El expediente que se abrió en 2013 tuvo un avance lento pero firme en la Justicia. El valor del testimonio de Leonardo Fariña, las imágenes de la Rosadita y la oscura maniobra para desplazar al juez del caso.
El 3 de mayo de 2013, el fiscal Guillermo Marijuán presentó en el juzgado de Sebastián Casanello un duro dictamen con una hipótesis inicial que daba inicio a la investigación: apuntaba a la creación de un entramado jurídico, bancario y financiero mediante el cual se habría llevado a cabo la fuga al exterior de dinero de Lázaro Báez, un empresario que se enriqueció durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner, por una suma “cercana a los 60 millones de dólares”. Estaba claro que el origen de esos fondos era ilícito y que provenía de la obra pública.
Detrás se montaba un complejo entramado de sociedades que le permitía lavar dinero al empresario patagónico y luego enviarlo al exterior. En el medio, la adquisición de millonarios bienes en el país y cuyos organizadores gozaban de una obscena impunidad que mostró con crudeza el programa Periodismo Para Todos (eltrece).
La declaración como arrepentido de Leonardo Fariña, en abril de 2016, fue quizás la principal llave que abrió la investigación. Así lo revelaron a TN.com.ar quienes participaron en la causa. El encargado de trasladar dinero en efectivo desde Santa Cruz hasta la financiera SGI, conocida como “La Rosadita”, creada por Federico Elaskar, ya había contado todo durante una reunión que fue registrada mediante una cámara oculta y emitida por el programa que conducía Jorge Lanata.
“El valijero” dio nombres y detalles de operaciones y cuentas bancarias. Ante sí, los investigadores tenían la posibilidad de convertir hipótesis en evidencias. Pero aún les faltaba un paso importante: desde el inicio de la causa, en 2013, Casanello había pedido exhortos internacionales a la Corte Suprema. Los jueces del máximo tribunal los autorizaron tres años más tarde.
Con el permiso en su poder, en 2016 el equipo de investigadores logró destrabar otro candado de la banda trasnacional de lavado dinero. No fue sencillo, debieron reunirse con las autoridades de los países donde la organización había montado sociedades offshore, depositado dinero y ejecutado todo tipo de maniobras financieras oscuras.
El tercer hito del caso que destacan los investigadores fue la aparición del video de “La Rosadita”. La grabación, que fue emitida por Telenoche, muestra a Martín Baéz, uno de los hijos de Lázaro, entrando al departamento de Puerto Madero con bolsos llenos de dólares. Otra demostración de la obscenidad de las operaciones del grupo delictivo. En ese momento, Marijuán señaló: “Es una prueba importante, explícita, que echa luz”.
Tanta luz echó esa prueba a la causa que impulsó la inmediata detención del hombre de confianza de Néstor Kirchner. Lázaro Báez fue detenido por la Policía de Seguridad Aeroportuaria, el 5 de abril de 2016, por orden de Casanello en el aeropuerto internacional de San Fernando. Con el santacruceño tras los muros de la cárcel de Ezeiza, la causa continuó hasta ser elevada a juicio.
El debate oral también avanzó a paso lento, pero firme: este miércoles el tribunal hizo caso al pedido del fiscal de juicio, Abel Córdoba, y condenó al empresario a 12 años de prisión. Una pena que fue festejada en los pasillos de Comodoro Py, sobre todo, en aquellos despachos en los que transitó, con todo su peso, la causa. Celebran, sobre todo, la multa récord que le tocará pagar a los condenados y que quedará en manos del Estado argentino: casi 4.400 millones de dólares, una decisión sin precedentes en la Argentina.
Una a visita a Olivos que no existió y el rol de los testigos truchos para desplazar al juez Casanello
Ya detenido, Báez lanzó una denuncia contra el juez que lo investigaba: dijo que en septiembre de 2015 había ido a la Residencia de Olivos para encontrarse con Cristina Kirchner, en ese momento, presidenta de la Nación. Según su versión, pudo ver al juez Casanello en la antesala de la oficina de la jefa de Estado junto al el por entonces secretario de la presidencia, Wado de Pedro.
Y hubo más: dos testigos, Gabriel Corizzo y Carlos Scozzino, aseguraron que vieron al juez en quinta presidencial. Casanello se autodenunció para que investiguen la versión. En octubre de 2020 ambos admitieron que mintieron y acordaron, en un juicio abreviado, una pena de tres años en suspenso por el delito de falso testimonio. Se trataba de una burda maniobra para apartar al juez del caso.