Este lunes, el juez debió suspender en la Oficina Judicial de Rawson la audiencia en la que se debía dirimir si el caso estaba listo o no para ser elevado a juicio, luego los abogados que actúan en la causa defendiendo a otros imputados denunciaran que los acusadores “estrella” Williams y Rodríguez interrogaron ilegalmente a sus clientes, siendo que eso está prohibido por la Ley.
Fue así que solicitaron que se los aparte del proceso judicial y uno, concretamente, pidió que se declare nula “toda la causa” por la aplicación de la doctrina del “fruto del árbol envenenado”, que es –ni más ni menos– que se haya recolectado una prueba incriminatoria –en contra del imputado– cometiendo alguna ilegalidad.
Si el juez abala este pedido, todos los acusados deberían ser automáticamente sobreseídos y quedar liberados de toda persecución judicial en este caso concreto.
Y si esto último sucediera se estaría ante un verdadero escándalo judicial, por el que se los debería responsabilizar a los fiscales Rodríguez y Williams, sobre quienes ahora el procurador General de la provincia y jefe de ellos, Jorge Miquelarena, deberá expedirse ante el pedido que hicieron los defensores de que se los aparte del proceso.
La pregunta que surge automáticamente ante esta cuestión es: ¿Miquelarena los apartará o los protegerá pese a otros planteos que, seguramente, le lloverían al juez con denuncias que podrían terminar dirimiéndose hasta en la Corte Suprema de Justicia.
Además de la actual diputada provincial y exministra de Educación Graciela Cigudosa, están procesados en la misma causa quien fuera subsecretario de Educación, Raúl Alberto Care, su secretario Gustavo Ariel Hueichan; los empresarios Richard Daniel Schmitd y Daniel Benjamín Gel, y unos monotributistas que aparentemente eran contratados por el Ministerio: Félix Currumil, Jorge Roberto Santucho y Roxana Verónica Pereyra. Ellos también habrían participado de las supuestas maniobras fraudulentas contra el Estado chubutense.
Los hechos datan de los primeros meses de 2019 y se habrían registrado principalmente en la contratación de empresas para refacción y mantenimiento de escuelas.
Según los fiscales que llevaron a cabo la investigación, “existió un direccionamiento en la selección de los proveedores que llevaron a cabo las obras de mantenimiento desde el propio Ministerio de Educación”.
“El trabajo realizado por los contratistas tenía como común denominador, la limpieza de cocinas, caloramas. Cambio de cerraduras, de tubos fluorescentes y arreglos menores en baños, como pérdidas de agua; lo que significaba poco tiempo de mano de obra”, indicaron en su momento, cuando la causa recién empezaba a originar las primeras diligencias que esencialmente fueron allanamientos en las empresas involucradas y secuestro de documentación, celulares y computadoras de esos lugares.
De acuerdo a lo ventilado por los fiscales Rodríguez y Williams: “con posterioridad al pago anticipado a distintos proveedores, se armó un ficticio concurso de precios: los oferentes que fingían competir en la puja de precios para quedarse con las obras. Así se confeccionaron falsas cotizaciones entre personas vinculadas estrechamente entre sí (socios, parejas, parientes, empleados de las propias empresas y demás), quienes actuaron en forma coordinada o “cartelizada” para que sus ofertas tuvieran un precio similar excesivo e injustificado”.
La causa penal se inició a raíz de la denuncia de diputados provinciales y la calificación jurídica inicial fue “administración fraudulenta en perjuicio del erario público”.
