En Chubut la voluntad popular frenó el avance de la minería a cielo abierto. Pero las empresas transnacionales no se resignan y, en alianza con los gobiernos locales más el aval de la Nación, avanzan sobre los recursos naturales en busca de dólares frescos. Mientras tanto les vecines luchan por apagar incendios forestales, padecen el retraso de los salarios estatales e intentan repeler el insistente lobby minero. Desde Esquel, un informe sobre la letra chica de un conflicto que seguirá provocando pasiones.
Pan American Silver es una empresa canadiense propietaria del yacimiento Navidad, un proyecto minero que abarca ocho depósitos minerales, cinco de los cuales se encuentran en una misma línea continua de casi seis kilómetros de largo. Se ubica en el centro de la meseta chubutense, “cerca” –diríamos aquí en la Patagonia– de las localidades de Telsen, Gan Gan y Gastre. De acuerdo al informe técnico preliminar encargado por Pan American Silver, Navidad contiene un estimado de 52.874.000 toneladas de mineral de cobre-plata, 36.571.000 toneladas de plata y 418.083.000 toneladas de material “no mineralizado” o “no económico”. Esto lo coloca como uno de los más grandes yacimientos argentíferos de América. Si bien las estimaciones varían de acuerdo al conocimiento del subsuelo y la inversión que se esté dispuesto a realizar, se calculan las reservas de plata por encima de los 600 millones de onzas (cada onza pesa 31.1 gr). La onza de plata vale hoy 26 dólares en el mercado internacional.
Minería sin códigos
Pero Navidad está prohibido. Pan American Silver reconoce en su página web: “La provincia de Chubut aprobó una ley en 2003 (Ley 5001) que prohíbe en toda la provincia la minería a cielo abierto y el uso de cianuro en el procesamiento de minerales, obstaculizando por ende el desarrollo de Navidad. Hasta la fecha esta ley permanece vigente. Nuestras actividades en Navidad en este momento están orientadas por un plan de inversión que tiene por objetivo satisfacer los requerimientos legales necesarios para mantener las propiedades mineras de acuerdo con la ley de minería actual. Planeamos continuar cumpliendo con estos requisitos de mantenimiento, permanecer comprometidos con Navidad y contribuir con el desarrollo económico y social de Chubut, en el caso de que se adopte un marco legislativo favorable”.
La ley 5001 (para ser rigurosos, su nombre actual es Ley XVII-N° 68) fue una consecuencia inmediata de la movilización antiminera de Esquel. Entre 2002 y 2003 la población rechazó, mediante la acción callejera, la instalación de una mina de oro y plata que pretendía ubicarse a escasos seis kilómetros del centro de la ciudad. Un plebiscito, forzado por esta movilización y realizado en la ciudad el 23 de Marzo de 2003, arrojó un 81% de rechazo. Sobre estos cómputos el diputado (PJ) Eduardo de Bernardi propuso un proyecto de ley que prohibiera el uso de cianuro al oeste de la Ruta Nacional 40 y que, por contraposición, lo permitiera hacia el este. Sin embargo, como no se llevó adelante –luego de aprobada la ley– la zonificación provincial que el proyecto establecía, la prohibición de cianuro quedó vigente para todo el territorio provincial.
¿Por qué la prohibición del uso de cianuro es tan determinante para la actividad minera? Porque el cianuro se utiliza para separar químicamente los metales de la roca minada de una manera que resulta para las empresas práctica y rentable. Si no pueden usar cianuro el margen de ganancia se achica tanto que prefieren no invertir.
La minería en gran escala y a cielo abierto en Argentina es relativamente nueva. Existió una guía para inversores, “Diez razones para invertir en Minería Argentina”, publicada en 2001 por la Subsecretaría de Minería, perteneciente en aquel entonces al Ministerio de Infraestructura y Vivienda, que trazó los lineamientos generales de esta explotación. Si bien hay tradición minera en ciertas regiones, el incentivo y desarrollo de la actividad se inició a mediados de la década del noventa, gracias a la reforma de la Constitución de 1994 que asigna a las provincias el control del subsuelo, hasta entonces de potestad nacional. También la reforma del Código de Minería fue un impulso, pues garantizó a las empresas “derechos de propiedad perpetuos, transferibles y no discriminatorios: el derecho a explotar y usar la mina es exclusivo y su espectro es amplio, es perpetuo y transferible sin discriminación de nacionalidad del comprador, permitiendo la venta y leasing del activo, siendo también susceptible de hipoteca y demás derechos reales sin necesidad de autorización previa”. Se suma, a diferencia de otros países, la inexistencia de restricciones por sustancia: el código de Minería se basa en la posibilidad de explotación privada sin exclusiones de cualquier sustancia mineral (inclusive estratégicas, nucleares y otras). A su vez, las barreras de acceso a las tierras son casi inexistentes. Así lo deja en claro la guía: “Hay pocos límites para acceder a las áreas mineras, a diferencia de lo que sucede en otros países como consecuencia de los derechos de los aborígenes y temas relacionados con Parques Nacionales”.
