibido recién en marzo del 2021, cuando el Poder Ejecutivo deposite -tardíamente- los sueldos correspondientes al mes de diciembre del corriente. Lejos de ser un aumento dicho ajuste pretende mitigar los efectos del proceso inflacionario, así como el atraso de dos meses de sueldo y más del 85% de los aguinaldos. Tales incumplimientos, en conjunto, han significado una pérdida de más del 50% del poder adquisitivo de los salarios.
Recordar que los amparos individuales de magistradas/os y/o funcionarias/os son acciones judiciales que pueden ser deducidas por cualquier persona que padezca una afectación de naturaleza constitucional. La mayoría de las iniciadas en la Provincia han sido interpuestas por empleados/as dependientes del Poder Ejecutivo y/o jubilado/as que legítimamente acudieron al Poder Judicial para exigir el pago de sus salarios en tiempo y forma.
Respecto de la necesaria y urgente integración del Superior Tribunal de Justicia, insistimos en señalar que su composición exige reflejar las diversidades de género, de especialidad y de procedencia regional como ideal de representación provincial (Art. 4, Ley V, N.º 172), a fin de dotar de la necesaria legitimidad al órgano que representa la máxima autoridad jurisdiccional de la Provincia. Por ello, exigimos que la propuesta del Poder Ejecutivo Provincial respete la paridad de género, así como la capacitación en género de las personas propuestas, objetivo que deber ser central pues no se trata de una simple reivindicación política o de una cuestión meramente ideológica, sino que es una exigencia derivada de nuestro diseño constitucional, en el cual la igualdad de trato y de oportunidades es un principio que debe informar la totalidad del ordenamiento jurídico.
Rechazamos la idea de que los integrantes del Máximo Tribunal deben ser preferentemente profesionales en el ejercicio de la política, en lugar de ser juristas independientes, de reconocida y probada trayectoria. Las mejores prácticas, aquí y en todo el mundo, tienden a evitar el peligro de que las designaciones se conviertan en un mero reparto de cuotas de poder entre distintos partidos o grupos políticos, pues ello pervertiría la lógica del sistema constitucional dejando tácitamente sin efecto el proceso de selección en su integralidad, que incluye la posibilidad de que la ciudadanía opine sobre las candidaturas y que esa opinión sea tenida en cuenta.
Señalamos también que resulta inevitable vincular el anuncio del Poder Ejecutivo de remitir un Proyecto de “Reforma Judicial” (que incluiría la creación de un “fuero contencioso administrativo” y un “fuero ambiental”) con el Proyecto oficial de Ley de Zonificación Minera, del que se han derivado investigaciones sobre presuntos delitos dirigidos a obtener la sanción de esa Ley, circunstancia que ha generado un fuerte y negativo impacto social.
En ese marco reafirmamos que el asociacionismo es una herramienta muy importante para el fortalecimiento del sistema judicial. Su permanente descalificación por parte de los gobernantes provinciales no impedirá que continuemos en ese camino, reclamando con la misma firmeza de siempre el respeto a la división de poderes, esencial en un sistema democrático y republicano de gobierno. Somos conscientes de la necesidad de corregir errores, de mejorar el servicio que brindamos y, de ese modo, evitar que la sociedad se asome al abismo del descreimiento en la Justicia. Por esa razón no claudicaremos en la búsqueda incansable de una Justicia mejor.
La Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Chubut está comprometida en que las mujeres y hombres que la integran realicen los mayores esfuerzos en pos de lograr una provincia y un país más justos, donde sus habitantes puedan vivir en paz. En ese camino, con aciertos y errores, no dejaremos de luchar por preservar la independencia judicial, tratando de velar por el valor Justicia y el cumplimiento de la Constitución Nacional, la Constitución Provincial, los Tratados de Derechos Humanos y la Ley.
