Así lo catalogaron al controversial ministro de Seguridad de la provincia, los abogados comodorenses Cinthya Tamara Castro y Gastón Bordier en uno de los pedidos de juicio político que ingresaron el año pasado a la Legislatura, en el que acusan a Massoni de mal desempeño de sus funciones como correlato de unas denuncias que le hicieron en la Justicia por “abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
Los denunciantes quieren que Massoni sea destituido, echado del Gobierno, y que responda en la Justicia por una sucesión de ilegalidades, en las que sostienen con pruebas que incurrió, por ejemplo, en los controles policiales que él muchas veces encabezaba allá por marzo, abril y mayo de 2020 para supuestamente hacer que la ciudadanía chubutense cumpliera con la cuarentena por la pandemia del coronavirus.
Para Massoni ya ingresaron al parlamento chubutense cerca de una treintena de pedidos de juicio político y dicen que ahora, en los próximos días llegarían más, a los que los legisladores deberían tratar, ni bien se reanude la actividad parlamentaria, a los fines de darle curso o no.
Los pedidos vienen desde distintos lugares de la provincia y el gobernador Mariano Arcioni –curiosamente– tiene un poco menos que Massoni. Aunque algunos de los acusadores sostienen que de no haber sido por el respaldo que Massoni tuvo de Arcioni, no hubiera cometido la sucesión de ilegalidades en las que presuntamente incurrió junto a la policía, en los controles que hubo en los inicios de la cuarentena.
No son pocos los observadores que ven a los legisladores como intentando esquivar el tratamiento de esos pedidos de juicio político lo cual de llegar a comprobarse también sería un delito pasible de ser denunciado en la Justicia penal. Marzo va a ser un mes clave en ese sentido.
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