El fiscal general Marcos Nápoli dio inicio a la parte procesal de los alegatos con los que intentará lograr que se condene a los acusados en la causa Revelación. Esta etapa duraría hasta el 31 de marzo.
Describió la función que cumplía en la presunta asociación ilícita cada uno de los ex funcionarios y el empresario imputados. Señaló como jefe al ex gobernador Mario Das Neves y sostuvo que «esta operación global no podría haber funcionado sin su anuencia».
La causa Revelación llegó a debate tras una extensa investigación de presuntos delitos de corrupción a ex funcionarios provinciales de la última gestión de gobierno de Das Neves. Una veintena de empresarios imputados originalmente en el caso, accedieron a la suspensión del juicio a prueba (probation) para evitar ir a juicio, a cambio de hacerse cargo de la construcción de instalaciones o compra de equipamiento para uso de la ciudadanía en distintos puntos de la provincia.
El tribunal a cargo del juicio está integrado por los jueces Mariano Nicosia, Ivana María González y Alejandro Rosales. En total la causa tiene ocho imputados, entre los que se cuentan los ex funcionarios provinciales Víctor Hugo Cisterna, Diego Miguel Correa, Gonzalo Carpintero Patterson, Pablo Alejandro Oca, Juan Martín Bortagaray, Alejandro Pagani y Diego Lüters; además del empresario Martín Castillo.
REPASO DE LAS PRUEBAS
En su extensa alocución, el fiscal hizo un repaso de todas las pruebas documentales y testimoniales que ha producido el Ministerio Público Fiscal a lo largo de más de dos años de investigación.
Describió la función que cada exfuncionario y empresario cumplían dentro de la asociación ilícita de la que se los imputa y sindicó como jefe de la asociación delictual al exgobernador Mario Das Neves. «Esta operación global no podría haber funcionado sin su anuencia», señaló.
Dentro de la operación ilegal, recordó los porcentajes que el exministro coordinador de gabinete Víctor Cisterna había impuesto para el pago de los retornos, 3 y 5 % para las obras de las gestiones del ex gobernador Martín Buzzi y Mario Das Neves, respectivamente.
SOBRE LOS IMPUTADOS
También relató el fiscal que, de acuerdo a declaraciones de testigos, Cisterna iba durante las mañanas a la oficina de Pablo Bastida. Este último sindicado como recaudador dentro del grupo, según indicó el fiscal.
Señaló al ex ministro de economía Pablo Oca como miembro encargado de digitar los pagos en función de las planillas que se confeccionaban en el Instituto Provincial de la Vivienda, a cargo de Martín Bortagaray, y del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos a cargo de Alejandro Pagani.
También describió la etapa de transición que se dio con la salida de Cisterna a cargo de la banda y su reemplazo por Diego Correa. Allí resaltó el testimonio de Diego Lüters que daba cuenta de la nueva función que le pedía Correa, específicamente la confección minuciosa de las planillas despojándolo de las tareas administrativas que venía desempeñando.
En su rol de organizador, Correa fue agregando personas a la actividad ilegal. Federico Piccione y Andrés Ninín de Comodoro Rivadavia fueron contactados para oficiar también de intermediarios y recaudadores como dio cuenta el testigo Fasciglione, el propietario de Protel (canal 9), según el relato del fiscal.
También describió el manejo de Martín Bortagaray dentro del IPV y su coordinación permanente bajo el seguimiento de Diego Correa. A través de las declaraciones testimoniales de los funcionarios de ese organismo pudo explicar cómo era la metodología de pago para las empresas y así éstas podían pagar los retornos.
Finalmente, evaluó que el monto mensual estimado en concepto de coimas para sobresueldos y/o campaña política rondaba los $ 9.000.000.
Se refirió también la situación del empresario imputado Martín Castillo, al que describió su imputación como «experimental» en comparación a las del resto de los empresarios que fueron beneficiados con la suspensión del juicio a prueba (probation) dando cuenta que fue una decisión de estrategia procesal ofrecer ese beneficio y que Castillo no aceptó.
Sinceró que llevar a juicio a más de 25 personas era materialmente imposible en relación a la falta de recursos que sufre el Ministerio Público Fiscal.
Sobre Castillo recordó el testimonio de una empleada del banco que testificó sobre la operatoria para que la entidad pudiera hacerse de los fondos necesarios para la cuenta de Industrias Bass propiedad de Castillo. El empresario le habría dicho a la oficial de cuentas del banco que para saber si había fondos debía preguntarle a Diego Lüters ya que él tenía la información precisa.
Fuente: El Chubut.
