El escenario político nacional se vio sacudido este lunes por una resolución judicial de alto impacto
El juez federal Sebastián Casanello dictó el procesamiento de Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), bajo cargos de corrupción, fraude al Estado y liderazgo de una organización criminal. La causa investiga un esquema de desvío de fondos que habría operado durante los primeros meses de la gestión de Javier Milei.
La Justicia considera que se montó una estructura delictiva diseñada para beneficiar a empresarios del sector farmacéutico, utilizando los recursos destinados a las personas más vulnerables como una herramienta de enriquecimiento personal. Además de Spagnuolo, la medida alcanza a otras 18 personas, entre exfuncionarios y empresarios.
Un entramado de sobornos y sobreprecios
Según la resolución del magistrado, la ANDIS se convirtió en el epicentro de un «entramado de corrupción institucional». El fallo describe maniobras sistemáticas de intermediación irregular, direccionamiento de licitaciones y el cobro de retornos económicos en favor de droguerías privadas.
Según informó el medio Canal12web, el juez Casanello impuso embargos millonarios sobre los procesados. El más significativo recayó sobre el propio Spagnuolo, por una suma que supera los 202 millones de pesos, cifra que refleja la magnitud del daño patrimonial estimado contra el Estado nacional.
Los empresarios y funcionarios bajo la lupa
El procesamiento no solo afecta a la cúpula política de la agencia. Entre los implicados figuran Daniel Garbellini, segundo en la jerarquía del organismo, y los empresarios Miguel Calvete y Pablo Atchabahian, señalados como los nexos con las droguerías que resultaron beneficiadas por estas contrataciones irregulares.
Casanello advirtió que la investigación no se detiene aquí. El juez sostuvo que la lógica de «intermediación y privilegios» parece haberse extendido a otras áreas del Estado, sugiriendo que el esquema podría contar con niveles de complicidad aún no revelados. Para la Justicia, el «desenfado» con el que operaba la red indica una estructura de protección que excedía los límites de la propia Agencia de Discapacidad.
El impacto en la gestión pública
Este fallo representa un duro golpe para la narrativa de transparencia de la administración libertaria. La causa expone cómo, en un área tan sensible como la asistencia social y la provisión de insumos médicos para personas con discapacidad, se habrían priorizado negocios privados ilícitos por encima del interés general.
La causa seguirá avanzando mientras se analizan nuevas pruebas que podrían derivar en detenciones o en la ampliación de los cargos para los ya procesados.
