Una nueva jornada de testimonios se inició este lunes 15 de marzo en el marco de la causa por la que se investigan supuestos delitos de corrupción durante la última gestión de gobierno de Mario Das Neves.
Nuevamente el ex ministro Coordinador de Gabinete, Alberto Gilardino fue convocado a dar testimonio de su paso por la función pública durante el periodo en que se investigan los hechos.
Luego de un repaso de sus nombramientos (Secretaría de Pesca y Ministerio de Coordinación) se sometió a las preguntas del MPF en cabeza de Marcos Nápoli.
Gilardino explicó las funciones de los ex secretarios privados del extinto gobernador graficando que las cuestiones administrativas estaban a cargo de Diego Correa y las relacionadas a la agenda política eran manejadas por Gonzalo Carpintero.
Resaltó que Correa podía cumplir las funciones de Carpintero en ocasiones pero que no era así de manera inversa, Carpintero sólo se ocupaba de la política.“…Correa tenía mucho manejo, mucho peso, incluso más que yo…”, sentenció.
El testigo fue consultado sobre su aparición en las célebres planillas de cálculos donde se consignaron nombres de funcionarios públicos y montos de dinero supuestamente en carácter de sobresueldos.
Negó haber visto esas planillas y agregó que la suma que se consignó ahí nunca la cobró, Además agregó que para sus pares del gobierno él siempre fue “Beto” en alusión que en los listados aparece como Gilardino además que al tiempo de los supuestos pagos de sobresueldos él ya no cumplía funciones en el gabinete provincial.
Siguiendo con su alocución, Gilardino explicó que luego de reemplazar a Víctor Cisterna en la jefatura de gabinete.
Diego Correa le explicó como se manejaría la gestión diaria había cuenta del delicado estado de salud del gobernador Das Neves y la falta de toma de decisiones producto de esta situación. “…esta plata vas a cobrar en compensación por tu disponibilidad todos los días…”.
Gilardino explicó que le pagaban sobresueldos de $100.000 mensuales y que se hacía en efectivo en la oficina de Correa. “Yo ganaba $35.000 como jefe de gabinete, los funcionarios tienen que ganar más para evitar todo esto. Que haya plata por afuera pasó toda la vida, hay que dejar la hipocresía de lado. Haber cobrado esa plata estuvo mal…”, se sinceró el testigo.
Siguiendo con el relato y a merced de las preguntas, Gilardino explicó que la situación económica y política era sumamente delicada, “…estábamos con un gobernador que se moría, esa era la situación…” graficó.
En ese hilo de explicación resaltó la figura del Ministro de Economía Pablo Oca. “…Realmente era la tarea más fea, decirle que no a todo el mundo porque no había plata y muchas veces por su forma de ser lo hacía de manera bastante fuerte, incluso casi se van a las manos con Correa por ponerse firme con los pagos…”, concluyó.
En segundo término, declaró el Arquitecto Alejandro Bertorini quien se desempeñó como presidente del Instituto Provincial de la Vivienda entre los años 2015 y 2016.
Se refirió al manejo de la gestión del IPV, a la situación económica, los fondos nacionales y provinciales destinados a las obras de vivienda.
En su relato informó que promediando su gestión empezó a advertir situaciones no deseadas haciendo referencia a un supuesto clientelismo político en la atribución de viviendas a tal punto de advertir que se había adulterado el padrón de beneficiarios en favor de “personas allegadas o militantes”. “…Había pedidos indebidos de viviendas para parientes o amigos…”, detalló Bertorini.
El ex presidente del IPV explicó que su relación con el ex secretario de Das Neves era mala. “…Me habían pedido la renuncia del gerente general del Instituto porque me advertían que su tarea en relación a las cooperativas era deficiente…”. El funcionario era el Arq. Guillermo Meyer y lo había designado Bertorini por ser una persona de su confianza. “…Me hicieron saber que debía designar en su reemplazo a Jorge Etchepareborda, quien se desempañaba en el área de cooperativas del IPV, me negué a ello y luego renuncié…”.
Luego fue el turno de la contadora Sandra Torres quien se desempeñó como Directora General de Administración del IPV.La funcionaria hizo un pormenorizado relato del proceso de la administración de los fondos del instituto y la metodología de pagos de certificados de obra.
Torres dejó resaltada la situación de endeudamiento que la provincia arrastraba por ese entonces.
Se decretó la emergencia económica para poder manejar la deuda que alcanzaba los $ 500.000.000. En razón de ello la contadora explicaba que los pagos se analizaban junto al presidente y se priorizaban las situaciones financieras de cada empresa que producto de ello, estaban cada vez más complicadas.
La funcionaria explicó también que el entonces presidente del IPV Martín Bortagaray le explicó que se confeccionaría una lista de empresas para pagar en ocasiones que él no estuviera en la zona y debía mandársela por correo electrónico con copia a Diego Correa. Ya después Correa me mandaba mensajes directamente para chequear la lista y pedir incorporar pagos a otras empresas “…Menedin, Igarzabal, Sudelco…” recordaba.