La facilidades impositivas y tributarias garantizadas por estas reformas incluyen bajísimos cánones, retenciones nimias, reembolsos varios y plazos de explotación ilimitados. Al mismo tiempo, los planes PASMA I y PASMA II (Programa de Apoyo al Sector Minero Argentino), financiados por el Banco Mundial, “modernizaron” agencias como el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), vinculándolas directamente (también al mapa geológico minero argentino y los conocimientos producidos por universidades y agencias estatales específicas) con el capital transnacional.
Como en tantas otras áreas, Menem lo hizo pero los demás lo continuaron. Entre 1994 y 2021 ocuparon el cargo presidencial Carlos Menem (dos mandatos), Fernando de la Rúa, Ramón Puerta y Adolfo Rodríguez Saá (muy efímeramente), Eduardo Duhalde, Néstor Kirchner, Cristina Fernández (en dos oportunidades), Mauricio Macri y Alberto Fernández. Más allá de mover para arriba o para abajo el porcentaje de retenciones, la política minera se mantuvo intacta, en una clara muestra de que cuando se quiere sostener una política de Estado, se puede.
Papá Noel (ex)trae juguetes
Pan American Silver (PAS) se llama parecido a Pan American Energy (PAE), la empresa petrolera de Bulgheroni, que también actúa en Chubut, pero no tienen nada que ver. PAS es una empresa canadiense fundada por Ross Beaty en 1994. Beaty –quien está próximo a retirarse– hace gala de una imagen de empresario innovador, “self-made”, comprometido y preocupado por el medio ambiente, al punto de regentear una fundación que se dedica a la conservación de panteras, por lo que recibió un premio.
En 2016 se viralizó una foto de Ross Beaty dialogando con el entonces presidente Mauricio Macri en el marco del “Mini-Davos” realizado en septiembre de 2016. También se lucían en la fotos el Ministro Juan José Aranguren y Eduardo Elzstain, de IRSA, que compró el 40% del Proyecto Suyai para explotar el Cordón Esquel en 2016. En esa ocasión se informó que Beaty le había agradecido al presidente “los esfuerzos realizados por el Gobierno nacional para promover el desarrollo de la minería responsable en todo el país”. Mientras que Macri confirmó que “a partir del diálogo, la transparencia de los procesos y una operación ambientalmente impecable, se lograrán condiciones necesarias para generar nuevas fuentes de trabajo en Chubut”.
Además de PAS, Beaty fundó y dirigió varias empresas mineras que explotan yacimientos en diferentes lugares del mundo, como Equinox Gold Corp. y Lumina Copper Corp. Beaty suele dar entrevistas, a través de las que cultiva su perfil entrepreneur, de hombre de negocios dinámico y sin pelos en la lengua. “Yo soy un ambientalista y creo que hay algunos emprendimientos mineros que no deberían hacerse”, declaró en una entrevista en La Nación. Claro que los yacimientos que desde su perspectiva no deberían explotarse no suelen coincidir con los que gestionan sus empresas.
El discurso de Beaty sobre los proyectos mineros no se diferencia demasiado de los de otros CEOs colegas ni de los promotores mineros locales: habla de crear trabajo, de aprovechar lugares donde aparentemente “no hay nada”, de ir por los “grandes proyectos” y no por los “chicos” que tienen los mismos problemas pero menores retribuciones e incluso que hay que ir a trabajar a lugares “duros” como Rusia, Indonesia o China.
Si bien dice estar enamorado de la Argentina desde que escaló el Aconcagua en la década del setenta, comenzó a invertir en el país durante el kirchnerismo y Manantial Espejo, la mina que PAS controla en Santa Cruz, está activa desde 2009. Supuestamente está próxima a cerrar pero constantemente se le estira la vida útil. Haber hecho buenos negocios no le impide ser un rabioso crítico del kirchnerismo: “El sector minero no se desarrolló por culpa del gobierno anterior. Ellos Kirchner fueron pro minería, pero sus políticas no lo fueron. Muchas compañías se quemaron en los años de Cristina Kirchner, y es difícil hacer que vuelvan a confiar”.
