A través de una nota dirigida al gobernador de Chubut, Mariano Arcioni plantean un reclamo para poder restablecer los servicio públicos en la localidad de El Hoyo, donde viven una precaria situación desde los incendios de marzo de este año, que se iniciaron por el mal estado de las redes de electricidad.
En una nota dirigida al gobernador Mariano Arcioni, vecinos de la comarca andina plantean un fuerte reclamo para que se restablezcan los servicios públicos en la localidad de El Hoyo, ante las constantes interrupciones de la distribución de energía eléctrica, agua y provisión de conectividad e internet. Con una precaria situación desde los incendios de marzo de ese año, que en gran parte tuvieron su inicio en el mal estado de las redes eléctricas, la nota advierte sobre la responsabilidad penal que podría caber a los funcionarios públicos que integran el gobierno.
La nota, que fue elaborada por el abogado Sergio Mammarelli en conjunto con vecinos afectados, exige que los servicios sean normalizados en un plazo de 24 horas, bajo advertencia de formular una denuncia penal contra los funcionarios que tienen responsabilidad en el tema vinculado a la prestación de los servicios públicos.
Entre los fundamentos del planteo se menciona que las pericias por los incendios en aquella región en marzo de este año arrojaron que la mayor parte de los focos ígneos se iniciaron por el mal estado de las redes de media y baja tensión en la zona, a partir de la falta de mantenimiento de las instalaciones.
La inestabilidad de los servicios públicos afecta no sólo la vida cotidiana de los vecinos, sino también que impide «cualquier desarrollo de emprendimiento productivo», al no poder contar con regularidad para prever sistemas de riego, etc.
«Desde hace décadas Servicios Públicos de Chubut presta un servicio deplorable -afirma la presentación-, tanto en la distribución y transporte de energía eléctrica como en agua potable». Y agrega que el mismo área «recibe los salarios más altos de la provincia y ha sido objeto de denuncias de corrupción en torno a licitaciones de líneas, provisión de combustibles, licitaciones de compras para insumos, etc».
Al advertir la responsabilidad penal que podría caber a los funcionarios públicos, el planteo hace un paralelo con la situación del ex ministro Julio de Vido, quien fuera condenado por los hechos ocurridos en la llamada tragedia de Once, cuando el mal estado de una línea de tren provocó la muerte de más de 50 personas. Y hace asimilable la situación de los funcionarios nacionales involucrados en aquella tragedia, con la del gobernador y sus ministros en relación a la falta de mantenimiento de los servicios esenciales.
Y citan un párrafo de aquella sentencia en la que se indica que la falta de inversiones en mantenimiento y preservación de los sistemas de seguridad de la línea férrea fue la causa del accidente que derivó en la muerte de tantas personas, advirtiendo que el mal estado que provocó los incendios de este año no ha cambiado y que podrían producirse nuevos eventos en la próxima temporada de verano.