El Gobierno reglamentó la Inocencia Fiscal para captar dólares del colchón.
En un movimiento estratégico para robustecer las reservas y formalizar la economía, el Poder Ejecutivo nacional oficializó la reglamentación de la denominada Ley de Inocencia Fiscal. Bajo el lema «ahora lo tuyo es tuyo», la administración de Javier Milei busca que los ahorristas argentinos reingresen al sistema financiero una parte de los 170.000 millones de dólares que se calcula permanecen fuera del circuito bancario.
La normativa introduce el Régimen Simplificado de Ganancias, una herramienta que promete simplificar la relación entre el Estado y los privados. Según Red43, el esquema propone declaraciones precargadas por el fisco que el usuario puede validar, activando un «efecto liberatorio» que impide a la agencia ARCA realizar revisiones sobre ejercicios fiscales previos, siempre que no se detecten inconsistencias superiores al 15%.
Límites patrimoniales y reducción de sanciones
El nuevo diseño fiscal no es universal, sino que establece parámetros claros para su adhesión. Podrán beneficiarse aquellos contribuyentes cuyos ingresos anuales no excedan los $1.000 millones y que posean un patrimonio neto por debajo de los $10.000 millones. La gran novedad radica en que ya no será necesario realizar la engorrosa «justificación patrimonial» detallando el origen de cada activo; ahora, el declarante se limitará a informar ventas, costos y deducciones.
Además, la ley contempla una actualización profunda de los umbrales para delitos tributarios, ajustándolos a la realidad inflacionaria. El piso para iniciar una causa por evasión simple saltó de $1,5 millones a $100 millones, mientras que para la evasión agravada el mínimo se fijó en $1.000 millones. Asimismo, el plazo de prescripción para las acciones del Estado se redujo de 5 a 3 años, otorgando mayor previsibilidad jurídica al contribuyente.
La lupa de la UIF: una advertencia para grandes depósitos
A pesar de los beneficios, expertos tributaristas advierten que la «inocencia» es exclusivamente fiscal y no penal respecto al lavado de activos. Si bien la ex AFIP (ahora ARCA) puede perdonar la omisión de impuestos, la Unidad de Información Financiera (UIF) conserva todas sus facultades de investigación. «Una cosa es el perdón fiscal y otra es la Ley de Lavado de Activos. Si no podés justificar el origen del dinero, la UIF puede iniciar una causa penal, ya que la Ley de Inocencia Fiscal no anula las obligaciones de la Ley 25.246», señalan especialistas en la materia.
Esto implica que, aunque el trámite ante el fisco sea ágil, los depósitos de montos significativos que carezcan de una trazabilidad clara podrían ser objeto de reportes de operaciones sospechosas. El sistema está diseñado para facilitar la regularización de pequeños comerciantes y ahorristas minoristas, pero mantiene los filtros de seguridad internacional contra el crimen organizado y el financiamiento ilícito.
Impacto en la economía y formalización
La apuesta del Ministerio de Economía es que esta «dolarización voluntaria» sirva como combustible para el consumo y la inversión en el mediano plazo. Al eliminar el miedo a las multas retroactivas, el Gobierno espera que el capital ocioso empiece a circular en el mercado formal, ya sea mediante depósitos bancarios o inversiones directas en el sector productivo.
En conclusión, la Ley de Inocencia Fiscal marca un cambio de paradigma en la recaudación argentina, pasando de un sistema punitivo y de sospecha permanente a uno de confianza simplificada. No obstante, la vigencia de los controles por lavado de dinero recuerda que la transparencia sigue siendo el requisito indispensable para quienes decidan volcar grandes sumas al sistema financiero.