Desde 2009 Manantial Espejo declara haber minado del suelo cruceño 2,6 millones de onzas de plata. Es un caso extraño de un Papá Noel que no trae regalos sino que los extrae y se los lleva lejos.
No es No
Mariano Arcioni llegó a la vicegobernación de Chubut en la fórmula que Mario Das Neves encabezó en 2015. Das Neves fue el responsable del endeudamiento en dólares que hoy jaquea a la provincia, pero se murió y dejó a su vice con la misión de pagar los platos rotos.
La dupla gubernamental había basado su campaña y los primeros tramos de gestión en un discurso fuertemente asociado a la defensa del agua y el no a la minería. En aquel momento las fuerzas del Partido Justicialista más cercanas al kirchnerismo gobernaban la provincia e impulsaban las transformaciones legales que permitieran el desembarco minero. Una situación en negativo de lo que ocurre hoy.
Chubut produce primordialmente petróleo, aluminio, electricidad y pesca. Pero no captura prácticamente nada de dichas rentas. Es la provincia más lanera y ovejera del país, aunque ello apenas significa un 2% de su producto geográfico bruto. Tiene condiciones ecológicas como para autoabastecer sus necesidades alimentarias, pero importa frutas y verduras desde el norte del río Colorado. Con estos recursos y una población de apenas 600.000 personas, no puede hacer frente a sus gastos corrientes. Sin embargo, la propuesta no es construir un modelo productivo sino profundizar un esquema de enclave extractivo con la promesa de un futuro derrame de empleos y bienestar que ya se ha demostrado fallido en Catamarca, San Juan o Santa Cruz.
Frente a lo que parecía ser una derrota inminente, en 2019 Arcioni se lanzó como candidato a gobernador con el apoyo de Sergio Massa, actual presidente de la Cámara de Diputados por el oficialismo. Acordó paritarias superiores al 40% con todos los gremios estatales y se puso al día con el pago de salarios atrasados. Pero apenas ganó volvió al pago escalonado que llevó en 2020 y 2021 a un retardo de dos y tres meses en los haberes.
Durante 2020, en plena pandemia, comenzó con ímpetu su carga para sancionar la ley de zonificación minera, normativa hecha a la medida de Pan American Silver y sobre la que todos sospechamos que se trata de la cabeza de playa que prepara un desembarco masivo para todas las regiones de la provincia. Entre diciembre y marzo, cuatro veces estuvo a punto de votarse en la Legislatura Provincial el proyecto de zonificación repudiado por la población. Las cuatro veces la movilización popular, forzada a organizarse a pesar del riesgo de contagio y el hastío de no ser escuchada, obligó a suspender su tratamiento.
El ingenio popular bautizó como “Traicioni” al escribano oriundo de Comodoro Rivadavia, que ha tenido la habilidad de sobrevivir en el cargo de gobernador a pesar de haber tenido a todos los gremios estatales en contra, haber perdido meses de clases en la escuelas y tener paralizados a los hospitales y los tribunales.
Los que nunca se pelearon con Arcioni fueron los petroleros. Todo parece apuntar a que la alianza entre el petróleo, la pesca, el aluminio y el latifundio ha liado un sólido nudo en la hegemonía provincial. Por más que los trabajadores y las trabajadores estatales recurran a las medidas más extremas, no bastan para romper el balance que sostiene la espiral descendente del Chubut.
El Desquite
Lo que detuvo en 2003 al proyecto minero El Desquite, en Esquel, fue una masiva movilización que forzó al poder municipal a realizar un plebiscito que adoptó forma de ley en la 5001. Una resistencia ciudadana similar pudo detener el proyecto de zonificación minera necesario para la operatoria legal de Pan American Silver. Pero estas demandas no encuentran canalización posible en el marco institucional chubutense. No es que formalmente los canales no existan sino que están bloqueados, ocluidos o distorsionan todo lo que allí circula.
El proyecto de ley de iniciativa popular es un ejemplo. Chubut prevé constitucionalmente que la ciudadanía pueda presentar directamente proyectos de ley si los avalan con una cantidad de firmas proporcional a la población. Las asambleas de la provincia presentaron dos veces un proyecto para prohibir la minería a cielo abierto. La primera terminó en un escándalo cuando los legisladores no sólo pervirtieron la letra del proyecto para convertirlo en una zonificación encubierta sino que un fotógrafo registró en el recinto a Gustavo Muñiz recibiendo instrucciones por celular de parte de un gerente minero durante el tratamiento de la ley. La segunda iniciativa popular está en comisiones en este momento, durmiendo el sueño de los justos mientras con la mano izquierda se apura el proyecto de zonificación de PAS.
Las marchas y actos se repiten regularmente, pero ni los votos, ni las movilizaciones, ni la presentación de proyectos de ley conlleva efecto alguno para formalizar las decisiones de una mayoría de la población que las instituciones se niegan a reconocer. Hoy el conflicto está cada vez más en manos de la represión policial, alimentada por la actitud que el ministro de Seguridad Federico Massoni le imprime a una dirigencia que no puede dar respuestas políticas.
Las piruetas discursivas de los actores políticos son otro índice de la degradación de la dirigencia chubutense. Desde Sebastián López (PRO), que pedía “cien lucas” para hacer lobby minero hasta Carlos Linares (FdT), quien pasó de reunirse en Telsen con el exministro de Energía de Mauricio Macri, Juan José Aranguren, a ser antiminero ahora que tiene aspiraciones a Gobernador. Y por supuesto “Traicioni”, quien puede decir una cosa como la otra.
Y es que no se pueden ganar elecciones en Chubut con un discurso prominero. De manera que la parábola es recurrente para la clase política local: es antiminera en la oposición y prominera en el gobierno, con las honrosas excepciones de algunos legisladores y legisladoras y cuadros intermedios y territoriales.
En definitiva, aquí la antipolítica nace desde las instituciones políticas. El fantasma de las navidades pasadas, presentes y futuras sobrevuela la provincia únicamente detenido por una ciudadanía que ha fijado el No a la Mina como unas de esas líneas que se trazan en el suelo e indican que, más allá de este punto: no se puede.
Tierra de fuego y rocas
A mediados de marzo, Alberto Fernández y una comitiva llegaron al noroeste de Chubut unos días después de que el fuego destruyera más de 360 casas, miles de hectáreas de bosques y toda la infraestructura habitacional de la región. Pese a la voluntad presidencial de anunciar subsidios y apoyos para la reconstrucción, el vehículo en que se trasladaba a Fernández resultó apedreado por “militantes antimineros”.
Este es un hecho nuevo. Otros presidentes y altos funcionarios han estado cerca de la zona, incluso en momentos complicados, y nunca resultaron agredidos. Las asambleas y los movimientos antimineros siempre fueron pacíficos en sus modos de manifestación y protesta. De hecho, repetidamente han resultado víctimas de las agresiones, sea por la policía o por patotas políticas o sindicales promineras. No es un medio propio de las asambleas antimineras el recurso a la acción violenta.
Pero es necesario comprender el contexto en que una decena de manifestantes agredieron a la comitiva presidencial. Los últimos años han sido dramáticos en el Chubut, especialmente en la zona cordillerana: incendios, desalojos, represiones, desapariciones y muertes se han sucedido sin tregua. A nivel provincial la conflictividad asociada a la falta de pago de salarios, que se ha extendido por más de tres años, determina el ánimo social en las últimas épocas.
Sumado a ello, todo el verano pandémico estuvo atravesado por marchas, manifestaciones, escraches y movilizaciones destinadas a frenar un madrugazo legal que habilite el proyecto de zonificación en todas las ciudades de la provincia.
En este marco, diferentes interpretaciones -algunas más, otras menos aberrantes- se suceden como explicaciones posibles de los incendios. Una versión muy extendida en la comarca cordillerana afirma que los fuegos en Lago Puelo, El Hoyo, El Maitén, el paraje Golondrinas (que es parte de Puelo) y Cholila, fueron no sólo intencionales sino una forma de represalia por manifestarse contra la megaminería; que los mineros quemaron la Cordillera. Otra, complementaria, dice que el presidente comparte la vocación minera de Arcioni y que su supervivencia como gobernador sólo responde al apoyo que ha recibido por parte del gobierno nacional. Si bien Alberto dice que es un tema de los chubutenses, las acciones del Secretario de Minería parecen indican otra cosa.
Este estado de efervescencia y posdesastre, caldo de cultivo para operaciones policiales, judiciales y políticas de diversa índole, quizás aporte elementos para interpretar lo acontecido con la caravana presidencial así como el carácter que podrían asumir las confrontaciones en el Chubut en adelante.